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Historia, memoria y franquismo*

Carlos Barros
Universidad de Santiago de Compostela

En un art�culo en El Pa�s[1] el historiador ingl�s Timothy Garton Ash[2] equipara -en mi opini�n, torpemente- la libertad de informaci�n en la red con las demandas de la asociaci�n Libert� pour l�histoire, creada en 2005 por Pierre Nora para combatir, desde una concepci�n declaradamente positivista del oficio de historiador, las lois m�morielles promulgadas por el poder legislativo en Francia desde 1990. Una de ellas, la ley� que penaliza el negacionismo del genocidio armenio (1915), perpetrado por el Estado turco, fue ratificada el 23 de enero de 2012, por el Senado franc�s. Y el pasado 10 de mayo de 2013 Fran�ois Hollande presidi� la� conmemoraci�n de la aprobaci�n de otra ley memorial que declar�, en 2001, la esclavitud como� un �crimen contra la humanidad�: la cuesti�n de la memoria en Francia sigue hoy viva tanto pol�tica como historiogr�ficamente, dimensiones que se entrelazan, se quiera reconocer o no reconocer, como las avestruces.

�Puede ser amn�sica la libertad?

La libertad ha de ser ciertamente universal, m�s en este siglo XXI en que se superponen de manera contradictoria fen�menos de orden mundial: globalizaci�n de los mercados / globalizaci�n de los valores, por ejemplo. El historiador no deber�a quedarse con la pura forma global del tiempo que nos toca vivir sino afinar �y profundizar en sus contenidos y contextos, desiguales y cambiantes. Obviamente, no todo lo que deviene universal est� resultando positivo para las libertades individuales y colectivas en el mundo de hoy, hay que discernir.

Mientras la libertad de informaci�n en Internet, que hizo posible Wikipedia y Wikileaks, �beneficia a una inmensa mayor�a, la citada �libertad para la historia� de un sector significado de los historiadores franceses[3], favorece m�s bien a una minor�a de extrema derecha que podr�a as� cuestionar en Francia, sin cortapisas legales, la realidad hist�rica del Holocausto nazi, del genocidio armenio y de la esclavitud como cr�menes de lesa humanidad. �

Hay que decir tambi�n que diputados y senadores legislaron,� en 2005, a favor de una ense�anza de la historia de Francia que destacara los �aspectos positivos� de la colonizaci�n de Argelia. Los historiadores franceses que se opusieron �antes de que lo hiciese Nora contra las leyes memoriales progresistas[4]- a esta ley memorial pro-colonial, no est�n l�gicamente en su mayor parte siguiendo a la asociaci�n conservadora de Pierre Nora, que utiliza la orientaci�n pol�ticamente negativa de esta ley memorial para �justificar� su oposici�n a las tres restantes de orientaci�n m�s universal, con un argumento corporativo adem�s, que hubiera gustado a Ranke, Langlois y Seignobos, donde se viene a decir que �solamente� los historiadores acad�micos estamos capacitados para escribir la historia... En oposici�n a la gran mayor�a de los franceses, toda vez que las leyes memoriales contra el Holocausto, el genocidio armenio y la esclavitud tuvieron el voto favorable de todos los partidos representados en el parlamento franc�s menos del Front National de Le Pen, con quien se alinea objetivamente la asociaci�n de Pierre Nora.

Como historiadores, acad�micos y dem�cratas somos por supuesto contrarios a cualquier norma legal que coarte la libertad de expresi�n y de investigaci�n hist�rica, lo que suele perjudicar a las causas hist�rico-historiogr�ficas m�s nobles, justamente porque -contra lo que afirma Nora- pensamos que la historia acad�mica ha de ser moral y nuestro oficio sujeto a una deontolog�a profesional[5]. Ten�a raz�n el verdadero autor ingl�s[6] de la conocida frase �Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero luchar�a para que usted pueda decirlo�[7], atribuida a� Voltaire, paradigma de la tolerancia ilustrada. Frase que debemos contextualizar para aplicarla con rigor, es decir con sentido hist�rico y pol�tico. Si nuestro interlocutor, por quien nos batimos para que pueda disfrutar hoy de libertad de expresi�n, sigue siendo un neonazi, un neofascista o un �neofranquista con ropaje �democr�tico�, con lo que supone de riesgo para las libertades, �qu� hacer? Pues no ignorar a qui�n estamos beneficiando, sin renunciar a la tolerancia, cuando se trata de memoria y de libertad, y sopesar c�mo ello afecta a nuestra profesi�n, no vaya a ser que nos pase como al magistrado Luciano Varela, que� arruin� en 2012 su imagen y carrera judicial -junto con otros magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo- por aliarse contra el juez Garz�n apoyando a la Falange Espa�ola y de las JONS y otro grupo de extrema derecha, ambos legalizados en Espa�a. Si bien, todo hay que decirlo, las decisiones acad�micas e historiogr�ficas no tienen el mismo alcance externo que las pol�ticas y judiciales, el historiador cabal, serio, ha de hacerse siempre responsable de las consecuencias -sobre todo colectivas- de sus interpretaciones y posiciones �en nombre de los historiadores� sobre temas de actualidad social o pol�tica, como cualquier otro profesional o ciudadano, y m�s todav�a los que tenemos que �dar ejemplo como profesores y funcionarios p�blicos.

Modelos de memoria hist�rica

El contexto franc�s sobre historia, memoria y libertad es bien distinto al� espa�ol, incluso contrario en aspectos de fondo, primordiales[8]. Diferencias cualitativas que no tienen en cuenta colegas que pretenden -leg�timamente, por supuesto- trasladar a la historiograf�a espa�ola[9] la propuesta francesa de confrontar de manera suicida historia con memoria, objeto con sujeto, academia con sociedad, historiador con su tiempo.� Desde una posici�n historiogr�ficamente conservadora que Pierre Nora ya exhib�a precozmente, hace cuatro d�cadas, propugnando a contracorriente[10] la continuidad de la historia positivista basada en el acontecimiento[11], primero, y editando despu�s, �Les lieux de m�moire[12], donde pone en pr�ctica su concepto objetivista, cosificador, de una memoria hist�rica de tipo conmemorativo alrededor de las grandes fechas, lugares y acontecimientos ligados a una historia nacional francesa de batallas y �grandes hombres�[13]. Concepto tradicional de memoria como objeto de estudio que desv�a a los m�rgenes la historia social de la memoria, renuncia a un enfoque historiogr�fico global, ignorando en nombre de un supuesto monopolio acad�mico la fundamental contribuci�n memorial del sujeto hist�rico presente, inmediato[14]. En suma, la noci�n de memoria del fundador de Libert� pour l�histoire est� falta de sustancia humana, �a a�os luz del �ogre historien� del fundador de Annales[15]. Memoria de bronce m�s propia del siglo XIX que de los tiempos presentes, por mucho que se rodee de un lenguaje m�s actual, cuyo regreso aprovecha el terreno libre para los �retornos� que ha dejado el agotamiento de las vanguardias historiogr�ficas del siglo XX.

