¿Adónde va la democracia española?*

 

Carlos Barros

Red Académica Internacional Historia a Debate

 

En España atravesamos una situación crítica desde el punto de vista político. En cuatro años ha habido cuatro elecciones generales y no se descartaba que volviéramos a las urnas el año que viene. El 10 de noviembre votamos de nuevo los españoles para el Congreso de Diputados, fueron las segundas elecciones parlamentarias en 2019. Desde el año 2015 vivimos prácticamente sin gobierno, con gobiernos en funciones, provisionales. Las encuestas decían que un 80% de la población española tenía una visión negativa sobre la situación política en España.

Aportaré mi análisis de esta tesitura como historiador, lo que llamamos Historia Inmediata en Historia a Debate, procurando ver los motivos profundos de la crisis política actual en su evolución temporal. Ciertamente ha habido también problemas de gobernabilidad en otros países europeos. Bélgica, por ejemplo, pasó año y medio sin gobierno entre 2010 y 2011. Se está generalizando incluso cierto desequilibrio de la gobernanza, a causa de la globalización que une desde el punto de vista económico, pero fragmenta desde el punto de vista político. En este contexto global tendente a la inestabilidad política, España está condicionada por su historia específica. De modo que, a la hora de indagar la génesis de la reciente crisis de gobernabilidad, deberíamos de empezar por las causas más remotas.

Causas de ingobernabilidad

Todavía pesa en las presentes actitudes políticas el hecho de que, hace 80 años, tuvo lugar en nuestro país una masacre sistemática y organizada de civiles por parte del bando ganador en la Guerra Civil, 1936-1939. 130.000 desaparecidos o más, toda una generación perdida, asesinada. El dolor de sus familias y de quienes vivieron esas matanzas de inocentes por razones políticas, está todavía vivo, sobre todo entre los supervivientes, sus hijos y sus nietos. La gran mayoría de las fosas de los desaparecidos están sin excavar. Cuando el actual Gobierno socialista,  con el apoyo del Parlamento, anunció la retirada de la tumba del general Franco del Valle de los Caídos, cerca de Madrid, un 30% de españoles, se manifestó en las encuestas a favor de que el dictador Franco siguiera recibiendo, a costa del dinero público, honores de Jefe de Estado en el Mausoleo de Cuelgamuros. Motivo por el cual, durante décadas, se estuvieron organizando excursiones turísticas al Mausoleo para vergüenza de España: fuimos el único país europeo que rindió durante tantos años homenaje a un dictador del tiempo de la II Guerra Mundial. Dice mucho de la debilidad originaria de la democracia, sin ruptura neta con la Régimen anterior, que nos dimos los españoles en los años 70 del pasado siglo.

Causa menos remota de la crisis en el siglo XXI de la democracia española es, por consiguiente, la transición tardía a la democracia que protagonizamos hace 40 años. Al final de la II Guerra Mundial, cayó la dictadura de Hitler en Alemania y la dictadura de Mussolini en Italia, sin embargo, permaneció -con la ayuda de los Estados Unidos y la “guerra fría”- la dictadura de Franco en España. En los años setenta conseguimos una transición a la democracia en condiciones nada fáciles para la oposición antifranquista. Un formidable éxito de los movimientos sociales pro-democracia haber alcanzado, a partir de 1977 y con un elevado coste, derechos civiles y libertades políticas, elecciones libres y democracia pluralista. Un régimen democrático, ganado ante todo por la sociedad civil, que se ha mantenido hasta el día de hoy, obligando a todos, incluso a los críticos o contrarios a la democracia y/o la Constitución de 1978, a dirimir en paz las diferencias, y elegir gobiernos, por medio del voto popular. Disponemos por tanto de una democracia estable, sin posibilidad de retorno a las violencias que caracterizaron la primera mitad del siglo XX y buena parte del siglo XIX.

