Historia, memoria y franquismo*

 

 

Carlos Barros

Universidad de Santiago de Compostela

 

En un artículo en El País[1] el historiador inglés Timothy Garton Ash[2] equipara -en mi opinión, torpemente- la libertad de información en la red con las demandas de la asociación Liberté pour l’histoire, creada en 2005 por Pierre Nora para combatir, desde una concepción declaradamente positivista del oficio de historiador, las lois mémorielles promulgadas por el poder legislativo en Francia desde 1990. Una de ellas, la ley que penaliza el negacionismo del genocidio armenio (1915), perpetrado por el Estado turco, fue ratificada el 23 de enero de 2012, por el Senado francés. Y el pasado 10 de mayo de 2013 François Hollande presidió la conmemoración de la aprobación de otra ley memorial que declaró, en 2001, la esclavitud como un “crimen contra la humanidad”: la cuestión de la memoria en Francia sigue hoy viva tanto política como historiográficamente, dimensiones que se entrelazan, se quiera reconocer o no reconocer, como los avestruces.

 

¿Puede ser amnésica la libertad?

 

La libertad ha de ser ciertamente universal, más en este siglo XXI en que se superponen de manera contradictoria fenómenos de orden mundial: globalización de los mercados / globalización de los valores, por ejemplo. El historiador no debería quedarse con la pura forma global del tiempo que nos toca vivir sino afinar y profundizar en sus contenidos y contextos, desiguales y cambiantes. Obviamente, no todo lo que deviene universal está resultando positivo para las libertades individuales y colectivas en el mundo de hoy, hay que discernir.

Mientras la libertad de información en Internet, que hizo posible Wikipedia y Wikileaks, beneficia a una inmensa mayoría, la citada “libertad para la historia” de un sector significado de los historiadores franceses[3], favorece más bien a una minoría de extrema derecha que podría así cuestionar en Francia, sin cortapisas legales, la realidad histórica del Holocausto nazi, del genocidio armenio y de la esclavitud como crímenes de lesa humanidad.

Hay que decir también que diputados y senadores legislaron, en 2005, a favor de una enseñanza de la historia de Francia que destacara los “aspectos positivos” de la colonización de Argelia. Los historiadores franceses que se opusieron –antes de que lo hiciese Nora contra las leyes memoriales progresistas[4]– a esta ley memorial pro-colonial, no están lógicamente en su mayor parte siguiendo a la asociación conservadora de Pierre Nora, que utiliza la orientación políticamente negativa de esta ley memorial para “justificar” su oposición a las tres restantes de orientación más universal, con un argumento corporativo además, que hubiera gustado a Ranke, Langlois y Seignobos, donde se viene a decir que “solamente” los historiadores académicos estamos capacitados para escribir la historia… En oposición a la gran mayoría de los franceses, toda vez que las leyes memoriales contra el Holocausto, el genocidio armenio y la esclavitud tuvieron el voto favorable de todos los partidos representados en el parlamento francés menos del Front National de Le Pen, con quien se alinea objetivamente la asociación de Pierre Nora.

Como historiadores, académicos y demócratas somos por supuesto contrarios a cualquier norma legal que coarte la libertad de expresión y de investigación histórica, lo que suele perjudicar a las causas histórico-historiográficas más nobles, justamente porque -contra lo que afirma Nora- pensamos que la historia académica ha de ser moral y nuestro oficio sujeto a una deontología profesional[5]. Tenía razón el verdadero autor inglés[6] de la conocida frase “Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero lucharía para que usted pueda decirlo”[7], atribuida a Voltaire, paradigma de la tolerancia ilustrada. Frase que debemos contextualizar para aplicarla con rigor, es decir con sentido histórico y político. Si nuestro interlocutor, por quien nos batimos para que pueda disfrutar hoy de libertad de expresión, sigue siendo un neonazi, un neofascista o un neofranquista con ropaje “democrático”, con lo que supone de riesgo para las libertades, ¿qué hacer? Pues no ignorar a quién estamos beneficiando, sin renunciar a la tolerancia, cuando se trata de memoria y de libertad, y sopesar cómo ello afecta a nuestra profesión, no vaya a ser que nos pase como al magistrado Luciano Varela, que  arruinó en 2012 su imagen y carrera judicial -junto con otros magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo- por aliarse contra el juez Garzón apoyando a la Falange Española y de las JONS y otro grupo de extrema derecha, ambos legalizados en España. Si bien, todo hay que decirlo, las decisiones académicas e historiográficas no tienen el mismo alcance externo que las políticas y judiciales, el historiador cabal, serio, ha de hacerse siempre responsable de las consecuencias -sobre todo colectivas- de sus interpretaciones y posiciones “en nombre de los historiadores” sobre temas de actualidad social o política, como cualquier otro profesional o ciudadano, y más todavía los que tenemos que dar ejemplo como profesores y funcionarios públicos.

 

Modelos de memoria histórica

 

El contexto francés sobre historia, memoria y libertad es bien distinto al español, incluso contrario en aspectos de fondo, primordiales[8]. Diferencias cualitativas que no tienen en cuenta colegas que pretenden -legítimamente, por supuesto- trasladar a la historiografía española[9] la propuesta francesa de confrontar de manera suicida historia con memoria, objeto con sujeto, academia con sociedad, historiador con su tiempo.  Desde una posición historiográficamente conservadora que Pierre Nora ya exhibía precozmente, hace cuatro décadas, propugnando a contracorriente[10] la continuidad de la historia positivista basada en el acontecimiento[11], primero, y editando después,  Les lieux de mémoire[12], donde pone en práctica su concepto objetivista, cosificador, de una memoria histórica de tipo conmemorativo alrededor de las grandes fechas, lugares y acontecimientos ligados a una historia nacional francesa de batallas y “grandes hombres”[13]. Concepto tradicional de memoria como objeto de estudio que desvía a los márgenes la historia social de la memoria, renuncia a un enfoque historiográfico global, ignorando en nombre de un supuesto monopolio académico la fundamental contribución memorial del sujeto histórico presente, inmediato[14]. En suma, la noción de memoria del fundador de Liberté pour l’histoire está falta de sustancia humana,  a años luz del “ogre historien” del fundador de Annales[15]. Memoria de bronce más propia del siglo XIX que de los tiempos presentes, por mucho que se rodee de un lenguaje más actual, cuyo regreso aprovecha el terreno libre para los “retornos” que ha dejado el agotamiento de las vanguardias historiográficas del siglo XX.

En realidad, hay dos modelos de memoria histórica: el alemán y el latino[16]. El primero nació en Nuremberg (1945) con los juicios políticos contra los responsables nazis del Holocausto y las leyes posteriores que penalizan el negacionismo. El segundo nació en Buenos Aires (1975) con el movimiento social de las Abuelas de la Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y amigos  de la memoria histórica (derechos humanos, dicen allí retrospectivamente) que lograron, cuatro décadas después de una actividad sin tregua, un importante apoyo legal y político por parte de los  gobiernos Kirchner, sin leyes punitivas -a diferencia de los Gobiernos alemanes apoyados por los Aliados- que coarten la libertad de expresión de los partidarios de Videla[17] para poder defender o justificar los “logros” de la dictadura argentina (1976-1939). Los que quedan en la base social, porque de los más protagonistas algunos están muertos (como Videla) y otros presos o pendientes de proceso. También están siendo juzgados al igual que en la Alemania de la posguerra, si bien en Argentina la imputación de los genocidas respondió más a la presión de la sociedad civil y en Alemania a una decisión política de la coalición militar anti-nazi (con el apoyo de la parte más democrática de la población alemana). Francia, que también fue liberada por los Aliados (con el apoyo de los franceses de la resistencia), sigue con sus leyes memoriales, promulgadas por el Estado democrático, el modelo alemán. El caso español se inspira, en cambio, en el modelo argentino: la memoria histórica entre nosotros es, ante todo, un movimiento social (secundado por historiadores como también pasó en Argentina) respaldado de manera escasa, débil y transitoria, por el primer Gobierno Zapatero (2004-2008) y las Comunidades Autónomas no gobernadas por el Partido Popular.

Cualquier ciudadano o historiador puede en España negar el Holocausto, el genocidio armenio o justificar la esclavitud como una consecuencia “natural” de la estructura socioeconómica de la época[18], sin miedo a ser llevados ante un tribunal de justicia[19]. A diferencia de Francia, la Ley de Memoria Histórica de 2007 no condiciona la libertad de expresión de los historiadores, académicos y no académicos. De hecho, ha surgido paralelamente, fuera de la Universidad, con Pío Moa, César Vidal y otros, una historiografía neofranquista que legitima[20], en ausencia de base empírica, el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, sin que ningún descendiente de sus víctimas los haya denunciado[21], y aún menos cualquier poder democrático surgido de la cuestionada transición de 1977[22]. El movimiento español social y académico, volteriano y democrático, por la memoria histórica no está defendiendo, por consiguiente, que se les tape sin más la boca con la ley en la mano[23] a los nostálgicos del franquismo[24]. Se exige sencillamente justicia, verdad histórica y reparación para las víctimas, de acuerdo con el derecho internacional, sin lo cual jamás existirá en España una democracia completa, real.

 

Memoria histórica en España

 

Resumiendo: al contrario que en Francia los únicos que no tienen entera libertad para investigar en España la dictadura franquista, sin pasar por un juez, son los historiadores, en su inmensa mayoría demócratas, es decir no franquistas[25]. En 2007 hemos llevado a cabo como Academia Solidaria de la red temática Historia a Debate una campaña nacional e internacional a favor de Dionisio Pereira[26], miembro del equipo de las tres universidades gallegas que investiga la represión franquista en Galicia[27]. Contra el historiador gallego presentó una querella judicial la familia de Manuel Gutiérrez Torres, jefe de la Falange en Cerdedo durante la guerra civil, por publicar su nombre como responsable local de la represión, dato sacado de las fuentes orales que utilizó Dionisio en su libro[28] sobre la represión en ese pueblo de la provincia de Pontevedra. Entre todos, logramos finalmente que fuera absuelto[29].