��������������� En realidad, hay dos modelos de memoria hist�rica: el alem�n y el� latino[16]. El primero naci� en Nuremberg (1945) con los juicios pol�ticos contra los responsables nazis del Holocausto y las leyes posteriores que penalizan el negacionismo. El segundo naci� en Buenos Aires (1975) con el movimiento social de las Abuelas de la Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y amigos� de la memoria hist�rica (derechos humanos, dicen all� retrospectivamente) que lograron, cuatro d�cadas despu�s de una actividad sin tregua, un importante apoyo legal y pol�tico por parte de los� gobiernos Kirchner, sin leyes punitivas -a diferencia de los Gobiernos alemanes apoyados por los Aliados- que coarten la libertad de expresi�n de los partidarios de Videla[17] para poder defender o justificar los �logros� de la dictadura argentina (1976-1939). Los que quedan en la base social, porque de los m�s protagonistas algunos est�n muertos (como Videla) y otros presos o pendientes de proceso. Tambi�n est�n siendo juzgados al igual que en la Alemania de la posguerra, si bien en Argentina la imputaci�n de los genocidas respondi� m�s a la presi�n de la sociedad civil y en Alemania a una decisi�n pol�tica de la coalici�n militar anti-nazi (con el apoyo de la parte m�s democr�tica de la poblaci�n alemana). Francia, que tambi�n fue liberada por los Aliados (con el apoyo de los franceses de la resistencia), sigue con sus leyes memoriales, promulgadas por el Estado democr�tico, el modelo alem�n. El caso espa�ol se inspira, en cambio, en el modelo argentino: la memoria hist�rica entre nosotros es, ante todo, un movimiento social (secundado por historiadores como tambi�n pas� en Argentina) respaldado de manera escasa, d�bil y transitoria, por el primer Gobierno Zapatero (2004-2008) y las Comunidades Aut�nomas no gobernadas por el Partido Popular.

��������������� Cualquier ciudadano o historiador puede en Espa�a negar el Holocausto, el genocidio armenio o justificar la esclavitud como una consecuencia �natural� de la estructura socio-econ�mica de la �poca[18], sin miedo a ser llevados ante un tribunal de justicia[19]. A diferencia de Francia, la Ley de Memoria Hist�rica de 2007 no condiciona la libertad de expresi�n de los historiadores, acad�micos y no acad�micos. De hecho ha surgido paralelamente, fuera de la Universidad, con P�o Moa, C�sar Vidal y otros, una historiograf�a neofranquista que legitima[20], en ausencia de base emp�rica, el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, sin que ning�n descendiente de sus v�ctimas los haya denunciado[21], y a�n menos cualquier poder democr�tico surgido de la cuestionada transici�n de 1977[22]. El movimiento espa�ol social y acad�mico, volteriano y democr�tico, por la memoria hist�rica no est� defendiendo, por consiguiente, que se les tape sin m�s la boca con la ley en la mano[23] a los nost�lgicos del franquismo[24]. Se exige sencillamente justicia, verdad hist�rica y reparaci�n para las v�ctimas, de acuerdo con el derecho internacional, sin lo cual jam�s existir� en Espa�a una democracia completa, real.

Memoria hist�rica en Espa�a

��������������� Resumiendo: al contrario que en Francia los �nicos que no tienen entera libertad para investigar en Espa�a la dictadura franquista, sin pasar por un juez, son los historiadores, en su inmensa mayor�a dem�cratas, es decir no franquistas[25]. En 2007 hemos llevado a cabo como Academia Solidaria de la red tem�tica Historia a Debate una campa�a nacional e internacional a favor de Dionisio Pereira[26], miembro del equipo de las tres universidades gallegas que investiga la represi�n franquista en Galicia[27]. Contra el historiador gallego present� una querella judicial la familia de Manuel Guti�rrez Torres, jefe de la Falange en Cerdedo durante la guerra civil, por publicar su nombre como responsable local de la represi�n, dato sacado de las fuentes orales que utiliz� Dionisio en su �libro[28] sobre la represi�n en ese pueblo de la provincia de Pontevedra. Entre todos, logramos finalmente que fuera absuelto[29]. �����

Desde la transici�n, en democracia, hubo otros casos de historiadores, y documentalistas hist�ricos, perseguidos en Espa�a por investigar la verdad oculta de la historia del franquismo y divulgar sus resultados[30]. Por no hablar del proceso (procesos, en realidad) que tuvieron lugar, entre 2010 y 2012, en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garz�n[31] por pretender investigar los cr�menes de lesa humanidad de la dictadura, como se hizo justamente en Francia,� desde 1945 hasta hoy, con los colaboracionistas y nazis que ten�an las manos manchadas de sangre.� La Libert� pour l�histoire de Pierre Nora en Espa�a ser�a, pues, reivindicar la libertad de investigaci�n y de expresi�n para los investigadores de la represi�n franquista, sosteniendo al juez Garz�n, que pretendi� (corriendo riesgos profesionales que pocos est�n dispuestos a afrontar) asegurar el derecho a la justicia, la verdad hist�rica y la reparaci�n de las v�ctimas del fascismo espa�ol, como se hizo en Alemania y Francia durante la posguerra, no sobra insistir.

��������������� A Pierre Nora le reclamaron, naturalmente, que se comprometiera en el caso de Garz�n: �Je suis sollicit� de divers c�t�s pour prendre position dans l�affaire du proc�s du juge Garz�n�, escribe el 14 de abril de 2010 a Bartolom� Bennassar pidi�ndole su opini�n, como firmante del manifiesto de Blois de �Libert� pour l�histoire y conocedor de la Espa�a moderna... El hispanista contesta el 21 de abril, aconsejando que Nora y su asociaci�n pidan la anulaci�n del juicio: �En bref, s�il s�agit de soutenir le juge Garz�n pour que l�accusation contre lui soit retir�e�[32]. No hubo respuesta, hasta hoy, tres a�os despu�s. Libert� pour l�histoire �tiene dos varas de medir: libertad para investigar la historia, sin persecuci�n judicial, en Francia, s�; pero en Espa�a donde los investigadores afectados suelen ser dem�cratas de �izquierdas, no. Probablemente a muchos de los colegas franceses seguidores de Pierre Nora, y a �l mismo, les d� igual el problema de Garz�n y la memoria hist�rica en Espa�a. Lo extra�o es que historiadores espa�oles �que no son del Partido Popular, que jug� un papel muy activo -a trav�s de Federico Trillo, actual embajador de Espa�a en Londres- en la defenestraci�n del juez y que todav�a �recordemos- no conden� todav�a la dictadura y sus consecuencias, se alineen (objetivamente) con la derecha acad�mica francesa para negar la verdad, la justicia y la reparaci�n a las v�ctimas espa�olas del plan franquista de exterminio posterior a 1936.

