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Historia, memoria y libertad*

Carlos Barros

Universidad de Santiago de Compostela

En un reciente artículo (El País, 21/1/2012), el historiador inglés Timothy Garton Ash equipara torpemente la libertad de información en la Red con las demandas políticamente orientadas de la  asociación Liberté pour l’histoire, creada en 2005 por Pierre Nora para combatir -desde una concepción positivista del oficio de historiador- las lois mémorielles promulgadas por el poder legislativo en Francia desde 1990. La ley  que penaliza el negacionismo del genocidio armenio (1915), perpetrado por el Estado turco, viene de ser ratificada justamente el pasado 23 de enero por el Senado francés

La libertad tiene que ser ciertamente universal, más aún en el siglo en que se superponen de manera contradictoria diversas globalizaciones: valores /  mercados, por ejemplo. Por lo que el historiador no debería quedar en la pura forma (global) del fenómeno sino afinar en contenidos y contextos, desiguales y cambiantes: no todo lo que deviene universal está resultando positivo para las libertades en el mundo de hoy.

Mientras la libertad de información en Internet, que hizo posible Wikipedia y Wikileaks,  beneficia a una inmensa mayoría. La citada “libertad para la historia” de los historiadores franceses (en la patria de Marc Bloch, profesor resistente fusilado por los nazis en 1944 y fundador de la escuela historiográfica de Annales), favorece más bien la una minoría de extrema derecha que podrá así cuestionar libremente la realidad histórica del Holocausto nazi, del genocidio armenio y de la esclavitud como crimen de lesa humanidad (ley memorial de 2001). Diputados y senadores legislaron también,  en 2005, a favor de una enseñanza de la historia de Francia que destacara los “aspectos positivos” de la colonización de Argelia. Historiadores franceses que se opusieron a esta ley memorial por estar en desacuerdo con su contenido, no están en su mayor parte en la asociación de Nora, que utiliza la orientación negativa de esta ley memorial pro-colonial para justificar su oposición, con el argumento corporativo de que solamente los historiadores académicos estamos capacitados para escribir la historia, las tres leyes memoriales restantes, que  tuvieron el voto favorable de todos los partidos representados en el Parlamento menos el Front National de Le Pen.

Como historiadores somos contrarios a cualquier norma legal que coarte la libertad de expresión y de investigación histórica. Tenía razón Voltaire cuando dijo: “Yo no estoy de acuerdo con el que usted dice, pero lucharía para que usted pueda decirlo”; lo hicimos muchos en el tardofranquismo y la transición. Pero la frase hay que contextualizarla para aplicarla con rigor, con sentido histórico y político. Si nuestro interlocutor,  por quien lucharíamos fuertemente para que pudiera disfrutar a nuestra cuenta de libertad de expresión, es un neonazi, un neofascista o un neofranquista adaptado a la legalidad democrática, ¿qué hacer? Pues mirar con quién andamos no va a ser que nos pase como a Luciano Varela, que  arruinó su imagen y carrera judicial por aliarse con la extrema derecha contra el juez Garzón. El historiador tiene también que hacerse responsable de las consecuencias de sus interpretaciones y posiciones historiográficas y políticas, como cualquier otro profesional o ciudadano, y más todavía los somos profesores y funcionarios.

El contexto francés sobre historia, memoria y libertad es bien distinto, incluso contrario, al  contexto español. Diferencias profundas que no tienen en cuenta los colegas que están intentando trasladar a España lo que está diciendo Pierre Nora enfrentando historia (académica) con memoria (política), desde una postura tradicional que ya exhibía en 1974 propugnando contracorriente (hoy es diferente, Annales no existe) en Faire l’histoire el retorno positivista del acontecimiento.