Desde la transición, en democracia, hubo otros casos de historiadores, y documentalistas históricos, perseguidos en España por investigar la verdad oculta de la historia del franquismo y divulgar sus resultados[30]. Por no hablar del proceso (procesos, en realidad) que tuvieron lugar, entre 2010 y 2012, en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón[31] por pretender investigar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, como se hizo justamente en Francia, desde 1945 hasta hoy, con los colaboracionistas y nazis que tenían las manos manchadas de sangre.  La Liberté pour l’histoire de Pierre Nora en España sería, pues, reivindicar la libertad de investigación y de expresión para los investigadores de la represión franquista, sosteniendo al juez Garzón, que pretendió (corriendo riesgos profesionales que pocos están dispuestos a afrontar) asegurar el derecho a la justicia, la verdad histórica y la reparación de las víctimas del fascismo español, como se hizo en Alemania y Francia durante la posguerra, no sobra insistir.

A Pierre Nora le reclamaron, naturalmente, que se comprometiera en el caso de Garzón: “Je suis sollicité de divers côtés pour prendre position dans l’affaire du procès du juge Garzón”, escribe el 14 de abril de 2010 a Bartolomé Bennassar pidiéndole su opinión, como firmante del manifiesto de Blois de  Liberté pour l’histoire y conocedor de la España moderna… El hispanista contesta el 21 de abril, aconsejando que Nora y su asociación pidan la anulación del juicio: “En bref, s’il s’agit de soutenir le juge Garzón pour que l’accusation contre lui soit retirée”[32]. No hubo respuesta, hasta hoy, tres años después. Liberté pour l’histoire  tiene dos varas de medir: libertad para investigar la historia, sin persecución judicial, en Francia, sí; pero en España donde los investigadores afectados suelen ser demócratas de  izquierdas, no. Probablemente a muchos de los colegas franceses seguidores de Pierre Nora, y a él mismo, les dé igual el problema de Garzón y la memoria histórica en España. Lo extraño es que historiadores españoles  que no son del Partido Popular, que jugó un papel muy activo -a través de Federico Trillo, actual embajador de España en Londres- en la defenestración del juez y que todavía –recordemos- no condenó todavía la dictadura y sus consecuencias, se alineen (objetivamente) con la derecha académica francesa para negar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas españolas del plan franquista de exterminio posterior a 1936.

A estas alturas, la razón de esta extraña y fallida[33] alineación anti-memoria histórica no debe buscarse tanto en una desfasada adhesión política a una transición española agotada, que ya nadie ve como “modélica”, como en la tardía adhesión historiográfica y epistemológica a un concepto positivista del oficio de historiador que separa de manera artificial (acientífica) el objeto del sujeto de la historia (sea éste agente histórico o agente historiográfico), el pasado del presente, la historia de la memoria. Por fortuna se trata de un fenómeno minoritario y la universidad española, víctima histórica también del franquismo, como se va sabiendo y divulgando últimamente[34], está poniendo sus medios para ayudar al movimiento memorialista español a recuperar los cuerpos de las víctimas y la plena verdad histórica de los pueblos de España durante la tiranía.

 

Memoria y movimientos sociales

 

Adentrados en la transición histórica del siglo XX al siglo XXI, la historia y la historiografía están de actualidad en España, y otros países. Hemos vivido en paralelo, en el inicio de este nuevo milenio, tres nuevos movimientos sociales de transcendencia histórica e historiográfica, y por lo tanto política, afectando manifiestamente a las mentalidades sociales, sociales, políticas…  y académicas.

En primer lugar, la recuperación de la memoria histórica que se inicia en El Bierzo (León) en  el año 2000, con la apertura de la primera fosa de fusilados de la guerra civil por un grupo encabezado por Emilio Silva, el primer nieto de fusilados de la guerra civil que se ha coordinado con otros afectados para recobrar los cuerpos y el recuerdo de sus familiares (hubo en los años 70 iniciativas pronto “olvidadas”[35]), y ayudar a los actores sociales y políticos a cuestionar una democracia con grandes agujeros, reanudando su (re) construcción décadas después de una transición inacabada.

El segundo movimiento social nos concierne de manera si cabe más directa a los historiadores, en particular a los que nos interesamos por la historiografía: el relanzamiento y actualización de la historiografía franquista como parte substancial del auge del pensamiento ultraconservador en España a partir de la segunda legislatura de José María Aznar (2000-2004). Se dice[36] que esta “nueva derecha española” se asemeja -en alguna medida, es cierto- al Tea Party de gran influencia (negativa para su desarrollo) en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Pero yo creo que la nuestra no es una derecha radicalizada tan “nueva”: su principal componente vital e intelectual, religioso, histórico e historiográfico es, sin lugar a dudas, el neofranquismo[37]. Hemos vivido, pues, en esta última década, un inquietante retorno a las raíces franquistas de buena parte de lo que fue la UCD, absorbida en los años 80 por Alianza Popular, heredera directa del franquismo político, que dio paso en 1989 al en el actual Partido Popular. En 2012, en el “partido único” de la derecha española se siguen conservando vivas la memoria -cuando no la reivindicación- de sus raíces históricas dictatoriales, a lo que contribuye altamente la cierta derecha mediática, por un lado, y la historiografía neofranquista, por el otro[38]. Pasadas más de tres décadas de la transición, siguen los dirigentes y diputados del PP negándose,  en plena democracia,  dentro y fuera de la sede parlamentaria, a condenar el franquismo, oponiéndose por activa y por pasiva a la recuperación de nuestra memoria histórica, incluyendo el boicot desde el Gobierno, desde finales de 2011, a la vigente y edulcorada Ley de Memoria Histórica de Zapatero[39] y al proceso judicial contra los crímenes de franquismo que lleva adelante contra viento y marea desde Argentina la jueza Servini, en aplicación de la justicia universal. Pasó el 28 de diciembre de 2011 en la Diputación Provincial de Lugo donde el Partido Popular se negó a votar que se le retiraran los honores concedidos a Franco durante su  dictadura (1936-1977)[40]; lo mismo en el ayuntamiento de A Coruña respecto a Millán Astray[41] así como en tantas otras instituciones españolas de nuestra endeble democracia representativa[42]. La última vez que el PP se negó a condenar el franquismo acaba de suceder en el Congreso de Diputados el 21 de mayo de 2013[43].

La tercera gran novedad social, histórica y política, también con implicaciones historiográficas, es el movimiento de los indignados,  nacido el 15 de mayo de 2011, que ha sensibilizado a la sociedad española de tal modo,  y en un plazo tan breve, que pudimos ver como el Rey Juan Carlos I pidió disculpas, el 18 de abril de 2012, al pueblo español ante la avalancha de críticas recibidas, dentro y fuera de la red,  por haber  ido a cazar elefantes a Botswana,  estando sus súbditos en el foco victimario de una tormenta continua de recortes de derechos sociales, salarios, gasto público y agresiones a la educación y a la sanidad. Los sondeos de opinión pública realizados en 2011, 2012 y 2013 vienen dando un 70-80 % de españoles que piensan que el 15M tenía, y tiene, razón en sus motivaciones, críticas y demandas. Las movilizaciones del 23F y 25A de 2013 muestran la tendencia reciente del 15M a converger con las viejas pero actuales reivindicaciones democráticas del antifranquismo[44].

Junto con el auge de la indignación generalizada en España con la grave crisis económica, política y social, provocada por los poderes financieros e institucionales, internacionales y nacionales, crece de manera interrelacionada la conciencia ciudadana acerca de la insuficiencia de la democracia surgida, en 1977, de una transición de la dictadura a la democracia en condiciones (internas) adversas. Somos testigos en la segunda década de este nuevo siglo de una vasta indignación social con una fuerte dimensión política que está erosionando de manera difícilmente reversible el bipartidismo, la monarquía, la “clase política”, etc. Cuestionando una Constitución limitada que ni siquiera es la misma que promovimos y aprobamos en 1978, toda vez que la reforma constitucional de 27 de setiembre de 2011 del artículo 135 situó, ilegítimamente, el interés de los bancos acreedores por encima de la mayoría social y la soberanía del pueblo español, al fijar por ley orgánica el tope máximo del déficit público en el 0,4 % del PIB,  haciendo “obligatorios” de este modo los actuales recortes con su secuela de desempleo desmesurado: algo que no estaba en el espíritu ni en la letra de la Constitución consensuada (bajo la bota militar, recordemos) para salir de la dictadura de Franco. Golpe de mano “constitucional” por parte de un sistema bipartidista (en crisis[45]) que agravó de este modo el desapego acelerado de los demócratas,  y del conjunto de la población española, con la institucionalidad política surgida del cambio “tutelado” de la dictadura a la democracia a finales de los 70.

Por no hablar de una indignación económica que está en el origen de este movimiento social en curso[46]. Entendemos el 15-M, por consiguiente, como  un claro síntoma, causa y consecuencia  de una insatisfacción ascendente, con consecuencias mediatas políticas y electorales, que pone sobre la mesa la urgencia de un nuevo impulso democrático en España para salir de esta interminable crisis económica, social e institucional, en fase aguda desde 2010. Lo que obliga a que todas las fuerzas de progreso, la izquierda en su sentido más amplio y variado, asuman sus responsabilidades.