��������������� A estas alturas, la raz�n de esta extra�a y fallida[33] alineaci�n anti-memoria hist�rica no debe buscarse tanto en una desfasada adhesi�n pol�tica a una transici�n espa�ola agotada, que ya nadie ve como �mod�lica�, como en la tard�a adhesi�n historiogr�fica y epistemol�gica a un concepto positivista del oficio de historiador que separa de manera artificial (acient�fica) el objeto del sujeto de la historia (sea �ste agente hist�rico o agente historiogr�fico), el pasado del presente, la historia de la memoria. Por fortuna se trata de un fen�meno minoritario y la universidad espa�ola, v�ctima hist�rica tambi�n del franquismo, como se va sabiendo y divulgando �ltimamente[34], est� poniendo sus medios para ayudar al movimiento memorialista espa�ol a recuperar los cuerpos de las v�ctimas y la plena verdad hist�rica de los pueblos de Espa�a durante la tiran�a.

Memoria y movimientos sociales

Adentrados en la transici�n hist�rica� del siglo XX al siglo XXI, la historia y la historiograf�a est�n de actualidad en Espa�a, y otros pa�ses. Hemos vivido en paralelo, en el inicio de este nuevo milenio, tres nuevos movimientos sociales de transcendencia hist�rica e historiogr�fica, y por lo tanto pol�tica, afectando manifiestamente a las mentalidades sociales, sociales, pol�ticas� �y acad�micas.

En primer lugar, la recuperaci�n de la memoria hist�rica que se inicia en El Bierzo (Le�n) en �el a�o 2000, con la apertura de la primera fosa de fusilados de la guerra civil por un grupo encabezado por Emilio Silva, el primer nieto de fusilados de la guerra civil que se ha coordinado con otros afectados para recobrar los cuerpos y el recuerdo de sus familiares (hubo en los a�os 70 iniciativas pronto �olvidadas�[35]), y ayudar a los actores sociales y pol�ticos a cuestionar una democracia con grandes agujeros, reanudando su (re) construcci�n d�cadas despu�s de una transici�n inacabada.

El segundo movimiento social nos concierne de manera si cabe m�s directa a los historiadores, en particular a los que nos interesamos por la historiograf�a: el relanzamiento y� actualizaci�n de la historiograf�a franquista como parte substancial del auge del pensamiento ultraconservador en Espa�a a partir de la segunda legislatura de Jos� Mar�a Aznar (2000-2004). Se dice[36] que esta �nueva derecha espa�ola� se asemeja -en alguna medida, es cierto- al Tea Party de gran influencia (negativa para su desarrollo) en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Pero yo creo que la nuestra no es una derecha radicalizada tan �nueva�: su principal componente vital e intelectual, religioso, hist�rico e historiogr�fico es, sin lugar a dudas, el neofranquismo[37]. Hemos vivido, pues, en esta �ltima d�cada, un inquietante retorno a las ra�ces franquistas de buena parte de lo que fue la UCD,� absorbida en los a�os 80 por Alianza Popular, heredera directa del franquismo pol�tico, que dio paso en 1989 al en el actual Partido Popular. En 2012, en el �partido �nico� de la derecha espa�ola se siguen conservando vivas la memoria -cuando no la reivindicaci�n- de sus ra�ces hist�ricas dictatoriales, a lo que contribuye altamente la cierta derecha medi�tica, por un lado, y la historiograf�a neofranquista, por el otro[38]. Pasadas m�s de tres d�cadas de la transici�n, siguen los dirigentes y diputados del PP neg�ndose,� en plena democracia,� dentro y fuera de la sede parlamentaria, a condenar el franquismo, oponi�ndose por activa y por pasiva a la recuperaci�n de nuestra memoria hist�rica, incluyendo el boicot desde el Gobierno, desde finales de 2011, a la vigente y edulcorada Ley de Memoria Hist�rica de Zapatero[39] y al proceso judicial contra los cr�menes de franquismo que lleva adelante contra viento y marea desde Argentina la jueza Servini, en aplicaci�n de la justicia universal. Pas� el 28 de diciembre de 2011 en la Diputaci�n Provincial de Lugo donde el Partido Popular se neg� a votar que se le retiraran los honores concedidos a Franco durante su� dictadura (1936-1977)[40]; lo mismo en el ayuntamiento de A Coru�a respecto a Mill�n Astray[41] as� como en tantas otras instituciones espa�olas de nuestra endeble democracia representativa[42]. La �ltima vez que el PP se neg� a condenar el franquismo acaba de suceder en el Congreso de Diputados el 21 de mayo de 2013[43].

��������������� La tercera gran novedad social, hist�rica y pol�tica, tambi�n con implicaciones historiogr�ficas, es el movimiento de los indignados,� nacido el 15 de mayo de 2011, que ha sensibilizado a la sociedad espa�ola de tal modo,� y en un plazo tan breve, que pudimos ver como el Rey Juan Carlos I pidi� disculpas, el 18 de abril de 2012, al pueblo espa�ol ante la avalancha de cr�ticas recibidas, dentro y fuera de la red,� por haber� ido a cazar elefantes a Botswana,� estando sus s�bditos en el foco victimario de una tormenta continua de recortes de derechos sociales, salarios, gasto p�blico y agresiones a la educaci�n y a la sanidad. Los sondeos de opini�n p�blica realizados en 2011, 2012 y 2013 vienen dando un 70-80 % de espa�oles que piensan que el 15M ten�a, y tiene, raz�n en sus motivaciones, cr�ticas y demandas. Las movilizaciones del 23F y 25A de 2013 muestran la tendencia reciente del 15M a converger con las viejas pero actuales reivindicaciones democr�ticas del antifranquismo[44].