Las condiciones en que se hizo la transición (bajo la bota militar, como Chile en los años 80-90[1]) tienen que ver con nuestras dificultades presentes. Las limitaciones del nuevo régimen democrático español que en su momento nos parecieron menores (nuestra prioridad era salir de la dictadura), 40 años después se han hecho insoportables para una gran parte de los españoles. Nos referimos a la enorme corrupción de los partidos que nos han gobernado: PSOE, PP y CiU especialmente. También el elevadísimo número de aforamientos (en comparación con otros países europeos): cargos públicos y funcionarios que, si resultan imputados por un delito, no pasan por un tribunal de justicia ordinario. Privilegios abusivos, inmunidades y perversiones que inciden, en este nuevo siglo, en el desfase general entre representantes y representados. Igual que el pérfido fenómeno de las puertas giratorias: aquellos ministros, sean del PP sean del PSOE, que cuando dejan de serlo son contratados por una gran empresa, donde utilizan su información e influencia de derivada el cargo  en beneficio de grupos económicos que presionan, desde la transición, porque en el Gobierno de España no tenga participación alguna una izquierda clara que cuestione éstas y otras corruptelas.

Disponemos ciertamente de una democracia representativa… sin opciones de democracia directa: en España no se hacen referéndums, por ejemplo. En el año 1986 el Partido Socialista de Felipe González estuvo a punto de perder el referéndum para la entrada de España en la OTAN. Solamente el voto del miedo hizo posible que España entrara en la alianza militar occidental, hoy periclitada[2]. A partir de ahí ningún Gobierno español volvió a convocar jamás un referéndum. La democracia participativa sigue prácticamente prohibida en España.

Con todo, la limitación mayor de la democracia salida de la transición fue el bipartidismo. La alternancia en el poder entre el PP y el PSOE sin que pudiéramos diferenciar, a menudo, las políticas que aplicaban unos y otros. La gran mayoría de españoles ya no lo quieren, pero perduran sus efectos perversos, empezando por el pertinaz inmovilismo de la Constitución de 1978, que jamás se ha reformado, incólume durante 40 años a la evolución de sociedad española y del mundo.  El único cambio fue, en 2010, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: de un día para otro, en connivencia con el PP, modificó el artículo 135 de la Constitución de una manera humillante para los españoles, siguiendo los dictados de Angela Merkel, a fin de que el pago de la deuda pública estuviera por delante – en tiempos de crisis, justamente- de las necesidades de los españoles. Una gran decepción, consecuencia de un pacto bipartidista que ha venido distorsionando y envileciendo, en no pocos aspectos y de manera creciente, la democracia representativa española de 1982 en adelante.

Llegamos así a las causas más inmediatas de la reciente inestabilidad política española, en el marco de los intensos cambios sociales del tránsito del siglo XX al siglo XXI. Destaquemos la irrupción de una nueva generación, la más formada y maltratada de la historia, y la revolución tecnológica de la comunicación que permite la movilización y la participación social y política de jóvenes y menos jóvenes fuera de los cauces establecidos. Resultando de ello nuevos movimientos socio-políticos que han abierto grandes brechas en el sistema político post-franquista.

Movimientos de fondo

Con el siglo XXI, han emergido de la sociedad civil, tres pulsiones de fondo, vectores sociales o fuerzas motrices que con sus acciones rebasan los acuerdos explícitos, implícitos o posteriormente añadidos, de la transición política, 1977-1978. Fuerzas sociales de distinto tipo, relativamente convergentes, que marcan la última década la trayectoria política en España, demandando un nuevo pacto social, constitucional y territorial. Me refiero a la memoria histórica, los indignados y el nuevo nacionalismo catalán.

Memoria histórica. Una de las buenas nuevas que trae la globalización -tiene varias caras- es la mundialización de los derechos humanos. En el siglo XXI el derecho internacional insta a la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de las dictaduras y las guerras, lo que afecta de manera directa a España (también a América Latina). Las víctimas de la dictadura de Franco han sido, como es sabido, las grandes olvidadas de la vieja transición. La derecha española, con el sostén del PSOE, ha reinterpretado la Ley de Amnistía de 1977, pensada para sacar de las cárceles a los presos políticos antifranquistas, para no juzgar a los represores del franquismo, confundiendo la reconciliación de los bandos de la guerra civil con la impunidad para los crímenes franquistas de lesa humanidad, cometidos contra civiles entre 1936 y 1977[3].