Históricamente la izquierda ha sido, en España, motor principal de la lucha por la libertad y el progreso desde las Cortes de Cádiz. En el siglo XIX fue la izquierda liberal y los inicios de una izquierda obrera, y en el siglo XX las izquierdas socialista, anarquista, comunista, nacionalista, republicana…. hasta la transición y los comienzos prometedores del siglo XXI en cuanto a movilizaciones sociales (factor clave, ayer y hoy, para la regeneración política). No hablo solamente de la izquierda política, cuyas responsabilidades, retos y defectos arrastrados son evidentes, y nada fáciles de resolver (para unos menos que para otros). Me refiero, más acá y más allá de la política, a la izquierda social, por un lado, y a la izquierda cultural y académica, por el otro. En la propia universidad estamos siendo forzados, queramos o no, tanto representantes y gestores como profesores y estudiantes, a salir pública y continuamente, individual y colectivamente, en defensa de la universidad pública, en claro peligro por los recortes que nos vienen impuestos al margen de la soberanía popular[47].

 

Franquismo en la Real Academia de la Historia

 

En este contexto global crítico, y también en mayo del año 2011, la Real Academia de la Historia española dio a conocer el Diccionario Biográfico Español[48]. Yo no digo que no sea útil para los historiadores, pese a su elevadísimo precio (3.500 euros[49]) un Diccionario con tantos datos,  más o menos contrastados, sobre los “grandes hombres” de la historia de España: incluso para los que no somos precisamente devotos del fundador del positivismo aplicado a la historia,  Leopold von Ranke, cuyo enfoque historiográfico ocultaba (y oculta para sus seguidores actuales, por lo regular interesadamente)  el papel de los sujetos sociales en la escritura de la historia.  El tradicionalismo historiográfico, con todo, no es lo peor del Diccionario Biográfico Español. Lo peor es el filofranquismo que anida en las entradas políticas del Diccionario que tienen que ver con la historia del siglo XX. Se ha dicho hasta la saciedad,  y hay que recordarlo, cómo  Franco y su régimen son calificados, en el Diccionario auspiciado por la Real Academia de la Historia, simplemente de “autoritarios” negando (al igual que el PP en el Congreso de Diputados), contra toda evidencia histórica, que Franco fue un dictador, y su régimen político una dictadura especialmente represiva, emparentada con el nazismo alemán y el fascismo italiano que animaron el golpe del 36, sosteniendo después militarmente de manera contundente la guerra civil que desencadenó del bando franquista contra el gobierno republicano legítimamente elegido. La caracterización del franquismo como una dictadura es un paradigma compartido, de forma ampliamente mayoritaria, por los historiadores españoles e hispanistas, así como por politólogos y sociólogos, dentro y fuera de España.

Esta polémica político-historiográfica provocada por el Diccionario Biográfico Español coincide, no casualmente, con dos hechos históricos significativos. En primer lugar, las elecciones del 20 de noviembre de 2011 cuyos resultados supusieron un desplazamiento hacia la derecha más conservadora de la mayor parte de las instituciones públicas en todos los ámbitos de elegibilidad (municipal, autonómico y estatal), en un grado que no se había dado desde la transición a la democracia. Monopolio unipartidista del poder político que afectó a todo tipo de instituciones no elegibles que dependen de la administración del Estado como el Tribunal Supremo[50] o la Real Academia de la Historia.  Entre las primeras medidas que toma el Gobierno del PP que sale de la mayoría absoluta del 20N está, justamente, ratificar[51] su generosa subvención económica para que la RAH termine el trabajo del Diccionario Biográfico Español sin cambiar nada[52] de su orientación, al contrario, asumiendo  y animando el neofranquismo que destilan las partes más contemporáneas del Diccionario de la RAH: premiada así por el Gobierno de Rajoy por la fidelidad y proximidad a sus inquietudes ideológicas e historiográficas, a la vez que se recortaba la educación y la investigación, se abandonaban las ayudas a la cultura y se le negaba la ayuda económica al aplazado Diccionario Histórico de la lengua castellana de la Real Academia Española, de cariz más democrático y plural y, sin duda, de menor “utilidad política” para el PP[53].

El segundo hecho que concuerda, tampoco por azar, con la salida a la luz del criticado Diccionario Biográfico Español es la expulsión mencionada de Baltasar Garzón de la judicatura a poco de iniciarse el reinado de Mariano Rajoy, por querer investigar judicialmente los desmanes de una dictadura que se alaba, disculpa y/o justifica  en este diccionario de “grandes figuras” de la historia contemporánea de España, donde el vinagre político-historiográfico corrompe académica y políticamente el conjunto de la obra[54].

El Diccionario de la RAH ha provocado, provoca, y seguirá provocando en el futuro, una fuerte repulsa democrática y profesional, entre los historiadores españoles, de convicciones genuinamente democráticas en su gran mayoría. Se han sentido todavía más agraviados aquellos colegas -ignorados olímpicamente por los editores del Diccionario- que llevan años trabajando con rigor, ética y productividad sobre los periodos históricos tergiversados por los autores más extremistas y menos escrupulosos del Diccionario Biográfico Español.

Veamos las críticas más significativas y colectivas de la academia historiográfica hacia los editores y determinados autores del impugnado Diccionario. Primero, y no por ser profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que también, sino por la ampliación de la crítica que entraña del Diccionario a la RAH y la difusión que tuvo: el escrito del Departamento de Historia Contemporánea de la USC, en 2011, difundido entre los departamentos de esta área de conocimiento histórico de las restantes universidades españolas:

LA ACADEMIA SOMOS NOSOTROS.

Los historiadores e historiadoras que firmamos este texto no podemos sentirnos representados por la Academia de la Historia. Queremos afirmarlo rotundamente en relación con la interpretación del franquismo que hacen algunas voces incluidas en el Diccionario Biográfico Español, recientemente publicado.

Lo consideramos un atentado a la profesión y a su estatuto académico. La Historia es un conocimiento basado en reglas conocidas, construido a través de fuentes, resultados contrastables y siempre sometidos a debate.

El Diccionario Biográfico que ha editado la Academia contiene, en la forma y en el fondo, en el procedimiento de elaboración y en sus resultados, tal grado de agresión a los principios mínimos del oficio historiográfico que gran parte de sus resultados no pueden ni someterse a debate público: no es que no lo resistan, es que no lo merecen.

La reproducción de relatos propagandísticos de la Dictadura franquista sobre ella misma o el pasado, y la ideología militantemente franquista o furibundamente confesional que contiene esta publicación no puede considerarse Historia sino mera propaganda.

Consideramos que es hora de decir basta por el bien de la profesión y, además, por la consideración social que merece la Historia. Momento habrá para debatir por qué llegamos a esta situación y porqué se atribuye autoridad a quien no la tiene con todas las bendiciones públicas.[55]

Segundo,  la plataforma ciudadana presidida por Emilio García Wiedemann[56] que se ha constituido,  también en 2011 (año de los indignados) para denunciar judicialmente,  desde la Granada de Federico García Lorca, a la Real Academia de la Historia y señalados autores del Diccionario Biográfico Español: demandan que se retiren los tomos donde se hace apología del franquismo (a pesar de que no es delito en España, como ya dijimos) y que la RAH devuelva la subvención recibida de 6,4 millones para la publicación[57]. La querella ha sido finalmente archivada un año después, bajo el Gobierno de Rajoy, por el Fiscal General de la Comunidad de Madrid (al parecer el Gobierno no se fiaba de los fiscales andaluces) el 5 de junio de 2012.

Tercero, el 9 de abril de 2012, se presentó la obra  colectiva En el combate por la historia, feliz iniciativa del editor Gonzalo Pontón (antes en la Editorial Crítica ahora en  Pasado & Presente) que  encargó a Ángel Viñas la  coordinación de un libro sistemáticamente crítico con el contenido más infame del Diccionario Biográfico Español. Ángel Viñas es bien conocido en nuestra red Historia a Debate por haber participado, en diciembre de 2010, con una conferencia plenaria sobre la memoria y la verdad histórica, en nuestro IV Congreso Internacional que celebramos en la Universidad de Santiago de Compostela[58]. En el libro de Viñas y otros, también conocido como “contradiccionario”, la academia universitaria en uso de su autonomía contradice a la Real Academia de la Historia, organismo político-cultural que funciona por cooptación, vinculado al Gobierno y   reflotado por Aznar en su primera legislatura (1996-2000) para promover la Idea Histórica de España[59]: desvalorizada finalmente por la deriva neofranquista de los miembros más influyentes de la RAH[60], y el sesgo conservador de un nacionalismo historiográfico español que elude tomar en consideración la secular plurinacionalidad de España, en pleno conflicto con Cataluña[61].

La importancia historiográfica y política de la obra colectiva coordinada por Ángel Viñas es doble. Pone en evidencia la ausencia de verdad en temas y biografías del Diccionario de la Real Academia referentes a la dictadura, sus precedentes y desarrollo. Cuenta para ello el “contradiccionario” con colaboraciones de investigadores avezados sobre la II República, la guerra civil y el franquismo, cuyas contribuciones desmienten de manera concluyente las partes más sobresalientes del Diccionario Biográfico Español,  confirmando y documentando la primera impresión de historiadores y opinión pública sobre la existencia de gruesos errores,  e interpretaciones de tenor neofranquistas, en la obra de la RAH.

Ahora bien, el libro de Viñas no solo aclara datos, responde también, se reconozca abiertamente o no, a una intencionalidad ética  y democrática clara: no se puede justificar el golpe de Estado del 18 de julio contra el  Gobierno surgido de las elecciones del 16 de febrero de 1936, como hace la RAH, sin mentir descaradamente. El respeto a la verdad documentada es la primera piedra de una historiografía de valores[62], practicada con gran eficacia[63] por los autores de En el combate por la historia. Compromiso ético-social que para una parte esencial de los historiadores académicos del franquismo pasa por sostener asimismo con su trabajo profesional, en la docencia, la reflexión historiográfica y la investigación, al movimiento familiar y social de la recuperación de la memoria histórica en España. Somos muchos los historiadores que creemos, en el siglo XXI[64], que la utilidad social y la utilidad científica de nuestra disciplina no se pueden separar artificialmente, y que la historia y la memoria tienen un mismo objetivo: la verdad completa, y aplicada[65], acerca de la historia de la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco.