Junto con el auge de la indignaci�n generalizada en Espa�a con la grave crisis econ�mica,� pol�tica y social, provocada por los poderes financieros e institucionales, internacionales y nacionales, crece de manera interrelacionada la conciencia ciudadana acerca de la insuficiencia de la democracia surgida, en 1977, de una transici�n de la dictadura a la democracia en condiciones (internas) adversas. Somos testigos en la segunda d�cada de este nuevo siglo de una vasta indignaci�n social con una fuerte dimensi�n pol�tica que est� erosionando de manera dif�cilmente reversible el bipartidismo, la monarqu�a, la �clase pol�tica�, etc. Cuestionando una Constituci�n limitada que ni siquiera es la misma que promovimos y aprobamos en 1978, toda vez que la reforma constitucional de 27 de setiembre de 2011 del art�culo 135 situ�, ileg�timamente, el inter�s de los bancos acreedores por encima de la mayor�a social y la soberan�a del pueblo espa�ol, al fijar por ley org�nica el tope m�ximo del d�ficit p�blico en el 0,4 % del PIB,� haciendo �obligatorios� de este modo los actuales recortes con su secuela de desempleo desmesurado: algo que no estaba en el esp�ritu ni en la letra de la Constituci�n consensuada (bajo la bota militar, recordemos) para salir de la dictadura de Franco. Golpe de mano �constitucional� por parte de un sistema� bipartidista (en crisis[45]) que agrav� de este modo el desapego acelerado de los dem�cratas,� y del conjunto de la poblaci�n espa�ola, con la institucionalidad pol�tica surgida del cambio �tutelado� de la dictadura a la democracia a finales de los 70.

Por no hablar de una indignaci�n econ�mica que est� en el origen de este movimiento social� en curso[46]. Entendemos el 15-M, �por consiguiente, �como� un claro s�ntoma, causa y consecuencia� de una insatisfacci�n ascendente, con consecuencias mediatas pol�ticas y electorales, que pone sobre la mesa la urgencia de un nuevo impulso democr�tico en Espa�a para salir de esta interminable crisis econ�mica, social e institucional, en fase aguda desde 2010. Lo que obliga a que todas las fuerzas de progreso, la izquierda en su sentido m�s amplio y variado, asuman sus responsabilidades.

Hist�ricamente la izquierda ha sido, en Espa�a, motor principal de la lucha por la libertad y el progreso desde las Cortes de C�diz. En el siglo XIX fue la izquierda liberal y los inicios de una izquierda obrera,� y en el siglo XX las izquierdas socialista, anarquista, comunista, nacionalista, republicana�. hasta la transici�n y los comienzos prometedores del siglo XXI �en cuanto a movilizaciones sociales (factor clave, ayer y hoy, para la regeneraci�n pol�tica). No hablo solamente de la izquierda pol�tica, cuyas responsabilidades, retos y defectos arrastrados son evidentes, y nada f�ciles de resolver (para unos menos que para otros). Me refiero, m�s ac� �y m�s all� de la pol�tica, a la izquierda social, por un lado, y a la izquierda cultural y acad�mica, por el otro. En la propia universidad estamos siendo forzados, queramos o no, tanto representantes y gestores como profesores y estudiantes, a salir p�blica y continuamente, individual y colectivamente, en defensa de la universidad p�blica, en claro peligro por los recortes que nos vienen impuestos al margen de la soberan�a popular[47].�

Franquismo en la Real Academia de la Historia

En este contexto global cr�tico, y tambi�n en mayo del a�o 2011, la Real Academia de la Historia espa�ola dio a conocer el Diccionario Biogr�fico Espa�ol[48]. Yo no digo que no sea �til para los historiadores, pese a su elevad�simo precio (3.500 euros[49]) un Diccionario con tantos datos,� m�s o menos contrastados, sobre los �grandes hombres� de la historia de Espa�a: incluso para los que no somos precisamente devotos del fundador del positivismo aplicado a la historia,� Leopold von Ranke, cuyo enfoque historiogr�fico ocultaba (y oculta para sus seguidores actuales, por lo regular interesadamente)� el papel de los sujetos sociales en la escritura de la historia.� El tradicionalismo historiogr�fico, con todo, no es lo peor del Diccionario Biogr�fico Espa�ol. Lo peor es el filofranquismo que anida en las entradas pol�ticas del Diccionario que tienen que ver con la historia del siglo XX. Se ha dicho hasta la saciedad,� y hay que recordarlo, c�mo� Franco y su r�gimen son calificados, en el Diccionario auspiciado por la Real Academia de la Historia, simplemente de �autoritarios� negando (al igual que el PP en el Congreso de Diputados), contra toda evidencia hist�rica, que Franco fue un dictador, y su r�gimen pol�tico una dictadura especialmente represiva, emparentada con el nazismo alem�n y el fascismo italiano que animaron el golpe del 36, sosteniendo despu�s militarmente de manera contundente la guerra civil que desencaden� del bando franquista contra el gobierno republicano leg�timamente elegido. La caracterizaci�n del franquismo como una dictadura es un paradigma compartido, de forma ampliamente� mayoritaria, por los historiadores espa�oles e hispanistas, as� como por polit�logos y soci�logos, dentro y fuera de Espa�a.

��������������� Esta pol�mica pol�tico-historiogr�fica provocada por el Diccionario Biogr�fico Espa�ol coincide, no casualmente, con dos hechos hist�ricos significativos. En primer lugar, las elecciones del 20 de noviembre de 2011 cuyos resultados supusieron un desplazamiento hacia la derecha m�s conservadora de la mayor parte de las instituciones p�blicas en todos los �mbitos de elegibilidad (municipal, auton�mico y estatal), en un grado que no se hab�a dado desde la transici�n a la democracia. Monopolio unipartidista del poder pol�tico que afect� a todo tipo de instituciones� no elegibles que dependen de la administraci�n del Estado como el Tribunal Supremo[50] o la Real Academia de la Historia.� Entre las primeras medidas que toma el Gobierno del PP que sale de la mayor�a absoluta del 20N est�, justamente, ratificar[51] su generosa subvenci�n econ�mica para que la RAH termine el trabajo del Diccionario Biogr�fico Espa�ol sin cambiar nada[52] de su orientaci�n, al contrario, asumiendo �y animando el neofranquismo que destilan las partes m�s contempor�neas del Diccionario de la RAH: premiada as� por el Gobierno de Rajoy por la fidelidad y proximidad a sus inquietudes ideol�gicas e historiogr�ficas, a la vez que se recortaba la educaci�n y la investigaci�n, se abandonaban las ayudas a la cultura y se le negaba la ayuda econ�mica al aplazado Diccionario Hist�rico de la lengua castellana de la Real Academia Espa�ola, de cariz m�s democr�tico y plural y, sin duda, de menor �utilidad pol�tica� para el PP[53].