Ha habido un silencio sepulcral, nunca mejor dicho, entre 1977 y 2000 sobre las víctimas de la dictadura de Franco, hasta que Emilio Silva, nieto de un fusilado de la guerra civil, abre públicamente en León, con la ayuda de amigos y compañeros, la primera fosa de desaparecidos en España. Lo que dio lugar a la creación de la primera Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Actualmente existe una vasta red de asociaciones activas en favor de la memoria histórica por toda España, pese a la falta de apoyos institucionales desde 2011 (primer Gobierno de Rajoy). A pesar de la Ley de Zapatero (2007), han sido muy escasas las políticas públicas para la excavación de fosas y demás tareas ineludibles a favor de la memoria histórica. Nada que ver con la experiencia argentina, o incluso chilena y brasileña. Por poner un ejemplo, en España no existe todavía una Comisión de la Verdad. En lo tocante a memoria histórica vamos por detrás de América Latina, lo que señala una vez más la baja calidad de nuestra democracia.

El movimiento de la memoria histórica, así y todo, tiene voluntad de continuidad y es cada vez más influyente. Su mayor éxito -simbólico- es haber logrado, el 24 de octubre de 2019, la exhumación de Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, ejecutada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez con el sostén parlamentario de Podemos y los partidos nacionalistas. Queda todo por hacer, ojalá se constituya y perdure en el tiempo una mayoría de gobierno que pueda relanzar la tarea histórica de la memoria en España[4].

Indignados. Siguiendo la cronología, el segundo motor del cambio social en la España reciente que consideramos es el movimiento de los indignados, que llamamos 15-M porque se inició el 15 de mayo del año 2011[5]. Ese día, de manera más o menos espontánea, a través de móviles y redes, se reunieron en Madrid, y en otras ciudades, un gran grupo de jóvenes alarmados por las consecuencias que las políticas derivadas -a partir de 2010- de la aceptación acrítica por parte del Gobierno socialista de las directrices de austeridad que venían de Alemania y la Comisión Europea. Los recortes y la recesión generaron un desempleo espantoso que se cebó, específicamente, en los licenciados universitarios. Dos de las organizaciones más representativas del asambleario 15-M fueron: “Democracia real ya” y “Jóvenes sin futuro”.

Un movimiento nuevo, pues, de centenares de miles de jóvenes al calor de la experiencia pionera de Túnez y el Norte de África (que la prensa bautizó como primavera árabe), que arrastró a otros sectores de la sociedad y ejerció en España una significativa influencia, hasta el día de hoy. Las encuestas de aquel momento daban un apoyo del 70-80 % de la población española a los indignados. Coreaban por las calles: “Lo llaman democracia y no lo es”, también “No nos representan, no”. Criticaban a la democracia representativa exigiendo más democracia. Los poderes establecidos pretendieron denigrarlo tachándoles de “perroflautas” (indigentes).

Del movimiento español de los indignados, a diferencia de los restantes países, surgió en 2014 un partido político denominado Podemos[6], que está resultando clave en 2019 para la formación del Gobierno de España.

Cataluña. Una gran ola de presión social, política e ideológica surgió, en tercer lugar, en Cataluña a partir del 11 de septiembre del año 2012, cuando que se manifestaron un millón de catalanes a favor de la independencia. Se trató de un movimiento sorpresivo porque Cataluña estaba, en principio, satisfecha -o resignada, dirán otros- con el autogobierno conquistado en la transición. La población catalana evolucionó hacia la independencia a causa de una acumulación de agravios, principiada en  2006 cuando en Cataluña se redactó legalmente un nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento autonómico, ratificado en referéndum por los catalanes y después respaldado mayoritariamente en el Congreso de Diputados de Madrid. El Tribunal Constitucional en lugar de validarlo, lo rechazó, por entender que no cabía dentro de la Constitución, muy en esa idea de las derechas españolas de reinterpretar conservadoramente la Constitución de 1978. Confirmando cierta continuidad con el franquismo en los altos tribunales españoles, como consecuencia de la falta de ruptura entre la dictadura y la democracia.