En fin, se dice ahora desde sectores partidarios de salvar como sea el sistema bipartidista, en crisis irreversible en esta segunda década del siglo XXI, que hay que recuperar “espíritu de consenso” de la transición… para llevar a cabo en España la política de austeridad, recortes y recesión[66] que nos imponen los poderes financieros, Ángela Merkel y la Comisión Europea. Diría yo que lo que hoy más bien necesitamos en España es recobrar el espíritu genuinamente democrático del movimiento social antifranquista que tuvo unas características originales que el 15M, como parte importante del movimiento global de indignación nacido en 2011[67], empieza (re) conocer como aquel caballero de Molière que hablaba prosa sin saberlo, es decir: (1) El protagonismo imprescindible de la sociedad civil en la regeneración política e institucional. (2) La lucha social y cultural “desde abajo” por una democracia plena y radical, en el sentido de devolver las instituciones a la soberanía popular, garantizando que cada hombre o mujer valgan un voto, por medio de medidas que ya han sido planteadas por el movimiento indignado desde la Acampada en la Puerta del Sol como la proporcionalidad de la ley electoral, convocatorias de referéndums vinculantes, control y posibilidad de deposición de los representantes elegidos, etc. (3) De modo que los ideales y valores de justicia, democracia y progreso de toda la vida estén en la acción política de nuevo en primer plano, como en el movimiento antifranquista, por encima del usufructo o gestión de un poder institucional, por lo demás  hoy generalmente reprobado por los españoles. Nuevas pero en realidad viejas formas de hacer política (persiguiendo ideales; no confundir con el idealismo filosófico) que tanto precisa la sociedad española y más todavía la mal llamada “clase política”, asimismo desprestigiada en España según todas las encuestas de opinión.

Aunque no en la misma medida, los historiadores estudian el antifranquismo de junto con el franquismo[68]. El historiador avanzado, que ve más allá del positivismo,  investiga tanto lo peor como lo mejor del pasado, lo primero para que no se repita, lo segundo para que sirva de ejemplo, a fin de, en ambos casos, contribuir deontológicamente a un presente y a un futuro mejores[69], mostrando así la utilidad pública de la historia académica en tiempo de insanos recortes.

Sobre cómo se reprimió el antifranquismo social, político y cultural desde 1936 hasta 1976 trata, en realidad, el movimiento social y académico de la memoria histórica. Queda mucho por investigar y reivindicar de las víctimas del franquismo. Repasemos a modo de ejemplo de represión tardofranquista, sin investigar todavía histórica y judicialmente, los asesinatos cometidos por el régimen en Galicia en la primera mitad de los años 70.

 

Muertos que quieren vida

 

En la tradición gallega de la Santa Compaña se dice que las almas del purgatorio no pueden entrar en el cielo y se aparecen a los vivos caminando por la noche en procesión, penando por sus pecados o por los pecados de los que las victimaron. De este tipo son Amador Rey y Daniel Niebla de Ferrol, Xosé Ramón Reboiras de Dodro, A Coruña, y Xosé Humberto Baena de Vigo. Pertenecían a familias ideológicas diversas y fallecieron violentamente en años y lugares distintos, pero se puede decir que andan imaginariamente juntos porque fueron asesinados de la misma manera: a tiros por la dictadura franquista en sus estertores.

Amador y Daniel (36 años, padres de familia) murieron el 10 de marzo de 1972 en la Ponte das Pías, cuando se manifestaban pacíficamente con sus compañeros de los astilleros Bazán (Xulio Aneiros, Rafael Pillado, Manuel Amor, José María Riobóo, Ignacio Fernández Toxo…), ahora Navantia, en defensa de sus derechos laborales. Desde entonces, cada diez de marzo sus compañeros se manifiestan en su recuerdo. En 1997, el Parlamento de Galicia, a petición del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (CC.OO.), reconoció el 10 de marzo como “Día da clase obreira galega”, y los trabajadores de los diferentes sindicatos continúan recordando cada 10 de marzo a sus compañeros caídos en la masacre de 1972, que llevan cuatro décadas sin descanso por culpa de otros… Dicen los colegas de derecho internacional que los crímenes de lesa  humanidad nunca prescriben, aunque haya leyes de amnistía-impunidad, si bien estimo que en España no se promulgó siquiera tal impunidad en la amnistía de 1977, largamente reivindicada y pensada para los presos antifranquistas[70]. Después de 40 años todavía está pendiente una investigación judicial democrática sobre el ametrallamiento de los trabajadores de Ferrol,  que tenga por finalidad identificar y procesar, como en cualquier otro asesinato, a sus responsables materiales e intelectuales.

Moncho Reboiras (25 años), perito industrial y militante nacionalista, murió el 12 de agosto de 1975 en la calle da Terra también en Ferrol, como resultado de las balas que le dispararon por la espalda policías franquistas, como muestra la camisa que conserva su familia. Cada 12 de agosto su partido, la Unión do Pobo Gallego (UPG), fundador del  partido parlamentario Bloque Nacionalista Gallego (BNG), le rinde un homenaje[71]. En 2009, su hermano recibió[72] una carta de reconocimiento del Gobierno español, de acuerdo con la Ley Memoria Histórica de 2007, por haber Ramón Reboiras “padecido persecución y violencia ilegítima, hasta darle muerte, por su militancia política nacionalista”[73]. 37 años después de este crimen político, Reboiras sigue esperando que un juez imparta justicia ordenando a la policía investigar este fallecimiento encarnizado, tres meses antes de la muerte natural de Franco, que ese fatídico día estaba justamente en A Coruña.

Xosé Humberto Baena, murió el 27 de septiembre 1975 con los últimos fusilados del franquismo: Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, sus compañeros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico de (FRAP), y los miembros de ETA, Jon Paredes “Txiki” y Ángel Otaegui[74]. Penas de muerte contra las que hubo manifestaciones en toda España y una gran  solidaridad internacional que no hizo vacilar a Franco: las firmó dos meses antes de morir. Luis Eduardo Aute inmortalizó en la canción “Al Alba”[75] el sufrimiento colectivo que causó en tantos españoles aquellos crímenes de Estado. Humberto, estudiante de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela, primero, y peón de fundición, después, nos dejó un documento de valor histórico: una carta de despedida[76] dirigida a su familia y compañeros, donde muestra la lucidez, serenidad y valentía con que se enfrentó, a los 24 años, a una muerte injusta por sus ideales de transformación social[77].

En democracia, sus padres, y después su hermana Flor Baena, peregrinaron de tribunal en tribunal pidiendo que se revisase y anulase el ilegal proceso militar (lo acusaron, sin pruebas, de la muerte de un policía) hasta llegar al Tribunal Constitucional que, bajo la presidencia de Manuel Jiménez de Parga, no admitió en 2004 la denuncia porque: “La Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar actos de poder producidos antes de su entrada en vigor”[78]. Lo mismo que le dijeron a las familias de Julián Grimau, Salvador Puig Antich y… al propio Garzón, juez de la Audiencia Nacional. Tampoco admitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2005 (hoy, tal vez sería diferente) la reclamación de la familia Baena. La Ley de Memoria Histórica de 2007 (en vigor, teóricamente) no dice nada desgraciadamente de la anulación de las sentencias de los irregulares tribunales franquistas. La asociación de Jueces para la Democracia cambiando -al menos formalmente- posiciones anteriores[79] solicitó, después de los terribles juicios contra Garzón, la urgente anulación de las condenas del franquismo[80], sin lo cual no habrá justicia, reparación y verdad para las víctimas de los años más negros de la historia de España, ni verdadera reconciliación nacional.

 

¿Cuándo llegará a España el derecho internacional?

 

Los avances en España y otros países de los movimientos por los derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica, por un lado, y, por el otro, el desarrollo del derecho internacional y sus instituciones dedicadas a la persecución universal de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, están creando nuevas condiciones para que se haga justicia en Galicia y en España con las víctimas del franquismo, sin restricciones temporales. También contribuye el escándalo nacional e internacional provocado por el procesamiento del juez Garzón por intentar enjuiciar la naturaleza malhechora del Movimiento franquista. Escándalo y movilización nacional e internacional, 2011-2012, que impidieron ciertamente su condena por “prevaricación” (!) en el asunto del franquismo, si bien los jueces y políticos implicados en la trama lograron finalmente su expulsión, hasta 2021, de la carrera judicial en España[81] por la investigación de la corrupta trama Gürtel del PP, cuyo desarrollo posterior le dio totalmente la razón al juez que la inició el 6 de febrero de 2009: Baltasar Garzón. La funesta Sala Penal del Tribunal Supremo se vio, en 2012, en la “obligación” de reconocer la legitimidad de la posición de Garzón y otros juristas españoles, y varias organizaciones internacionales, para juzgar los verdugos franquistas. Pese a ello la mayoría del poder judicial español sigue defendiendo todavía contra derecho, arropado por el caduco bipartidismo del PP y el PSOE[82], que la Ley de Amnistía de 1977 conlleva  impunidad para los represores[83].