El segundo hecho que concuerda, tampoco por azar, con la salida a la luz del criticado Diccionario Biogr�fico Espa�ol es la expulsi�n mencionada de Baltasar Garz�n de la judicatura a poco de iniciarse el reinado de Mariano Rajoy, por querer investigar judicialmente los desmanes de una dictadura que se alaba, disculpa y/o justifica� en este diccionario de �grandes figuras� de la historia contempor�nea de Espa�a, donde el vinagre pol�tico-historiogr�fico corrompe acad�mica y pol�ticamente el conjunto de la obra[54].

��������������� El Diccionario de la RAH ha provocado, provoca, y seguir� provocando en el futuro, una fuerte repulsa democr�tica y profesional, entre los �historiadores espa�oles, de convicciones genuinamente democr�ticas en su gran mayor�a. Se han sentido todav�a m�s agraviados aquellos colegas -ignorados ol�mpicamente por los editores del Diccionario- que llevan a�os trabajando con rigor, �tica y productividad sobre los periodos hist�ricos tergiversados por los autores m�s extremistas y menos escrupulosos del Diccionario Biogr�fico Espa�ol.

��������������� Veamos las cr�ticas m�s significativas y colectivas de la academia historiogr�fica hacia los editores y determinados autores del impugnado Diccionario. Primero, y no por ser profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que tambi�n, sino por la �ampliaci�n de la cr�tica que entra�a del Diccionario a la RAH y la difusi�n que tuvo: el escrito del Departamento de Historia Contempor�nea de la USC, en 2011, difundido entre los departamentos de esta �rea de conocimiento hist�rico de las restantes universidades espa�olas:

LA ACADEMIA SOMOS NOSOTROS.

Los historiadores e historiadoras que firmamos este texto no podemos sentirnos representados por la Academia de la Historia. Queremos afirmarlo rotundamente en relaci�n con la interpretaci�n del franquismo que hacen algunas voces incluidas en el Diccionario Biogr�fico Espa�ol, recientemente publicado.

Lo consideramos un atentado a la profesi�n y a su estatuto acad�mico. La Historia es un conocimiento basado en reglas conocidas, construido a trav�s de fuentes, resultados contrastables y siempre sometidos a debate.

El Diccionario Biogr�fico que ha editado la Academia contiene, en la forma y en el fondo, en el procedimiento de elaboraci�n y en sus resultados, tal grado de agresi�n a los principios m�nimos del oficio historiogr�fico que gran parte de sus resultados no pueden ni someterse a debate p�blico: no es que no lo resistan, es que no lo merecen.

La reproducci�n de relatos propagand�sticos de la Dictadura franquista sobre ella misma o el pasado, y la ideolog�a militantemente franquista o furibundamente confesional que contiene esta publicaci�n no puede considerarse Historia sino mera propaganda.

Consideramos que es hora de decir basta por el bien de la profesi�n y, adem�s, por la consideraci�n social que merece la Historia. Momento habr� para debatir por qu� llegamos a esta situaci�n y porqu� se atribuye autoridad a quien no la tiene con todas las bendiciones p�blicas.[55]

��������������� Segundo,� la plataforma ciudadana presidida por Emilio Garc�a Wiedemann[56] que se ha constituido,� tambi�n en 2011 (a�o de los indignados) para denunciar judicialmente, �desde la Granada de Federico Garc�a Lorca, a la Real Academia de la Historia y se�alados autores del Diccionario Biogr�fico Espa�ol: demandan que se retiren los tomos donde se hace apolog�a del franquismo (a pesar de que no es delito en Espa�a, como ya dijimos) y que la RAH devuelva la subvenci�n recibida de 6,4 millones para la publicaci�n[57]. La querella ha sido finalmente archivada un a�o despu�s, bajo el Gobierno de Rajoy, por el Fiscal General de la Comunidad de Madrid (al parecer el Gobierno no se fiaba de los fiscales andaluces) el 5 de junio de 2012.

��������������� Tercero, el 9 de abril de 2012, se present� la� obra� colectiva En el combate por la historia, feliz iniciativa del editor Gonzalo Pont�n (antes en la Editorial Cr�tica ahora en� Pasado Presente) que� encarg� a �ngel Vi�as la� coordinaci�n de un libro sistem�ticamente cr�tico con el contenido m�s infame del Diccionario Biogr�fico Espa�ol. �ngel Vi�as es bien conocido en nuestra red Historia a Debate por haber participado, en diciembre de 2010, con una conferencia plenaria sobre la memoria y la verdad hist�rica, en nuestro IV Congreso Internacional que celebramos en la Universidad de Santiago de Compostela[58]. En el libro de Vi�as y otros, tambi�n conocido como �contradiccionario�, la academia universitaria en uso de su autonom�a contradice a la Real Academia de la Historia, organismo pol�tico-cultural que funciona por cooptaci�n, vinculado al Gobierno y ��reflotado por Aznar en su primera legislatura (1996-2000) para promover la Idea Hist�rica de Espa�a[59]: desvalorizada finalmente por la deriva neofranquista de los miembros m�s influyentes de la RAH[60], y el sesgo conservador de un nacionalismo historiogr�fico espa�ol que elude tomar en consideraci�n la secular plurinacionalidad de Espa�a, en pleno conflicto con Catalu�a[61].

La importancia historiogr�fica y pol�tica de la obra colectiva coordinada por �ngel Vi�as es doble. Pone en evidencia la ausencia de verdad en temas y biograf�as del Diccionario de la Real Academia referentes a la dictadura, sus precedentes y desarrollo. Cuenta para ello el �contradiccionario� con colaboraciones de investigadores avezados sobre la II Rep�blica, la guerra civil y el franquismo, cuyas contribuciones desmienten de manera concluyente las partes m�s sobresalientes del Diccionario Biogr�fico Espa�ol,� confirmando y documentando la primera impresi�n de historiadores y opini�n p�blica sobre la existencia de gruesos errores, �e interpretaciones de tenor neofranquistas, en la obra de la RAH.

��������������� Ahora bien,� el libro de Vi�as no solo aclara datos, responde tambi�n, se reconozca abiertamente o no, a una intencionalidad �tica� y democr�tica clara: no se puede justificar el golpe de Estado del 18 de julio contra el �Gobierno surgido de las elecciones del 16 de febrero de 1936, como hace la RAH, sin mentir descaradamente. El respeto a la verdad documentada es la primera piedra de una historiograf�a de valores[62], practicada con gran eficacia[63] por los autores de En el combate por la historia. Compromiso �tico-social que para una parte esencial de los historiadores acad�micos del franquismo pasa por sostener asimismo con su trabajo profesional, en la docencia, la reflexi�n historiogr�fica y la investigaci�n, al movimiento familiar y social de la recuperaci�n de la memoria hist�rica en Espa�a. Somos muchos los historiadores que creemos, en el siglo XXI[64], que la utilidad social y la utilidad cient�fica de nuestra disciplina no se pueden separar artificialmente, y que la historia y la memoria tienen un mismo objetivo: la verdad� completa, y aplicada[65], acerca de la historia de la II Rep�blica, la guerra civil y la dictadura de Franco.

