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Historia, memoria y libertad*

Carlos Barros

Universidad de Santiago de Compostela

En un reciente art�culo (El Pa�s, 21/1/2012), el historiador ingl�s Timothy Garton Ash equipara torpemente la libertad de informaci�n en la Red con las demandas pol�ticamente orientadas de la� asociaci�n Libert� pour l�histoire, creada en 2005 por Pierre Nora para combatir -desde una concepci�n positivista del oficio de historiador- las lois m�morielles promulgadas por el poder legislativo en Francia desde 1990. La ley� que penaliza el negacionismo del genocidio armenio (1915), perpetrado por el Estado turco, viene de ser ratificada justamente el pasado 23 de enero por el Senado franc�s

La libertad tiene que ser ciertamente universal, m�s a�n en el siglo en que se superponen de manera contradictoria diversas globalizaciones: valores /� mercados, por ejemplo. Por lo que el historiador no deber�a quedar en la pura forma (global) del fen�meno sino afinar en contenidos y contextos, desiguales y cambiantes: no todo lo que deviene universal est� resultando positivo para las libertades en el mundo de hoy.

Mientras la libertad de informaci�n en Internet, que hizo posible Wikipedia y Wikileaks,� beneficia a una inmensa mayor�a. La citada �libertad para la historia� de los historiadores franceses (en la patria de Marc Bloch, profesor resistente fusilado por los nazis en 1944 y fundador de la escuela historiogr�fica de Annales), favorece m�s bien la una minor�a de extrema derecha que podr� as� cuestionar libremente la realidad hist�rica del Holocausto nazi, del genocidio armenio y de la esclavitud como crimen de lesa humanidad (ley memorial de 2001). Diputados y senadores legislaron tambi�n,� en 2005, a favor de una ense�anza de la historia de Francia que destacara los �aspectos positivos� de la colonizaci�n de Argelia. Historiadores franceses que se opusieron a esta ley memorial por estar en desacuerdo con su contenido, no est�n en su mayor parte en la asociaci�n de Nora, que utiliza la orientaci�n negativa de esta ley memorial pro-colonial para justificar su oposici�n, con el argumento corporativo de que solamente los historiadores acad�micos estamos capacitados para escribir la historia, las tres leyes memoriales restantes, que� tuvieron el voto favorable de todos los partidos representados en el Parlamento menos el Front National de Le Pen.

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Como historiadores somos contrarios a cualquier norma legal que coarte la libertad de expresi�n y de investigaci�n hist�rica. Ten�a raz�n Voltaire cuando dijo: �Yo no estoy de acuerdo con el que usted dice, pero luchar�a para que usted pueda decirlo�; lo hicimos muchos en el tardofranquismo y la transici�n. Pero la frase hay que contextualizarla para aplicarla con rigor, con sentido hist�rico y pol�tico. Si nuestro interlocutor,� por quien luchar�amos fuertemente para que pudiera disfrutar a nuestra cuenta de libertad de expresi�n, es un neonazi, un neofascista o un neofranquista adaptado a la legalidad democr�tica, �qu� hacer? Pues mirar con qui�n andamos no va a ser que nos pase como a Luciano Varela, que� arruin� su imagen y carrera judicial por aliarse con la extrema derecha contra el juez Garz�n. El historiador tiene tambi�n que hacerse responsable de las consecuencias de sus interpretaciones y posiciones historiogr�ficas y pol�ticas, como cualquier otro profesional o ciudadano, y m�s todav�a los somos profesores y funcionarios.

El contexto franc�s sobre historia, memoria y libertad es bien distinto, incluso contrario, al� contexto espa�ol. Diferencias profundas que no tienen en cuenta los colegas que est�n intentando trasladar a Espa�a lo que est� diciendo Pierre Nora enfrentando historia (acad�mica) con memoria (pol�tica), desde una postura tradicional que ya exhib�a en 1974 propugnando contracorriente (hoy es diferente, Annales no existe) en Faire l�histoire el retorno positivista del acontecimiento.