La “caza judicial” contra Garzón dejó claro ante el mundo entero -en los ámbitos jurídico, social y político- que en España no se va a poner en práctica de momento los criterios habituales de la justicia internacional en cuánto a persecución de los crímenes de lesa humanidad 1936-1977, y menos con un Gobierno del Partido Popular. Anomalía que abrió la posibilidad legal de aplicar el principio de jurisdicción universal, en cuya aplicación también fue pionero Garzón, buscando en otro país la justicia que en España no es posible. Enjuiciamiento externo que facilita, en coherencia con el ordenamiento jurídico internacional, el alargamiento del amparo judicial a las víctimas hasta el final de la dictadura. Al contrario que el Auto de Garzón de 2008 (consciente de las resistencias del PP, del propio PSOE y determinados jueces) sólo abarcaba hasta 1952 en la persecución de los delitos de asesinato, tortura y demás crímenes de motivación política cometidos por las franquistas, sus instituciones y órganos represivos.

Se consolida así, a partir de 2012, después de rechazo político-judicial del Auto de Garzón, la vía internacional para juzgar los crímenes del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio 1977, incluidos los asesinatos de los gallegos Amador, Daniel, Moncho y Humberto. La justicia universal sobre los crímenes del franquismo está así abierta en dos instancias internacionales: la justicia argentina y el Tribunal de Estrasburgo, más la primera que la segunda, hasta donde hoy sabemos.

La jueza federal María Servini admitió en 2010 una causa contra el franquismo, apoyada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica española, a demanda de Darío Rivas (hijo del alcalde de Castro de Rei, Galicia, asesinado por la Falange en 1936) y Silvia Carretero[84] (viuda de José Luis Sánchez Bravo, fusilado con Baena en 1975), entre otros represaliados que han ido creciendo desde entonces. Justicia argentina efectiva para las víctimas españolas de la dictadura, que quiso y no pudo conseguir Garzón, quien ya testificó en Buenos Aires confirmando formalmente, ante la jueza Servini, que en España no se investigan los crímenes del franquismo[85]. Implementación de la justicia universal desde la República Argentina reforzada por el apoyo público, de amplia resonancia internacional, que el 1 de marzo de 2012, el Gobierno y el Parlamento argentinos dieron al juez Garzón,  después del maltrato recibido en España. La experimentada jueza Servini ha declarado (18/5/2013) su optimismo en cuanto al desarrollo de la causa (son ya 150 los querellantes), pese a los trucos del Gobierno español para dificultar las declaraciones, y nos dice que confía en un año poder imputar a los 9 acusados actuales: tres exministros (incluido José Utrera Molina, suegro del Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), dos jueces y cuatro policías (también el funesto Billy el Niño, apodo de José González Pacheco). La jueza tiene muy claro que en España como en Argentina: “Hay que ir directamente sobre los que están vivos”[86]. Así lo hizo, nuestra jueza argentina el 18 de setiembre de 2013: lanza una orden de detención internacional contra cuatros represores y torturadores del franquismo, muchas de cuyas víctimas fueron estudiantes[87], devolviendo a la España democrática lo que hizo el juez Garzón con el dictador Videla en 2000.

La segunda opción[88] es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en febrero de 2012, admitió a trámite una demanda del Fòrum per la Mèmoria del País Valencià de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos fundamentales en nombre de 23.661 personas asesinadas y sepultadas en seis grandes fosas comunes, entre 1939 y 1945[89]. Demanda colectiva que ya fue rechazada -al igual que la de Baena- por el Tribunal Constitucional español, trámite preceptivo que también ha debido cumplir el recurso de Garzón contra su inhabilitación,  por parte del Tribunal Supremo,  presentado en mayo de 2013[90]. Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo han de ser ejecutadas en principio por el Gobierno que corresponda, a instancia del Comité de Ministros del Consejo de Europa[91].

Paralelamente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU viene exigiendo del Estado español la derogación la Ley de Amnistía de 1977, precisamente por su utilización grosera por parte de políticos y jueces, durante 36 años, para tapar los crímenes del franquismo. La penúltima vez que la Organización de las Naciones Unidas se dirigió al Gobierno de España con dicho recordatorio y demanda fue tres días después de la expulsión de Garzón de la Audiencia Nacional: “España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las   graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas   durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”, recordó desde Ginebra el Alto Comisariado de la ONU el 11 de febrero de 2012[92]. En setiembre de 2013 tuvo lugar la visita de una delegación de la ONU a Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria para “verificar” si algo se ha hecho sobre la investigación judicial de los crímenes del franquismo, 13 años después de exigir a los Gobiernos españoles (tanto del PP y como del PSOE), jueces y demás instituciones el cumplimiento del derecho internacional tocante a las desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad[93]. Al finalizar la visita institucional, que coincidió con las órdenes internacionales de detención de la jueza Servini, la ONU exigió una vez más que al Gobierno de España la modificación de la Ley de Amnistía de 1977 y del Código Penal a fin de que se pueda hacer justicia con los crímenes del franquismo[94].

Así y todo, aunque los avances institucionales de la justicia y la verdad histórica sobre el franquismo sean ahora más internacionales que nacionales, también se dan en España, donde nos enfrentamos con una macabra paradoja: los partidos que más defienden (tienen razones) la memoria y reparación para las víctimas del terrorismo desde 1968, cuyos autores están ya en su gran mayoría presos y condenados por la justicia democrática, son los que más se oponen a la concesión, asimismo retrospectiva, de los mismos derechos humanos y democráticos, comprendido el derecho a la justicia, a las víctimas del franquismo. Doble rasero[95] de bastantes políticos que incrementa los obstáculos al proceso de paz en el País Vasco. De ahí que valoremos positivamente que el Gobierno Vasco presidido por Patxi López (PSOE) haya promulgado el 19 de junio de 2012 un decreto para reparar a las víctimas vascas de la policía española entre 1960 y 1978[96], como los etarras Txiki y Oteagui, fusilados el mismo día que Baena y Sánchez Bravo, los obreros de Vitoria ametrallados en 1976 y otros represaliados por el franquismo, también los torturados: asignatura asimismo pendiente de la memoria histórica en España[97]. Un paso adelante en Euskadi, pues, para la paz y la regeneración de la democracia vasca y española, por mucho que el PSOE vasco desvincule sin rigor la violencia policial y militar del propio régimen franquista (se emplea el eufemismo “excesos policiales”), y reduzca la reparación de las víctimas a una simple compensación económica, sin anulación de sentencias ni investigación judicial sobre los autores materiales e intelectuales, lo que sin embargo si se ha hecho, y todavía se hace, con los pasados asesinatos de ETA[98]. Es por ello que las familias de los obreros muertos en Vitoria también se han unido a la querella argentina[99].

Este leve punto de inflexión del PSOE en el País Vasco[100], ratificado de alguna forma por el nuevo gobierno vasco del PNV surgido de las elecciones del 21 de octubre de 2012[101], extiende como vemos positivamente -como la justicia argentina- la reivindicación colectiva de la memoria histórica hasta 1977 (1978, en el País Vasco, que votó “no” a la Constitución), y tuviera ya una consecuencia simbólica: el 3 de marzo de 2012, la portavoz del Gobierno Vasco depositó en Vitoria unas flores de homenaje[102] en el monumento a los cinco miembros de CC. OO. y UGT muertos a tiros por participar en una asamblea de trabajadores, como en Ferrol cuatro años antes. En el mismo acto tomó la palabra una representante de la pionera Asociación de Víctimas del 3 de marzo (nacida en 1999[103]) que, una vez más, pidió que se haga justicia con los muertos de Vitoria durante el último gobierno de la dictadura, presidido por Arias Navarro. Llegará un día en que tendremos en Galicia una Xunta que tal vez haga lo mismo en Ferrol un 10 de marzo, día de la clase obrera gallega, junto con los sindicatos y las familias de los trabajadores asesinados por la libertad en la Ponte das Pías.

Dijo, en 1937, Alfonso R. Castelao, prócer galleguista, “non enterran cadáveres, enterran  semente”: pronto llegará la hora de que las simientes florezcan y los muertos inocentes por culpa del franquismo gallegos, vascos y españoles, descansen en paz en el cielo de los justos.

 

 

 

 

* Versión académica y actualizada de los artículos publicados en el periódico digital gallego Praza Pública el 3 de febrero de 2012 (“Historia, memoria e liberdade”) y el 8 de marzo de 2012 (“10 de marzo, mortos que piden vida”), así como la conferencia del 19 de marzo de 2012 en Santiago de Compostela sobre “Historiadores, franquismo y antifranquismo”. Publicado, entre otros lugares, en: Historia Actual Online, Cádiz, nº 33, 2014, pp. 153-171 (https://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/viewFile/976/891).

[1] “El conocimiento en la Red, en peligro” (21/1/2012); ver: https://elpais.com/diario/2012/01/21/opinion/1327100411_850215.html.

[2] Posteriormente, Garton Ash ha creado una web (www.freespeesdebate.com) con parecido doble rasero, me temo, que criticamos a Pierre Nora.

[3] En la patria de Marc Bloch, historiador resistente fusilado por los nazis en 1944 y fundador de la escuela de Annales: olvidado por una gran parte de los historiadores que secundan con mayor o menos consciencia los propósitos de Nora.

[4] Se pueden consultar los dos textos en la web de Historia a Debate: https://www.h-debate.com/Spanish/historia%20inmediata/memoria/barros.htm.

[5]  Carlos BARROS, “Historiografía de valores”, conferencia plenaria en el IV Congreso Internacional Historia a Debate. Santiago de Compostela, 16 de diciembre de 2010 (https://www.youtube.com/watch?v=MVCu9TjMVVw)

[6] Evelyn Beatrice Hall  (pseudónimo de  Stephen .G. Tallentyre) en The Friends of Voltaire, 1906.

[7] Lo hicimos muchos estudiantes, trabajadores e intelectuales en España durante el tardofranquismo y la transición, luchando exitosamente por una democracia que también favoreció (más de lo que podíamos sospechar y sobre todo desear) a los herederos del fascismo español, que  siguen negando 36 años después nuestro derecho democrático a la memoria histórica.