Hay dos modelos de memoria histórica: el alemán y el  latino (ver “Historia de la memoria, memoria de la historia”). El primero nació en Nuremberg (1945) con los juicios políticos contra los responsables nazis del Holocausto y las leyes posteriores que penalizan el negacionismo. El segundo nació en Buenos Aires (1975) con el movimiento social de las Abuelas de lana Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y amigos  de la memoria histórica que lograron, cuatro décadas después de una actividad sin tregua, un importante apoyo legal y político por parte de los  gobiernos Kirchner, sin leyes punitivas que coarten la libertad de expresión de los defensores de Videla, naturalmente. Los que quedan, porque muchos de ellos están presos o pendientes de proceso, igual que en la Alemania de la posguerra aunque en Argentina la imputación de los genocidas respondió más a la presión de la sociedad civil que a la iniciativa estatal. Francia sigue con sus leyes memoriales, promulgadas por el Estado, el modelo alemán. España sigue claramente el modelo argentino.

Cualquier ciudadano o historiador puede entre nosotros negar el Holocausto, el genocidio armenio o justificar la esclavitud “como una consecuencia de estructura socio-económica de la época”, sin miedo a ser denunciados ante un tribunal. La Ley de Memoria Histórica de 2007 no condiciona la “sagrada” libertad de expresión de los historiadores (no académicos, por fortuna) que justifican, desde una peculiar interpretación histórica, el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista (con bastante soporte político y judicial, por desgracia). El movimiento social y académico, volteriano y democrático, por la memoria histórica tampoco está defendiendo que se le tape la boca con la ley en la mano a los nostálgicos de un franquismo que fue capaz de eliminar y perseguir,  entre 1936 y 1977, a sangre y fuego toda oposición política, académica o cultural en España.

En conclusión, que los únicos que no tenemos completa libertad para investigar en España la dictadura franquista somos los historiadores. En 2007 llevamos a cabo una campaña nacional e internacional a favor de Dionisio Pereira, miembro del equipo de las tres universidades gallegas que investiga la represión franquista en Galicia, bajo la dirección de mi colega Lourenzo Fernández Prieto. El historiador fue denunciado judicialmente por la familia de Manuel Gutiérrez Torres, jefe de la Falange en Cerdedo durante la guerra civil, por aparecer su nombre como responsable local de la represión en las fuentes orales que utilizó Dionisio en un libro académico sobre la represión en Cerdedo (Pontevedra). Logramos que fuera absuelto.

 Desde la transición hubo más casos de historiadores, y documentalistas históricos, perseguidos en España por investigar la verdad oculta de la historia del franquismo y divulgar sus resultados. Por no hablar del proceso que está teniendo lugar en estos días en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por pretender investigar judicialmente los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como se hizo en Francia,  desde 1945 hasta hoy, con los colaboracionistas y nazis que tenían las manos manchadas de sangre.  La “libertad para la historia” de Pierre Nora en España sería, pues, reivindicar libertad de investigación y expresión para los investigadores de la represión franquista, y también para el juez Garzón, que busca  cómo en la posguerra  alemana o francesa asegurar el derecho a la justicia, la verdad histórica y la reparación de las víctimas del fascismo español.

También en Francia hay historiadores que conocen la historia de España. Bartolomé Bennassar  solicitó,  el 21 de abril de 2010, a Pierre Nora que su asociación Liberté pour l’histoire,  cuyo manifiesto llamado de Blois había suscrito nuestro hispanista, apoye a Garzón: no hubo respuesta, o sea, no. Tampoco los historiadores españoles que siguen a Pierre Nora, firmaron que yo sepa los documentos solidarios de 2007 con Dionisio Pereira ni sostienen hoy a Garzón contra sus inquisidores. Detrás de nuestros desacuerdos hay, sin duda, un problema político que tiene que ver con la revisión o no de la historia de transición a la democracia en España que está proponiendo -opino que justamente- la memoria histórica. Creo que este debate  historiográfico e ideológico es legítimo y necesario, así como las diferentes posturas. No me parece tan legítimo que se cuestione la memoria histórica como movimiento social,  y tendencia historiográfica actual, en nombre de todos los historiadores, en nombre del oficio de historiador, como sí este solamente se pudiera practicar a la manera de Ranke, Seignobos y Langlois, y no de Marc Bloch, Lucien Febvre, Pierre Vilar, Eric J. Hobsbwam, I. P. Thompson o… de Historia a Debate.