Hay dos modelos de memoria hist�rica: el alem�n y el� latino (ver �Historia de la memoria, memoria de la historia�). El primero naci� en Nuremberg (1945) con los juicios pol�ticos contra los responsables nazis del Holocausto y las leyes posteriores que penalizan el negacionismo. El segundo naci� en Buenos Aires (1975) con el movimiento social de las Abuelas de lana Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y amigos� de la memoria hist�rica que lograron, cuatro d�cadas despu�s de una actividad sin tregua, un importante apoyo legal y pol�tico por parte de los� gobiernos Kirchner, sin leyes punitivas que coarten la libertad de expresi�n de los defensores de Videla, naturalmente. Los que quedan, porque muchos de ellos est�n presos o pendientes de proceso, igual que en la Alemania de la posguerra aunque en Argentina la imputaci�n de los genocidas respondi� m�s a la presi�n de la sociedad civil que a la iniciativa estatal. Francia sigue con sus leyes memoriales, promulgadas por el Estado, el modelo alem�n. Espa�a sigue claramente el modelo argentino.

Cualquier ciudadano o historiador puede entre nosotros negar el Holocausto, el genocidio armenio o justificar la esclavitud �como una consecuencia de estructura socio-econ�mica de la �poca�, sin miedo a ser denunciados ante un tribunal. La Ley de Memoria Hist�rica de 2007 no condiciona la �sagrada� libertad de expresi�n de los historiadores (no acad�micos, por fortuna) que justifican, desde una peculiar interpretaci�n hist�rica, el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista (con bastante soporte pol�tico y judicial, por desgracia). El movimiento social y acad�mico, volteriano y democr�tico, por la memoria hist�rica tampoco est� defendiendo que se le tape la boca con la ley en la mano a los nost�lgicos de un franquismo que fue capaz de eliminar y perseguir,� entre 1936 y 1977, a sangre y fuego toda oposici�n pol�tica, acad�mica o cultural en Espa�a.

En conclusi�n, que los �nicos que no tenemos completa libertad para investigar en Espa�a la dictadura franquista somos los historiadores. En 2007 llevamos a cabo una campa�a nacional e internacional a favor de Dionisio Pereira, miembro del equipo de las tres universidades gallegas que investiga la represi�n franquista en Galicia, bajo la direcci�n de mi colega Lourenzo Fern�ndez Prieto. El historiador fue denunciado judicialmente por la familia de Manuel Guti�rrez Torres, jefe de la Falange en Cerdedo durante la guerra civil, por aparecer su nombre como responsable local de la represi�n en las fuentes orales que utiliz� Dionisio en un libro acad�mico sobre la represi�n en Cerdedo (Pontevedra). Logramos que fuera absuelto.

�Desde la transici�n hubo m�s casos de historiadores, y documentalistas hist�ricos, perseguidos en Espa�a por investigar la verdad oculta de la historia del franquismo y divulgar sus resultados. Por no hablar del proceso que est� teniendo lugar en estos d�as en el Tribunal Supremo contra el juez Garz�n por pretender investigar judicialmente los cr�menes de lesa humanidad de la dictadura, como se hizo en Francia,� desde 1945 hasta hoy, con los colaboracionistas y nazis que ten�an las manos manchadas de sangre.� La �libertad para la historia� de Pierre Nora en Espa�a ser�a, pues, reivindicar libertad de investigaci�n y expresi�n para los investigadores de la represi�n franquista, y tambi�n para el juez Garz�n, que busca� c�mo en la posguerra� alemana o francesa asegurar el derecho a la justicia, la verdad hist�rica y la reparaci�n de las v�ctimas del fascismo espa�ol.

Tambi�n en Francia hay historiadores que conocen la historia de Espa�a. Bartolom� Bennassar� solicit�,� el 21 de abril de 2010, a Pierre Nora que su asociaci�n Libert� pour l�histoire,� cuyo manifiesto llamado de Blois hab�a suscrito nuestro hispanista, apoye a Garz�n: no hubo respuesta, o sea, no. Tampoco los historiadores espa�oles que siguen a Pierre Nora, firmaron que yo sepa los documentos solidarios de 2007 con Dionisio Pereira ni sostienen hoy a Garz�n contra sus inquisidores. Detr�s de nuestros desacuerdos hay, sin duda, un problema pol�tico que tiene que ver con la revisi�n o no de la historia de transici�n a la democracia en Espa�a que est� proponiendo -opino que justamente- la memoria hist�rica. Creo que este debate� historiogr�fico e ideol�gico es leg�timo y necesario, as� como las diferentes posturas. No me parece tan leg�timo que se cuestione la memoria hist�rica como movimiento social,� y tendencia historiogr�fica actual, en nombre de todos los historiadores, en nombre del oficio de historiador, como s� este solamente se pudiera practicar a la manera de Ranke, Seignobos y Langlois, y no de Marc Bloch, Lucien Febvre, Pierre Vilar, Eric J. Hobsbwam, I. P. Thompson o� de Historia a Debate.