[8] En España tiene un papel mayor el sujeto social en la reivindicación de la memoria y un papel por lo regular negativo, retardatario, las instituciones políticas salidas de la Constitución de 1978 (cada vez más desprestigiadas): opuestas irracionalmente al reconocimiento de la justicia, memoria y reparación para las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

[9] Encabeza de manera destacada,  explícita (otros piensan igual, pero se callan),  este repliegue al positivismo anti-memorial à la française nuestro colega Santos Juliá, opositor público de la Ley de Memoria Histórica de 2007, postura que reproduce y argumenta en  Elogio de Historia en tiempo de memoria, Madrid, 2011.

[10] Hoy es diferente, es más fácil ser rankeano, dado que ni el marxismo ni Annales existen ya como tendencias historiográficas organizadas y colectivas, Carlos BARROS; “La Escuela de los ‘Annales’ y la historia que viene”, La historia que se fue, Suplemento Cultural del Diario de Sevilla, nº 99, 18 de enero de 2001 (www.h-debate.com/cbarros/spanish/articulos/historiografia_inmediata/escueladeannales.htm).

[11] Pierre NORA, “Le retour de l’évènement”, Faire l’histoire, tome I, Paris, 1974.

[12] Pierre NORA, Les lieux de mémoire, 3 vol., París, 1984-1992.

[13] La histoire historizante,  événementielle, descriptiva, elitista y superficial, tan criticada por Marc Bloch, Lucien Febvre y sus continuadores de Annales.

[14] Así y todo, sería erróneo caracterizar simplemente a Nora como un historiador decimonónico tipo  Ranke, Seignobos o Langlois, se ve en sus iniciativas editoriales como Le débat (1980) y Ego-histoire (1986);  se trata de un conservador aggiornato con obras históricas de interés, incluida  Les lieux de la mémoire, independientemente de nuestras críticas epistemológicas e historiográficas, ¿no forman también parte las piedras y los grandes hechos, los monumentos y las conmemoraciones,  de la rememoración (política) de la historia?

[15] “Le bon historien, lui, ressemble à l’ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier”, Mar BLOCH, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien,  Édition par Étienne Bloch, Paris, 1993, p. 83; desgraciadamente en la traducción al español  cambia el título y desaparece la palabra ‘ogro’, Introducción a la historia, México,  1952, p. 25.

[16] Lo explicamos con más detenimiento en Historia de la memoria, memoria de la historia, conferencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México D.F., 5 de diciembre de 2011 (https://youtu.be/euRNzJOHMcI).

[17] Todavía activos en la oposición al Gobierno de Cristina Fernández, lo que nos hace temer que un radical cambio electoral en Argentina suponga un retroceso histórico de la memoria y los derechos humanos.

[18] Es el caso de Olivier Pétré-Grenouilleau, profesor de historia en el conservador Institut d’études politiques de París, que escribió una obra sobre la trata de esclavos  (Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, 2004) donde defiende que el tráfico de esclavos hacia Europa no tiene ni puede tener carácter genocida, porque los negreros no tuvieron tal intención ya que su interés era exclusivamente mercantil (!); una asociación memorial de descendientes franceses de dichos esclavos  (Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais) presentó una denuncia judicial  (que luego retiraron), en base a la declaración de la Asamblea legislativa francesa de la esclavitud como crimen contra la humanidad, dando lugar indirectamente a la carta del 13 de diciembre de 2005 organizada por Pierre Nora, que dio origen a la asociación Liberté pour l’histoire (https://www.lph-asso.fr/) reivindicando una suerte de  “historia para los historiadores” y consignas diversas como “L’histoire n’est pas la morale”, “L’histoire n’est pas la mémoire”…, a fin de conseguir (sin éxito, ciertamente) la abrogación de las leyes memoriales; eso sí, tal iniciativa harto corporativa logró marcar, impulsar y abanderar el giro conservador, iniciado en los años 90 (después del fracaso del tournant critique de Annales (https://www.h-debate.com/cbarros/spanish/tournant.htm), de la historiografía en Francia a costa de abrir una brecha creciente con la sociedad francesa y sus actores políticos (menos con la extrema derecha de Jean-Marie y Marine Le Pen).

[19] Urge defender la libertad de expresión e investigación del historiador, desde luego; yo hubiera firmado una declaración explícita y solidaria (que nadie organizó) con Oliver Prété-Grenouilleau, inclusive un documento posterior me hizo llegar no hace mucho Pierre Nora para extender a Europa (con escaso resultado) la oposición a toda ley memorial que pueda suponer un peligro para las libertades historiográficas, si no fuera por mi desacuerdo con que se aproveche el caso del colega francés para dar otra vuelta de tuerca al proceso de llevar de nuevo la historia académica francesa al siglo XIX: especie de Termidor historiográfico que todavía no ha encontrado freno en el hexágono.

[20] Otra cosa es la apología explícita del franquismo: el 17 de octubre de 2013 todos los grupos políticos del Congreso de Diputados, excepto el PP, apoyaron una iniciativa de CIU de incluir en el Código Penal como un delito la apología o enaltecimiento del franquismo junto con el nazismo y el fascismo: ver: https://www.publico.es/473901/el-pp-se-queda-solo-en-el-congreso-rechazando-castigo-penal-para-la-apologia-del-franquismo.

[21] En realidad pasó lo contrario, como después analizaremos serán los descendientes de los verdugos franquistas quienes denuncian a historiadores y otros profesionales que recogen de las fuentes orales y escritas los nombres de los responsables de la represión genocida en los pueblos y ciudades de España.

[22] En realidad, el revival de la historiografía franquista desde los años de Aznar no se explica sin el apoyo mediático y editorial, político e institucional (Real Academia de la Historia, por ejemplo) por parte del Partido Popular, hoy en el gobierno,  y su negativa contumaz y políticamente interesada a condenar el franquismo, 36 años después de la transición.

[23] Otra cosa es la permisividad de los Gobiernos e instituciones democráticas españolas hacia la Falange Española y de las JONS que ha sido acusación en el juicio contra Garzón, y más recientemente contra el periodista Gustavo Rivas que se ha  atrevido a recordar en la prensa digital el pasado criminal del partido fundado por José Antonio Primo de Rivera.

[24] Franco  y su gente eliminó físicamente, entre 1936 y 1977, utilizando los recursos de un Estado ganado por la violencia, a más de 100.000 ciudadanos, buscando cercenar toda oposición política, académica o cultural a su dictadura, lo que no impidió el éxito final de la lucha antifranquista pero si  coadyuvó a la baja calidad de la democracia española… hasta hoy.

[25] La Universidad española es demócrata, además de democrática,  inició la transición antes que el resto del país, y sus estudiantes y profesores participaron en los años 60 y 70 de manera muy destacada en la lucha antifranquista.

[26] Sobre la campaña en favor de Dionisio Pereira, ver: https://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/dpererira/menu.htm.

[27] “Proxecto Interuniversitario Nomes e Voces”, bajo la dirección de  Lourenzo Fernández Prieto, ver: https://www.nomesevoces.net/.

[28] Dionisio PEREIRA, A II República e a represión franquista no Concello de Cerdedo, Verbo Xido, 2006.

[29] La jurisprudencia acumulada sobre la preeminencia del derecho a la libre expresión e investigación sobre el derecho al “honor familiar” explica que no haya habido condenas, pero dada la penetración neofranquista en la justicia española son muchos los historiadores de la guerra civil y la dictadura que sienten miedo y evitan en sus investigaciones sobre la represión dar o buscar “todos los nombres”, ignorando las referencias que aparece en las fuentes a los autores intelectuales y materiales de sentencias, secuestros, torturas y asesinatos en nombre del “Movimiento Nacional” del general Franco; el último caso es el del ya citado periodista Gustavo Rivas, cuya campaña en solidaridad con él está en marcha en este momento; ver:  https://www.h-debate.com/Spanish/academiasolidaria/actuaciones/grivas/menu.htm, y también https://www.change.org/es/peticiones/cgpj-no-consideren-denuncias-como-la-de-falange-contra-el-periodista-gerardo-rivas.

[30] El primer caso tuvo lugar en 1980, contra Fernando Ruiz Vergara, director del documental “Rocío” (https://youtu.be/ClBOdAPe1e4) donde entrevista a vecinos que relatan la barbarie franquista en Almonte, cuyos responsables se querellaron contra él, un juez secuestró la cinta y Vergara sufrió una  condena judicial confirmada por el  nefasto Tribunal Supremo a prisión, multa e indemnización; Ruiz Vergara murió en 2011 en su “exilio” portugués  como víctima del franquismo “democrático”, sin derecho a reparación alguna.

[31] Se combinó el proceso por la causa del franquismo con otro por su actuación en un sonoro caso de corrupción del Partido Popular (caso Gürtel, todavía abierto): en 2012 Garzón  fue expulsado de la carrera judicial por la Sala Penal del Tribunal Supremo, y “exiliado” a América Latina… hasta que toque su reincorporación a la Audiencia Nacional en 2021, según la sentencia, si bien ésta puede producirse antes si cambia hacia más democracia el Gobierno en España en 2015.

[32] Tiene más valor este consejo sobre la necesidad de  solidarizarse con  Garzón porque Bennassar tuvo la mala suerte de informarse con un “ami espagnol”  que le dice que la amnistía de 1977 “impide” la investigación de los crímenes franquistas (no es verdad, los delitos de lesa humanidad no son amnistiables), y que una investigación sobre el franquismo podría “détruire l’œuvre de pacification de la Transition”, o sea provocar otra guerra civil (!); se pueden consultar ambas misivas en https://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=148:a-propos-du-juge-garzon-echanges-entre-pierre-nora-et-bartolome-bennassar&catid=53:actualites&Itemid=170&lang=fr.

