Historia, memoria y libertad*
Carlos Barros
Universidad de Santiago de Compostela
En un reciente artículo (El País, 21/1/2012), el historiador inglés Timothy Garton Ash equipara torpemente la libertad de información en la Red con las demandas políticamente orientadas de la asociación Liberté pour lhistoire, creada en 2005 por Pierre Nora para combatir -desde una concepción positivista del oficio de historiador- las lois mémorielles promulgadas por el poder legislativo en Francia desde 1990. La ley que penaliza el negacionismo del genocidio armenio (1915), perpetrado por el Estado turco, viene de ser ratificada justamente el pasado 23 de enero por el Senado francés
La libertad tiene que ser ciertamente universal, más aún en el siglo en que se superponen de manera contradictoria diversas globalizaciones: valores / mercados, por ejemplo. Por lo que el historiador no debería quedar en la pura forma (global) del fenómeno sino afinar en contenidos y contextos, desiguales y cambiantes: no todo lo que deviene universal está resultando positivo para las libertades en el mundo de hoy.
Mientras
la libertad de información en Internet, que hizo posible Wikipedia y
Wikileaks, beneficia a una inmensa
mayoría. La citada libertad para la historia de los historiadores franceses
(en la patria de Marc Bloch, profesor resistente fusilado por los nazis en 1944
y fundador de la escuela historiográfica de Annales),
favorece más bien la una minoría de extrema derecha que podrá así cuestionar
libremente la realidad histórica del Holocausto nazi, del genocidio armenio y
de la esclavitud como crimen de lesa humanidad (ley memorial de 2001). Diputados
y senadores legislaron también, en
Como historiadores somos contrarios a cualquier norma legal que coarte la libertad de expresión y de investigación histórica. Tenía razón Voltaire cuando dijo: Yo no estoy de acuerdo con el que usted dice, pero lucharía para que usted pueda decirlo; lo hicimos muchos en el tardofranquismo y la transición. Pero la frase hay que contextualizarla para aplicarla con rigor, con sentido histórico y político. Si nuestro interlocutor, por quien lucharíamos fuertemente para que pudiera disfrutar a nuestra cuenta de libertad de expresión, es un neonazi, un neofascista o un neofranquista adaptado a la legalidad democrática, ¿qué hacer? Pues mirar con quién andamos no va a ser que nos pase como a Luciano Varela, que arruinó su imagen y carrera judicial por aliarse con la extrema derecha contra el juez Garzón. El historiador tiene también que hacerse responsable de las consecuencias de sus interpretaciones y posiciones historiográficas y políticas, como cualquier otro profesional o ciudadano, y más todavía los somos profesores y funcionarios.
El contexto francés sobre historia, memoria y libertad es bien distinto, incluso contrario, al contexto español. Diferencias profundas que no tienen en cuenta los colegas que están intentando trasladar a España lo que está diciendo Pierre Nora enfrentando historia (académica) con memoria (política), desde una postura tradicional que ya exhibía en 1974 propugnando contracorriente (hoy es diferente, Annales no existe) en Faire lhistoire el retorno positivista del acontecimiento.
Hay dos modelos de memoria histórica: el alemán y el latino (ver Historia de la memoria, memoria de la historia). El primero nació en Nuremberg (1945) con los juicios políticos contra los responsables nazis del Holocausto y las leyes posteriores que penalizan el negacionismo. El segundo nació en Buenos Aires (1975) con el movimiento social de las Abuelas de lana Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y amigos de la memoria histórica que lograron, cuatro décadas después de una actividad sin tregua, un importante apoyo legal y político por parte de los gobiernos Kirchner, sin leyes punitivas que coarten la libertad de expresión de los defensores de Videla, naturalmente. Los que quedan, porque muchos de ellos están presos o pendientes de proceso, igual que en la Alemania de la posguerra aunque en Argentina la imputación de los genocidas respondió más a la presión de la sociedad civil que a la iniciativa estatal. Francia sigue con sus leyes memoriales, promulgadas por el Estado, el modelo alemán. España sigue claramente el modelo argentino.
Cualquier
ciudadano o historiador puede entre nosotros negar el Holocausto, el genocidio
armenio o justificar la esclavitud como una consecuencia de estructura
socio-económica de la época, sin miedo a ser denunciados ante un tribunal. La
Ley de Memoria Histórica de 2007 no condiciona la sagrada libertad de
expresión de los historiadores (no académicos, por fortuna) que justifican,
desde una peculiar interpretación histórica, el golpe militar de 1936 y la
dictadura franquista (con bastante soporte político y judicial, por desgracia).
El movimiento social y académico, volteriano y democrático, por la memoria
histórica tampoco está defendiendo que se le tape la boca con la ley en la mano
a los nostálgicos de un franquismo que fue capaz de eliminar y perseguir, entre 1936 y
En conclusión, que los únicos que no tenemos completa libertad para investigar en España la dictadura franquista somos los historiadores. En 2007 llevamos a cabo una campaña nacional e internacional a favor de Dionisio Pereira, miembro del equipo de las tres universidades gallegas que investiga la represión franquista en Galicia, bajo la dirección de mi colega Lourenzo Fernández Prieto. El historiador fue denunciado judicialmente por la familia de Manuel Gutiérrez Torres, jefe de la Falange en Cerdedo durante la guerra civil, por aparecer su nombre como responsable local de la represión en las fuentes orales que utilizó Dionisio en un libro académico sobre la represión en Cerdedo (Pontevedra). Logramos que fuera absuelto.
Desde la transición hubo más casos de historiadores, y documentalistas históricos, perseguidos en España por investigar la verdad oculta de la historia del franquismo y divulgar sus resultados. Por no hablar del proceso que está teniendo lugar en estos días en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por pretender investigar judicialmente los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como se hizo en Francia, desde 1945 hasta hoy, con los colaboracionistas y nazis que tenían las manos manchadas de sangre. La libertad para la historia de Pierre Nora en España sería, pues, reivindicar libertad de investigación y expresión para los investigadores de la represión franquista, y también para el juez Garzón, que busca cómo en la posguerra alemana o francesa asegurar el derecho a la justicia, la verdad histórica y la reparación de las víctimas del fascismo español.
También
en Francia hay historiadores que conocen la historia de España. Bartolomé
Bennassar solicitó, el 21 de abril de
* Traducción al castellano del artículo publicado el 3 de febrero de 2012 en el diario digital gallego Praza Pública : (https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpraza.com%2Fopinion%2F30%2Fhistoria-memoria-e-liberdade%2F&h=RAQHElcDrAQE8BeH0rz5r8TKARv5RptJV-QFBYonNKmrcjQ).