En fin, se dice ahora desde sectores partidarios de salvar como sea el sistema bipartidista, en crisis irreversible en esta �segunda d�cada del siglo XXI, que hay que recuperar �esp�ritu de consenso� de la transici�n� para llevar a cabo en Espa�a la pol�tica de austeridad, recortes y recesi�n[66] que nos imponen los poderes financieros, �ngela Merkel y la Comisi�n Europea. Dir�a yo que lo que hoy m�s bien necesitamos en Espa�a es recobrar el esp�ritu genuinamente democr�tico del movimiento social antifranquista que tuvo unas caracter�sticas originales que el 15M, como parte importante del movimiento global de indignaci�n nacido en 2011[67], empieza (re) conocer como aquel caballero de Moli�re que hablaba prosa sin saberlo, es decir: (1) El protagonismo imprescindible de la sociedad civil en la regeneraci�n pol�tica e institucional. (2) La lucha social y cultural �desde abajo� por una democracia plena y radical, en el sentido de devolver las instituciones a la soberan�a popular, garantizando que cada hombre o mujer valgan un voto, por medio de medidas que ya han sido planteadas por el movimiento indignado desde la Acampada en la Puerta del Sol como la proporcionalidad de la ley electoral, convocatorias de refer�ndums vinculantes, control y posibilidad de deposici�n de los representantes elegidos, etc. (3) De modo que los ideales y valores de justicia, democracia y progreso de toda la vida est�n en la acci�n pol�tica de nuevo en primer plano, como en el movimiento antifranquista, por encima del usufructo o gesti�n de un poder institucional, por lo dem�s� hoy generalmente reprobado por los espa�oles. Nuevas pero en realidad viejas formas de hacer pol�tica (persiguiendo ideales; no confundir con el idealismo filos�fico) que tanto precisa la sociedad espa�ola y m�s todav�a la mal llamada �clase pol�tica�, asimismo desprestigiada en Espa�a seg�n todas las encuestas de opini�n.

��������������� Aunque no en la misma medida, los historiadores estudian el antifranquismo de junto con el franquismo[68]. El historiador avanzado, que ve m�s all� del positivismo,� investiga tanto lo peor como lo mejor del pasado, lo primero para que no se repita, lo segundo para que sirva de ejemplo, a fin de, en ambos casos, contribuir deontol�gicamente a un presente y a un futuro mejores[69], mostrando as� la utilidad p�blica de la historia acad�mica en tiempo de insanos recortes.

��������������� Sobre c�mo se reprimi� el antifranquismo social, pol�tico y cultural desde 1936 hasta 1976 trata, en realidad, el movimiento social y acad�mico de la memoria hist�rica. Queda mucho por investigar y reivindicar de las v�ctimas del franquismo. Repasemos a modo de ejemplo de represi�n tardofranquista, sin investigar todav�a hist�rica y judicialmente, los asesinatos cometidos por el r�gimen en Galicia en la primera mitad de los a�os 70.

Muertos que quieren� vida

En la tradici�n gallega de la Santa Compa�a se dice que las almas del purgatorio no pueden entrar en el cielo y se aparecen a los vivos caminando por la noche en procesi�n, penando por sus pecados o por los pecados de los que las victimaron. De este tipo son Amador Rey y Daniel Niebla de Ferrol, Xos� Ram�n Reboiras de Dodro, A Coru�a, y Xos� Humberto Baena de Vigo. Pertenec�an a familias ideol�gicas diversas y fallecieron violentamente en a�os y lugares distintos, pero se puede decir que andan imaginariamente juntos porque fueron asesinados de la misma manera: a tiros por la dictadura franquista en sus estertores.

Amador y Daniel (36 a�os, padres de familia) murieron el 10 de marzo de 1972 en la Ponte das P�as, cuando se manifestaban pac�ficamente con sus compa�eros de los astilleros Baz�n (Xulio Aneiros, Rafael Pillado, Manuel Amor, Jos� Mar�a Riob�o, Ignacio Fern�ndez Toxo...), ahora Navantia, en defensa de sus derechos laborales. Desde entonces, cada diez de marzo sus compa�eros se manifiestan en su recuerdo. En 1997, el Parlamento de Galicia, a petici�n del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (CC.OO.), reconoci� el 10 de marzo como D�a da clase obreira galega, y los trabajadores de los diferentes sindicatos contin�an recordando cada 10 de marzo a sus compa�eros ca�dos en la masacre de 1972, que llevan cuatro d�cadas sin descanso por culpa de otros... Dicen los colegas de derecho internacional que los cr�menes de lesa� humanidad nunca prescriben, aunque haya leyes de amnist�a-impunidad, si bien estimo que en Espa�a no se promulg� siquiera tal impunidad en la amnist�a de 1977, largamente reivindicada y pensada para los presos antifranquistas[70]. Despu�s de 40 a�os todav�a est� pendiente una investigaci�n judicial democr�tica sobre el ametrallamiento de los trabajadores de Ferrol,� que tenga por finalidad identificar y procesar, como en cualquier otro asesinato, a sus responsables materiales e intelectuales.

Moncho Reboiras (25 a�os), perito industrial y militante nacionalista, muri� el 12 de agosto de 1975 en la calle da Terra tambi�n en Ferrol, como resultado de las balas que le dispararon por la espalda polic�as franquistas, como muestra la camisa que conserva su familia. Cada 12 de agosto su partido, la Uni�n do Pobo Gallego (UPG), fundador del �partido parlamentario Bloque Nacionalista Gallego (BNG), le rinde un homenaje[71]. En 2009, su hermano recibi�[72] una carta de reconocimiento del Gobierno espa�ol, de acuerdo con la Ley Memoria Hist�rica de 2007, por haber Ram�n Reboiras �padecido persecuci�n y violencia ileg�tima, hasta darle muerte, por su militancia pol�tica nacionalista[73]. 37 a�os despu�s de este crimen pol�tico, Reboiras sigue esperando que un juez imparta justicia ordenando a la polic�a investigar este fallecimiento encarnizado, tres meses antes de la muerte natural de Franco, que ese fat�dico d�a estaba justamente en A Coru�a.