[33] La verdad es que, aparte de Santos Juliá, casi nadie en nuestro medio académico ha alzado la voz de manera clara contra la memoria histórica, lo que no significa que, en pleno retorno al positivismo, muchos ofrezcan resistencia “en la intimidad” a la memoria histórica como tendencia historiográfica, utilizando medias verdades importadas de Francia como eso de que “la historia y la memoria son cosas diferentes”.

[34] Gracias a la memoria estamos conociendo mejor y difundiendo, también en la Universidad, los aspectos más negros de una dictadura que algunos de manera poco responsable dicen que “ya estaba investigada”, demostrándose una vez más que sin memoria  no hay verdad histórica completa.

[35] A partir de 1971, familiares de fusilados, apoyados por sacerdotes, excavaron las primeras fosas en Navarra y La Rioja, ver Natalia Junquera, “Yo, sacerdote, pecador, os pido perdón”, El País 25/3/2012 (https://politica.elpais.com/politica/2012/03/23/actualidad/1332526424_970023.html); en plena transición (1979), el alcalde de Torresandino, Burgos, excava la fosa donde enterraron a su padre, ver https://www.publico.es/espana/153515/la-primera-fosa-en-exhumar-justicia.

[36] Spanish Neocon. La revuelta neoconservadora en la derecha española, Madrid, 2012.

[37] Lo que explica que en España no exista un partido específico de la extrema derecha como en otros países europeos, y que los ultraderechistas españoles voten al PP, aunque no les guste todo lo que hacen.

[38] Este clima de retorno al franquismo en pleno siglo XXI, tiene su máxima expresión en la oposición visceral a la memoria histórica, y explica la lamentable situación de la Real Academia de la Historia y su papel estelar en el “nuevo” pensamiento conservador en España.

[39] El Gobierno de Rajoy retiró todas las subvenciones a las asociaciones de familiares de víctimas para la excavación de fosas, se  paralizaron proyectos universitarios de investigación en Galicia y otros lugares, siguen visibles los símbolos de la dictadura en cuarteles, edificios públicos y calles, y nos enfrentamos estos días de nuevo, según vimos,  a una querella de la Falange contra un periodista (Gustavo Rivas)  por haber hecho referencia en la prensa digital a la evidencia histórica del pasado criminal del partido fascista español.

[40] Vídeo del acto en: https://www.youtube.com/watch?v=ubFFKlYn_x4.

[41] El PP apoyado en un sector afín de la judicatura había conseguido, en agosto de 2011, restituir el  título de hijo predilecto del municipio de A Coruña para el general franquista Millán Astray, ver:https://www.publico.es/especiales/memoriapublica/391574/el-pp-mantendra-a-millan-astray-como-hijo-predilecto-de-a-coruna.

[42] El PP en Galicia condenó el franquismo, junto con el PSOE y el BNG, en el Parlamento autonómico el 9 de octubre de 2008, pero puso fin a las ayudas a la memoria histórica al llegar a la Xunta de Galicia en 2009 y viene apoyando sin fisurar todas las acciones de exaltación del franquismo de sus dirigentes de ámbito local hasta hoy: las últimas los alcaldes de Baralla y Beade; ver:  https://www.rtve.es/noticias/20130917/pp-impide-reprobacion-del-alcalde-baralla-lugo-justificar-represion-franquista/747054.shtml; https://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/politica/Senen_Pousa-Fascismo-Franco-alcalde_de_Beade_2_1666905067.html.

[43]  Evidentemente los dirigentes del PP no condenan la dictadura, entre otras razones, porque piensan que les haría perder votos; UPyD se abstuvo en dicha votación por lo mismo: aspira a recoger los votos que el PP está perdiendo profusamente por los recortes y la crisis.

[44] La Marea Ciudadana que organizó la contra conmemoración del 23 de febrero de 2013 (aniversario del golpe militar de Tejero y Miláns del Bosch), coordinó también (con los indignados portugueses) la jornada nacional e internacional del 12 de mayo de 2013 con motivo del tercer aniversario del 15M; el origen de MC está en la confluencia, a finales de 2012,  de la “marea blanca” de la sanidad y la “marea verde” de la educación, sectores con una composición generacional y tradición de lucha más amplia que conecta mejor con los movimientos sociales de los años 70 y 80: su hegemonía actual en el 15M se consolidó a partir del fracaso de la convocatoria (ambigua en el tema de la violencia) del 25 de abril de 2013 de “asedio el Congreso” (asimismo, de todos modos, en una fecha señalada para el antifranquismo), por un lado, y la decisión de pasar a la política de una parte de Democracia Real Ya, autora de la convocatoria fundadora del 15 de mayo de 2011.

[45] Cuando reescribimos este artículo, en 2013, las encuestas electorales dan para el PP y el PSOE menos del 50% (lejos del habitual 75%) de la intención de voto de los españoles que piensan votar, porcentaje que se reduce más si consideramos los votos nulos y las abstenciones, animados por una parte del 15M.

[46] En el 15M coincide la dinámica española con la dinámica internacional como en los años 60-70, y no tiene este 2011 menos importancia histórica que aquel 1968.

[47] La pérdida de alumnos y profesores, sobre todo  jóvenes, lo que pone en serio peligro el relevo generacional de los profesores nacidos después de la II Guerra Mundial, así como la falta de medios para investigar y gestionar las universidades, a causa de las políticas de austeridad y la subsiguiente recesión económica, está engendrando una crisis de la universidad española como no se había vivido en España desde la guerra civil y el primer franquismo.

[48] Obra faraónica pagada con dinero de los Presupuestos del Estado del que el Gobierno dice no disponer para el mantenimiento de la investigación y la educación pública.

[49]  En lo que llevamos de año ninguna de las universidades españoles consultadas por un medio de comunicación digital (El Confidencial, 9/1/2013) reconocen haber comprado el Diccionario de la RAH, a causa del precio y  la falta de rigor histórico,  con el rechazo explícito en algún caso de los departamentos de historia.

[50] La Sala Penal del Tribunal Supremo de España con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial (en paralelo al impulso por parte del PP de una RAH con un perfil político más beligerante), coordinados con el Gobierno, condenaron al juez Baltasar Garzón por el caso Gürtel contra el PP (motivo coyuntural) y la investigación de los crímenes del franquismo (motivo de fondo).

[51]  El convenio inicial para la edición de DBE se firma el 21 de julio de 1999 por parte del presidente de la RAH, Gonzalo Anes y el ministro de Educación y Cultura del momento, Mariano Rajoy (actual presidente del Gobierno de España), siendo entonces presidente del Gobierno, José María Aznar.

[52] El nuevo Gobierno del PP contradice una decisión previa del Ministro de Educación del PSOE instando a la RAH a cambiar las entradas pro-franquistas, y una resolución posterior del Congreso de Diputados exigiendo de nuevo dicha rectificación, ante la alarma desatada entre los historiadores y la opinión pública por el contenidos de los primeros tomos que se conocieron del Diccionario.

[53] Así y todo, el 22 de junio de 2012 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Emilio Silva emplazó a la Real Academia Española a actualizar de una vez su definición ligth (no emplea, al igual que la RAH y el PP, la palabra ‘dictadura’) del término ‘franquismo’: “Movimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España durante la Guerra Civil de 1936-1939, en torno al general Franco, y desarrollado durante los años que ocupó la jefatura del Estado”; ver: https://www.memoriahistorica.org.es/joomla/index.php/component/content/article/490-la-asociacion-para-la-recuperacion-memoria-historica-denuncia-que-la-rae-siga-definiendo-qamablementeq-el-franquismo-.

[54] Colegas que han escrito entradas del Diccionario correspondientes a diferentes épocas se han quejado con razón de dicha contaminación: me pregunto si no se veía venir.

[55] Más información en: https://www.nomesevoces.net/gl/post/historiadores-e-historiadoras-asinan-o-texto-a-academia-somos-nos/; el argumento principal anti-DBE descansa en lo que tuvo de bueno la aportación del positivismo a la historia, el uso de fuentes en la investigación, especialmente eficaz cuando se debate con historiadores conservadores que introducen su ideología de manera subrepticia (con lo hacían también Ranke, Seignobos y Langlois), incluso manipuladora (DBE) en sus  trabajos.

[56] Emilio García Wiedemann era filólogo, profesor de la Universidad de Granada y libertario: murió el 3 de setiembre de 2012 a la edad de 53 años.

[57] Ver: https://www.elplural.com/2011/06/10/se-querellan-desde-granada-contra-la-academia-de-la-historia-por-apologia-del-genocidio/

[58] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=_-9d3yyNBAw.

[59] Carlos BARROS, “Últimas tendencias de la historiografía española”, conferencia en el Centro Cultural de España, Montevideo, 10 de octubre de 2007 (https://www.youtube.com/watch?v=qJCTMfN5yuw).

[60] Ello pese a tentativas  más democráticas y plurales de la Historia de España, venidas de la periferia,  durante el Gobierno de Zapatero, como la  colectiva Historia de España dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares, a partir de 2007, y el libro de José Enrique Ruiz-Domenec, España, una nueva historia, Madrid, 2009.

[61] Antonio Morales Moya y otros, Historia de la nación y el nacionalismo español, Madrid, 2013.

[62] Sobre la historiografía de valores como parte capital del oficio de historiador en el siglo XXI hemos hablado en el citado nuestro IV Congreso: audio en  https://www.goear.com/listen/0e6fdab/historiografia-de-valores-carlos-barros.

[63] Los colegas que entran al debate contra el regreso de la visión histórica del franquismo sobre la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco, defienden su postura aportando datos, hechos y certeza histórica frente a tergiversaciones e interpretaciones puramente ideológicas, preconcebidas, de sus oponentes; pero no es suficiente, dada la temática a debate y su actualidad, es preciso reivindicar implícita y explícitamente, si se quiere ganar una batalla que es tanto política como historiográfica, el  necesario compromiso ético del historiador con la libertad, el progreso y la democracia, frente al neofranquismo de los Moa, Vidal y una parte de la RAH.