A partir de tamaña frustración la gente en Cataluña, pasa del autonomismo a posiciones independentistas, que alcanzan en algún momento el 50% de la población. El independentismo ha venido ganado las últimas elecciones, controlando la Generalitat de Cataluña. En 2017 organizaron un referéndum ilegal a favor de la independencia, y el Parlamento llegó a declarar la independencia de Cataluña. La respuesta del Estado se redujo más bien a la represión, lo que mantuvo vivo hasta la actualidad el movimiento independentista, pese a no tener opciones de futuro. Se detuvo a los dirigentes más importantes de los partidos catalanistas y las asociaciones civiles a favor de la soberanía, sentenciados con dureza por sedición el 14 de octubre de 2019.

Cataluña ha sido, y es, un factor constante de inestabilidad política en Cataluña y España, coadyuvando en las pasadas elecciones del 10 de noviembre al auge inédito de la ultraderecha española (VOX), que pretende terminar con el Estado de las Autonomías y regresar a un centralismo de corte franquista. Situación que no se revertirá, pensamos muchos, mientras no se imponga la vía del diálogo y la negociación política para adaptar al siglo XXI el artículo 2 de la Constitución del 78 sobre la plurinacionalidad española, donde se viene a decir que España es como la Santísima Trinidad: una y varias (naciones) a la vez.

Nueva transición

Hemos hablado de la crisis de gobernabilidad y de los tres movimientos del siglo XXI que vienen reclamando un cambio político, social y territorial del Estado democrático español, veamos ahora algunos efectos y resultados. Memoria histórica, indignados (históricamente, vector principal del cambio) e independentismo catalán convergen en lo mismo: superar el llamado Régimen de 1978 alcanzando una nueva estabilidad que reconcilie a la sociedad con sus representantes políticos.

La primera victoria que consigue el movimiento de los indignados, y sus ramificaciones políticas y mediáticas, directas o indirectas, es la derrota de la corrupción. Ha habido en los últimos años múltiples juicios, de enorme impacto, que afectan o han afectado a los dirigentes tanto de la época del PSOE como -sobre todo- del PP. Una especie de “manos limpias”, finalmente transversal. Se habla más de la corrupción que hubo que de la corrupción que hay, de alguna manera los partidos más afectados han aprendido de la experiencia[7]. Al principio se decía que no tenía efecto sobre los votos, resultó lo contrario y tanto el PSOE primero, como el PP después, perdieron millones de votos por la corrupción. Un éxito diferido de la indignación que nació en las plazas con el 15M e impregnó progresivamente al conjunto de la sociedad, incluyendo parte de la judicatura y los medios de comunicación.

El segundo efecto, asimismo visible y revelador, es el cambio radical del sistema de partidos. Pasamos del bipartidismo de las últimas cuatro décadas al pluripartidismo, que refleja mejor el pluralismo social e ideológico e impugna también las instituciones de la democracia, limitadamente representativa, que salió de la transición de los años 70. En 2014 nace, según ya dijimos, el partido Podemos que proviene del movimiento del 15-M. En el año siguiente, 2015, nace el partido Ciudadanos, que se decía que iba a ser el “Podemos de la derecha” y se ha quedado en pura derecha[8]. En 2019, vimos como aflora el partido ultra reaccionario VOX, una especie de franquistas recalcitrantes que buscan imitar a lo que es ahora la ultraderecha en el mundo (Salvini, Le Pen, Trump, Bolsonaro).  Se pone así fin al régimen de doble “partido único” donde se alternaban en el gobierno el PP y el PSOE por medio unas mayorías absolutas que ahora se fueron para no volver como muestran, nuevamente, los recientes resultados de las votaciones del 10 de noviembre de 2019.