Xos� Humberto Baena, muri� el 27 de septiembre 1975 con los �ltimos fusilados del franquismo: Ram�n Garc�a Sanz y Jos� Luis S�nchez Bravo, sus compa�eros del� Frente Revolucionario Antifascista y Patri�tico de (FRAP), y los miembros de ETA, Jon Paredes �Txiki� y �ngel Otaegui[74]. Penas de muerte contra las que hubo manifestaciones en toda Espa�a y una gran� solidaridad internacional que no hizo vacilar a Franco: las firm� dos meses antes de morir. Luis Eduardo Aute inmortaliz� en la canci�n Al Alba[75] el sufrimiento colectivo que caus� en tantos espa�oles aquellos cr�menes de Estado. Humberto, estudiante de Filosof�a en la Universidad de Santiago de Compostela, primero, y� pe�n de fundici�n, despu�s, nos dej� un documento de valor hist�rico: una carta de despedida[76] dirigida a su familia y compa�eros, donde muestra la lucidez, serenidad y valent�a con que se enfrent�, a los 24 a�os, a una muerte injusta por sus ideales de transformaci�n social[77].

En democracia,� sus padres, y despu�s su hermana Flor Baena, peregrinaron de tribunal en tribunal pidiendo que se revisase y anulase el ilegal proceso militar (lo acusaron, sin pruebas, de la muerte de un polic�a) hasta llegar al Tribunal Constitucional que, bajo la presidencia de Manuel Jim�nez de Parga, no admiti� en 2004 la denuncia porque: La Constituci�n no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar actos de poder producidos antes de su entrada en vigor[78]. Lo mismo que le dijeron a las familias de Juli�n Grimau, Salvador Puig Antich y... al propio Garz�n, juez de la Audiencia Nacional. Tampoco admiti� el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2005 (hoy, tal vez ser�a diferente) la reclamaci�n de la familia Baena. La Ley de Memoria Hist�rica de 2007 (en vigor, te�ricamente) no dice nada desgraciadamente de la anulaci�n de las sentencias de los irregulares tribunales franquistas. La asociaci�n de Jueces para la Democracia cambiando -al menos formalmente- posiciones anteriores[79] solicit�, despu�s de los terribles juicios contra Garz�n, la urgente anulaci�n de las condenas del franquismo[80], sin lo cual no habr� justicia, reparaci�n y verdad para las v�ctimas de los a�os m�s negros de la historia de Espa�a, ni verdadera reconciliaci�n nacional.

�Cu�ndo llegar� a Espa�a el derecho internacional?

��������� Los avances en Espa�a y otros pa�ses de los movimientos por los derechos humanos y la recuperaci�n de la memoria hist�rica, por un lado, y, por el otro, el desarrollo del derecho internacional y sus instituciones dedicadas a la persecuci�n universal de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, est�n creando nuevas condiciones para que se haga justicia en Galicia y en Espa�a con las v�ctimas del franquismo, sin restricciones temporales. Tambi�n contribuye el esc�ndalo nacional e internacional provocado por el procesamiento del juez Garz�n por intentar enjuiciar la naturaleza malhechora del Movimiento franquista. Esc�ndalo y movilizaci�n nacional e internacional, 2011-2012, que impidieron ciertamente su condena por prevaricaci�n (!) en el asunto del franquismo, si bien los jueces y pol�ticos implicados en la trama lograron finalmente su expulsi�n, �hasta 2021, de la carrera judicial en Espa�a[81] por la investigaci�n de la corrupta trama G�rtel del PP, cuyo desarrollo posterior le dio totalmente la raz�n al juez que la inici� el 6 de febrero de 2009: Baltasar Garz�n. La funesta Sala Penal del Tribunal Supremo se vio, en 2012, en la �obligaci�n� de reconocer la legitimidad de la posici�n de Garz�n y otros juristas espa�oles, y varias organizaciones internacionales, para juzgar los verdugos franquistas. Pese a ello la mayor�a del poder judicial espa�ol sigue defendiendo todav�a contra derecho, arropado por el caduco bipartidismo del PP y el PSOE[82], que la Ley de Amnist�a de 1977 conlleva �impunidad para los represores[83].

��������� La caza judicial contra Garz�n dej� claro ante el mundo entero -en los �mbitos jur�dico, social y pol�tico- que en Espa�a no se va a poner en pr�ctica de momento los criterios habituales de la justicia internacional en cu�nto a persecuci�n de los cr�menes de lesa humanidad 1936-1977, y menos con un Gobierno del Partido Popular. Anomal�a que abri� la posibilidad legal de aplicar el principio de jurisdicci�n universal, en cuya aplicaci�n tambi�n fue pionero Garz�n, buscando en otro pa�s la justicia que en Espa�a no es posible. Enjuiciamiento externo que facilita, en coherencia con el ordenamiento jur�dico internacional, el alargamiento del amparo judicial a las v�ctimas hasta el final de la dictadura. Al contrario que el Auto de Garz�n de 2008 (consciente de la resistencias del PP, del propio PSOE y determinados jueces) s�lo abarcaba hasta 1952 en la persecuci�n de los delitos de asesinato,� tortura y dem�s cr�menes de motivaci�n pol�tica cometidos por las franquistas, sus instituciones y �rganos represivos.

�������� Se consolida as�, a partir de 2012, despu�s de rechazo pol�tico-judicial del Auto de Garz�n, la v�a� internacional para juzgar los cr�menes del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio 1977, incluidos los asesinatos de los gallegos Amador, Daniel, Moncho y Humberto. La justicia universal sobre los cr�menes del franquismo est� as� abierta en dos instancias internacionales: la justicia argentina y el Tribunal de Estrasburgo, m�s la primera que la segunda, hasta donde hoy sabemos.

La jueza federal Mar�a Servini admiti� en 2010 una causa contra el franquismo, apoyada por la Asociaci�n para la Recuperaci�n de la Memoria Hist�rica espa�ola, a demanda de Dar�o Rivas (hijo del alcalde de Castro de Rei, Galicia, asesinado por la Falange en 1936) y Silvia Carretero[84] (viuda de Jos� Luis S�nchez Bravo, fusilado con Baena en 1975), entre otros represaliados que han ido creciendo desde entonces. Justicia argentina efectiva para las v�ctimas espa�olas de la dictadura, que quiso y no pudo conseguir Garz�n, quien ya testific� en Buenos Aires confirmando formalmente, ante la jueza Servini, que en Espa�a no se investigan los cr�menes del franquismo[85]. Implementaci�n de la justicia universal desde la Rep�blica Argentina reforzada por el apoyo p�blico, de amplia resonancia internacional, que el 1 de marzo de 2012, el Gobierno y el Parlamento argentinos dieron al juez Garz�n, �despu�s del maltrato recibido en Espa�a. La experimentada jueza Servini ha declarado (18/5/2013) su optimismo en cuanto al desarrollo de la causa (son ya 150 los querellantes), pese a los trucos del Gobierno espa�ol para dificultar las declaraciones, y nos dice que conf�a en un a�o poder imputar a los 9 acusados actuales: tres exministros (incluido Jos� Utrera Molina, suegro del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard�n), dos jueces� y cuatro polic�as (tambi�n el funesto Billy el Ni�o, apodo de Jos� Gonz�lez Pacheco). La jueza tiene muy claro que en Espa�a como en Argentina: �Hay que ir directamente sobre los que est�n vivos�[86]. As� lo hizo, nuestra jueza argentina el 18 de setiembre de 2013: lanza una orden de detenci�n internacional contra cuatros represores y torturadores del franquismo, muchas de cuyas v�ctimas fueron estudiantes[87], devolviendo a la Espa�a democr�tica lo que hizo el juez Garz�n con el dictador Videla en 2000.

���������� La segunda opci�n[88] es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en febrero de 2012, admiti� a tr�mite una demanda del F�rum per la M�moria del Pa�s Valenci� de genocidio, cr�menes de lesa humanidad y violaci�n de los derechos fundamentales en nombre de 23.661 personas asesinadas y sepultadas en seis grandes fosas comunes, entre 1939 y 1945[89]. Demanda colectiva que ya fue rechazada -al igual que la de Baena- por el Tribunal Constitucional espa�ol, tr�mite preceptivo que tambi�n ha debido cumplir el recurso de Garz�n contra su inhabilitaci�n,� por parte del Tribunal Supremo, �presentado en mayo de 2013[90]. Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo han de ser ejecutadas en principio por el Gobierno que corresponda, a instancia del Comit� de Ministros del Consejo de Europa[91].

� �������Paralelamente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU viene exigiendo del Estado espa�ol la derogaci�n la Ley de Amnist�a de 1977, precisamente por su utilizaci�n grosera por parte de pol�ticos y jueces, durante 36 a�os, para tapar los cr�menes del franquismo. La pen�ltima vez que la Organizaci�n de las Naciones Unidas se dirigi� al Gobierno de Espa�a con dicho recordatorio y demanda fue tres d�as despu�s de la expulsi�n de Garz�n de la Audiencia Nacional: Espa�a est� obligada, bajo la ley internacional, a investigar las�� graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas�� durante el r�gimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todav�a est�n vivos, record� desde Ginebra el Alto Comisariado de la ONU el 11 de febrero de 2012[92]. En setiembre de 2013 tuvo lugar la visita de una delegaci�n de la ONU a Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria para �verificar� si algo se ha hecho sobre la investigaci�n judicial de los cr�menes del franquismo, 13 a�os despu�s de exigir a los Gobiernos espa�oles (tanto del PP y como del PSOE), jueces y dem�s instituciones el cumplimiento del derecho internacional tocante a las desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad[93]. Al finalizar la visita institucional, que coincidi� con las �rdenes internacionales de detenci�n de la jueza Servini, la ONU exigi� una vez m�s que al Gobierno de Espa�a la modificaci�n de la Ley de Amnist�a de 1977 y del C�digo Penal a fin de que se pueda hacer justicia con los cr�menes del franquismo[94].

���������� As� y todo, aunque los avances institucionales de la justicia y la verdad hist�rica sobre el franquismo sean ahora m�s internacionales que nacionales, tambi�n se dan en Espa�a, donde nos enfrentamos con una macabra paradoja: los partidos que m�s defienden (tienen razones) la memoria y reparaci�n para las v�ctimas del terrorismo desde 1968, cuyos autores est�n ya en su gran mayor�a presos y condenados por la justicia democr�tica, son los que m�s se oponen a la concesi�n, asimismo retrospectiva, de los mismos derechos humanos y democr�ticos, comprendido el derecho a la justicia, a las v�ctimas del franquismo. Doble rasero[95] de bastantes pol�ticos que incrementa los obst�culos al proceso de paz en el Pa�s Vasco. De ah� que valoremos positivamente que el Gobierno Vasco presidido por Patxi L�pez (PSOE) haya promulgado el 19 de junio de 2012 un decreto para reparar a las v�ctimas vascas de la polic�a espa�ola entre 1960 y 1978[96], como los etarras Txiki y Oteagui, fusilados el mismo d�a que Baena y S�nchez Bravo, los obreros de Vitoria ametrallados en 1976 y otros represaliados por el franquismo, tambi�n los torturados: asignatura asimismo pendiente de la memoria hist�rica en Espa�a[97]. Un paso adelante en Euskadi, pues, para la paz y la regeneraci�n de la democracia vasca y espa�ola, por mucho que el PSOE vasco desvincule sin rigor la violencia policial y militar del propio r�gimen franquista (se emplea el eufemismo excesos policiales), y reduzca la reparaci�n de las v�ctimas a una simple compensaci�n econ�mica, sin anulaci�n de sentencias ni investigaci�n judicial sobre los autores materiales e intelectuales, lo que sin embargo si se ha hecho, y todav�a se hace, con los pasados asesinatos de ETA[98]. Es por ello que las familias de los obreros muertos en Vitoria tambi�n se han unido a la querella argentina[99].

�������� Este leve punto de inflexi�n del PSOE en el Pa�s Vasco[100], ratificado de alguna forma por el nuevo gobierno vasco del PNV surgido de las elecciones del 21 de octubre de 2012[101], extiende como vemos positivamente -como la justicia argentina- la reivindicaci�n colectiva de la memoria hist�rica hasta 1977 (1978, en el Pa�s Vasco, que vot� �no� a la Constituci�n), y tuviera ya una consecuencia simb�lica: el 3 de marzo de 2012, la portavoz del Gobierno Vasco deposit� en Vitoria unas flores de homenaje[102] en el monumento a los cinco miembros de CC. OO. y UGT muertos a tiros por participar en una asamblea de trabajadores, como en Ferrol cuatro a�os antes. En el mismo acto tom� la palabra una� representante de la pionera Asociaci�n de V�ctimas del 3 de marzo (nacida en 1999[103]) que, una vez m�s, pidi� que se haga justicia con los muertos de Vitoria durante el �ltimo gobierno de la dictadura, presidido por Arias Navarro. Llegar� un d�a en que tendremos en Galicia una Xunta que tal vez haga lo mismo en Ferrol un 10 de marzo, d�a de la clase obrera gallega, junto con los sindicatos y las familias de los trabajadores asesinados por la libertad en la Ponte das P�as.

��������� Dijo, en 1937, Alfonso R. Castelao, pr�cer galleguista, �non enterran cad�veres, enterran� semente�: pronto llegar� la hora de que las simientes florezcan y los muertos inocentes por culpa del franquismo gallegos, vascos y espa�oles, descansen en paz en el cielo de los justos.

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