El multipartidismo es, entonces, otro efecto irreversible de las pulsiones de fondo que atraviesan la sociedad española en los albores del siglo XXI. La verdad es que hace tiempo que en toda Europa lo normal es el pluripartidismo y los gobiernos de coalición. En España, por el contrario, hubo fuertes resistencias por parte de los beneficiarios políticos, económicos y mediáticos, de la rigidez bipartidista. El PP se ha adaptado primero, desde el momento en que su espacio electoral se fragmenta en tres partes. No tanto el PSOE, el partido socialdemócrata por antonomasia en España que ha disfrutado, desde 1982, de esa alternancia en el gobierno con la derecha: le ha costado mucho adaptarse a la emergencia de un nuevo partido a su izquierda con millones de votos. Se vio en la negativa final del verano pasado, por parte del PSOE, a formar un gobierno de coalición con Podemos: causa primera de la repetición de elecciones en noviembre.

Podemos aseverar que los españoles estamos ante una nueva transición en marcha, se quiera o no. Para variar, los políticos van detrás de la sociedad, salvo excepciones. Esta segunda transición da pasos adelante en la práctica, sin declaraciones previas, a diferencia de la transición 1977-1978, cuando un pacto entre grandes figuras y representantes de tendencias distintas, incluso contrapuestas, negociaron la legalización del PCE, las primeras elecciones y la Constitución democrática. Hoy los cambios en curso no se están pre-programados por las alturas, se hacen realidad mediante mecanismos democráticos, sea manifestaciones sea elecciones, decisiones parlamentarias y acciones de gobierno. Estamos, por tanto, ante una transición a plazos, más lenta, con progresos y retrocesos, sin que nadie asegure los resultados.

Bipolarización productiva

Este proceso de cambio dimana de la sociedad civil y contagia sobremanera a la sociedad política, unos se muestren favorables y otros contrarios. Intensa bipolarización en la ideología y las actitudes sociales que no se había visto desde el tardofranquismo y la transición, como corresponde a todo cambio histórico verdadero, relativamente dilatado en nuestro caso. Una transición a plazos, en suma, que concuerda bien con la Historia Contemporánea de España.

La revolución burguesa del siglo XIX no giró alrededor de un acontecimiento fundador como en el modelo francés (1789), sino a través de avances acumulativos y regresiones que duraron todo el siglo XIX, dividiendo a la sociedad española en liberales y conservadores. En el siglo XX la irrupción del movimiento obrero también generó una bipolarización entre izquierda y derecha que llega hasta hoy. La bipolaridad existente en la España actual continua de este modo la tradición española de los dos últimos siglos, que nos ha permitido llegar la prosperidad presente (desigualmente repartida, desde luego). El pesimismo de los intelectuales decimonónicos sobre las “dos Españas”, olvida que su dialéctica ha conducido finalmente a grandes progresos, por mucho que los privilegiados y cortos de espíritu, se hayan resistido.

Volvamos a la historia inmediata. En 2018 y 2019, cuaja de modo creciente y organizado esta bipolaridad izquierda / derecha, progresistas versus conservadores. Los agudos problemas sociales y políticos que sufrimos, y sus alternativas, salen a la luz extremando el voto, y no se trata sólo, ni principalmente, de un problema entre políticos como se puede pensar superficialmente. En el último año se han conformado dos opciones políticas, mediante acuerdos y convergencias entre partidos, cara a la resolución -o el agravamiento, con el  polo conservador- de las tensiones de fondo que exhortan a una nueva estabilidad fundamentada en un nuevo pacto social, político y territorial. Cara a las dobles elecciones de 2019 se perfilaron así una alternativa de progreso y una alternativa de “regreso”.

La alternativa de progreso nace en la primavera de 2018 cuando el Partido Socialista, Podemos y los nacionalistas periféricos se ponen de acuerdo para echar al PP del Gobierno a través de una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy. A partir de ahí, y durante once meses, funcionó en España un Gobierno del PSOE apoyado desde el Congreso de Diputados por Podemos y los grupos de la moción de censura, que subió el salario mínimo en un 22,30 % (900 euros) y sacó la tumba de Franco del Valle de los Caídos, entre otras medidas progresistas. Experiencia “a la portuguesa” que se agotó pronto (también en Portugal) y obligó, ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos, a convocar elecciones generales para abril de 2019. A partir de esa breve experiencia de Gobierno de más o menos de izquierdas, las tres derechas reunidas en la Plaza de Colón de Madrid (PP, Ciudadanos y VOX), se juntaron en un frente nacionalista español de carácter reaccionario -nunca mejor dicho-  a fin de recuperar el Gobierno, asegurar los intereses de los grandes poderes, prolongando la impunidad del franquismo  y  restringiendo libertades y derechos reconocidos en la Constitución, cuando no volviendo al Estado centralista anterior a la transición a la democracia, so pretexto de la situación en Cataluña.

Al término de la conferencia del 2 de octubre de 2019 que dio origen a este texto decía que yo como ilustrado pertinaz que soy confiaba en que el viento de la historia ayudaría a que se materialice ese bloque de progreso en pro de una democracia más real, más social y más plurinacional. Progreso, según el Diccionario de la Lengua Española es “acción de ir hacia adelante”. ¿No es acaso la izquierda quien en la II República, primero, y la transición española a la democracia, después, ha promovido primordialmente en España los grandes cambios “hacia adelante”?

Pues bien, hoy, 12 de noviembre de 2019, cuando pongo fin a esta versión escrita de mi intervención en San Petersburgo, acaba de anunciarse por parte del PSOE y de Podemos un preacuerdo de Gobierno de progreso que habría de llevar a la práctica las reformas sociales y políticas demandadas en este nuevo siglo por la sociedad civil española. Así sea.

* Versión escrita, y revisada (12/11/2019), de la intervención de Carlos Barros en el IV Foro Internacional “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante”, organizado por la Universidad Estatal de San Petersburgo, 2 de octubre de 2019 (https://youtu.be/0yqtXTNrrhg).

[1] Gracias a las actuales movilizaciones sociales, iniciadas en 2011, el año de los indignados, los chilenos acaban de conseguir la posibilidad, mediante referéndum, de elaborar otra Constitución (El País, 15/11/2019, https://elpais.com/internacional/2019/11/15/america/1573787959_556610.html).

[2] Emmanuel Macron, Presidente de Francia, considera hoy a la OTAN “en coma cerebral”, El País  8/11/2019 (https://elpais.com/internacional/2019/11/07/actualidad/1573151898_032867.html).

[3] A diferencia de los acuerdos de paz firmados (2016) en Colombia entre el Gobierno y las FARC, por ejemplo.

[4] Carlos BARROS, “El futuro de la memoria”, Revista Patrimonio Histórico (PH) del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, 2019, nº 96, pp. 219-221 (https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4306).

[5] Carlos BARROS, “Historia Inmediata: de Chiapas a los indignados”, conferencia inaugural del XXVII Congreso Internacional Historia Regional / VII Encuentro de Historiadores de Sinaloa. Culiacán, 8 de diciembre de 2011 (https://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoBwE).

[6] Carlos BARROS, “Podemos desde la historia”, La libertad de la ENAH,  CDMX, nº 11, primer semestre 2017 (https://www.academia.edu/18142282/Podemos_desde_la_historia).

[7] Salvo la corrupción académica de los políticos que recién está saliendo a la luz.

[8] Las elecciones del 10N redujeron drásticamente su representación parlamentaria: signo de la rapidez con que se suceden los cambios en la superstructura política de una sociedad en ebullición.