[64] Otros situados en la derecha académica niegan, a la manera de Ranke, el principio de la utilidad socio-política de la historia, pero lo ponen continuamente en práctica; otros colegas creyeron de jóvenes en esta  utilidad social de la historia pero ya no piensan igual en el siglo XXI. ver: “Historia a Debate: balance historiográfico”, UNAM, 2010  (https://www.youtube.com/watch?v=p60frWr4SIY).

[65] En el sentido de la “historia pública” (Public History) enfoque historiográfico que considera fundamental llegar al gran público con nuestras investigaciones, interpretaciones y enseñanzas, yendo más allá por tanto de la tradicional ubicación subalterna de la divulgación histórica.

[66] Recibimos noticias estos días de un supuesto “pacto de Estado” (en realidad, una proposición no de ley en el Congreso) entre el PP y el PSOE que pretende inútilmente generar crecimiento económico, y resolver el problema del paro, sin cuestionar la vigente política de austeridad y su reforma pro-mercados del artículo 135 de la Constitución española que la “legitima”.

[67] Carlos BARROS, “Historia Inmediata: de Chiapas a los indignados”, Sinaloa, 2011 (https://www.youtube.com/watch?v=bHqkczWoBwE).

[68] Con todo, hay más investigaciones sobre el franquismo que sobre el antifranquismo de posguerra, lo que no deja de ser llamativo: refleja las reticencias contra la Historia Inmediata y el compromiso; desfase historiográfico que se irá resolviendo gracias al sujeto social, al agente histórico del presente: en la medida en que la recuperación de la memoria histórica llegue más fuerza hasta los decisivos años 60 y 70.

[69] De todos modos, inclusive historiadores progresistas de origen consideran hoy, como consecuencia de la crisis del marxismo y la escuela de Annales, que la relación pasado/presente/futuro no está tan vigente, en contradicción con el resultado de nuestro debate 2001-2013  “¿Para qué estudiar Historia?” donde se infiere como motivación principal de los jóvenes para estudiar historia la relación pasado, presente y futuro, más en América Latina que España, ciertamente (https://www.h-debate.com/Spanish/a_pqestudiar.htm).

[70] La inclusión subrepticia de los responsables de la represión dentro de la amnistía de 1977 fue obra de los herederos del franquismo reciclados democráticamente, con el acuerdo probable de otras personalidades de la transición, de espaldas a la opinión pública democrática del momento.

[71] Los homenajes públicos a Reboiras se iniciaron con la democracia, en 1977; ver: https://elpais.com/diario/1977/08/13/espana/240271214_850215.html.

[72]  “El Gobierno repara la memoria de Reboiras”, La Voz de Galicia, 13 de agosto de 2009 (https://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/08/13/0003_7904993.htm)

[73] Manifesto homenaxe a Moncho Reboiras, Comisión 35 aniversario, 9 de xullo de 2010 (https://www.foroporlamemoria.info/2010/07/manifesto-homenaxe-a-moncho-reboiras/).

[74] El Gobierno vasco apoyó el 28 de setiembre de 2012 el acto homenaje en Zarautz que la asociación memorial Ahaztuak 1936-1976  viene celebrando desde 2006 en recuerdo de los fusilados de setiembre de 1975 (https://www.bakeola.org/boletin/noticia.asp?Id=%20%20P041%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%203839).

[75] “Si te dijera, amor mío, /que temo a la madrugada, /no sé qué estrellas son éstas / que hieren como amenazas / ni sé qué sangra la luna /al filo de su guadaña. / Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, / quiero que no me abandones, / amor mío, al alba, / al alba, al alba./ Los hijos que no tuvimos /se esconden en las cloacas, /comen las últimas flores, /parece que adivinaran / que el día que se avecina / viene con hambre atrasada. /Miles de buitres callados van extendiendo sus alas, / no te destroza, amor mío, /esta silenciosa danza, /maldito baile de muertos, / pólvora de la mañana. /Al alba, Al alba”; ver: https://www.youtube.com/watch?v=zPW_iz40Bl0.

[76] “Papá, mamá: Me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. / Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros que sois viejos y sé que me queréis mucho, como yo os quiero. No por mí. Pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo, al menos yo así os lo pido. ¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte! ¡Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo! Pero no os preocupéis, cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mary, o a Manolo haceros a la idea de que yo continúo en ellos. Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro. Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido. Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella. Nada más. Un abrazo muy fuerte, el último. / Adios papá, adios mamá. /Vuestro hijo José Humberto” (https://info.nodo50.org/Baena.html).

[77] Independientemente de que no se coincida con la ideología o los métodos de lucha del FRAP, la muerte del joven Baena fue un inmisericorde asesinato de la dictadura a dos años de una democracia que pondrá  fin, entre otras cosas, a la  pena de muerte.

[78] Ver: https://www.interviu.es/reportajes/articulos/la-familia-de-uno-de-los-fusilados-pide-justicia/; como es sabido esta afirmación del  Tribunal Constitucional  español contradice el derecho internacional vigente en temas de derechos humanos y memoria histórica.

[79] Miembros destacados de JpD como Luciano Varela como acusador, Margarita Robles desde el CGPJ, Joaquín Giménez presidiendo el Tribunal que sentenció su expulsión y otros, jugaron un papel decisivo en el acoso y derribo del juez de la Audiencia Nacional, sostenidos desde la Vicepresidencia del Gobierno por su titular, y también miembro de la judicatura, María Teresa Fernández de la Vega, según denunció el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, en un acto público el 30 de mayo de 2011; ver:  https://www.publico.es/espana/379062/pallin-ve-a-de-la-vega-tras-el-acoso-a-garzon.

[80] Pronunciamiento del 29 de febrero de 2012 de Jueces para la Democracia sobre la memoria histórica; ver: https://www.noticiasdealava.com/2012/02/29/politica/estado/jueces-para-la-democracia-pide-un-plan-para-localizar-fosas-del-franquismo.

[81] Baltasar Garzón ha seguido luchando por la justicia en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia…; y defendiendo a los que luchan por la libertad en Internet como Julian Assange (Wikileaks) o Edward Snowden.

[82] La continua pérdida de votos por parte del PP de Rajoy, y antes del PSOE de Zapatero, hace posible y necesario que de las elecciones generales de 2015 salga un Congreso de Diputados más democrático que condene el franquismo,  indulte a Garzón y apruebe una verdadera Ley de Memoria Histórica que incluya la anulación de las sentencias franquistas y el derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas desde 1936 hasta 1977, reconciliando así la democracia española con la justicia internacional.

[83] Sobre jueces y franquismo desde los años 60 hasta hoy, ver el libro coordinado por Gonzalo Pontón Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial, Barcelona, 2012 (https://www.elplural.com/2012/11/05/el-franquismo-sigue-presente-en-el-poder-judicial/).

 

[84] El testimonio de Silvia Carretero ha permitido incluir las torturas infligidas a ella y  su marido, ambos de 21 años, en 1975 en el expediente judicial abierto en Argentina, lo que siendo habitual en Argentina o Chile supone una novedad en España, donde las denuncias suelen estar centradas en unos asesinatos que alcanzan cifras de holocausto; ver: https://www.republicaymemoria.com.ar/Mhistorica/genocidioarg.html.

[85] Condición previa para poner en marcha la jurisdicción internacional como hizo anteriormente la Audiencia Nacional española respecto de Chile y Argentina; sobre la declaración de Garzón ver : https://www.elplural.com/2013/06/03/garzon-ha-ratificado-ante-la-jueza-argentina-que-hubo-un-plan-sistematico-de-tortura-eliminacion-y-desaparicion-de-victimas/.

[86] Ver las declaraciones de la jueza Servini en: https://www.publico.es/internacional/455538/la-jueza-argentina-calcula-que-habra-imputaciones-por-los-crimenes-del-franquismo-en-un-ano.

[87] Ver: https://www.lanacion.com.ar/1621143-servini-de-cubria-pidio-las-primeras-detenciones-por-la-represion-franquista´.

[88] La posibilidad de Estrasburgo parece menos probable, más aún con el declive actual de Europa como proyecto político y social,  pero nunca se sabe, son muchos, dentro y fuera de las administraciones europeas, los descontentos por la creciente falta de autoridad moral de la Unión Europea y sus grandes organismos.

[89] Información  bilingüe sobre la querella valenciana en: https://www.forumperlamemoria.org/?Demanda-del-Forum-per-la-Memoria.

[90] Ver: https://www.20minutos.es/noticia/1825459/0/baltasar-garzon/recurre-estrasburgo/condena-gurtel/.

[91] Posiblemente la vía de Estrasburgo se ampliará con más querellas en el futuro, facilitadas por los rechazos del actual Tribunal Constitucional, de composición más derechista; ver: https://www.lavanguardia.com/politica/20130607/54375437735/gobierno-tribunal-constitucional-mayoria-conservadora-dos-nombramientos.html.

[92] Ver: https://www.larazon.es/noticia/843-la-onu-exige-a-espana-que-derogue-la-ley-de-amnistia.

[93] Ver: https://www.publico.es/468938/la-onu-visita-espana-para-investigar-las-desapariciones-forzadas-del-franquismo.

[94] Ver: https://www.cadenaser.com/espana/articulo/onu-exige-espana-neutralice-ley-amnistia-1977/csrcsrpor/20130930csrcsrnac_42/Tes.

[95] Como la conservadora Liberté pour l’histoire cuando se niega a apoyar a Garzón y la investigación judicial del franquismo, sin la cual no existe plena libertad de investigación histórica.

[96] Ver: https://www.huffingtonpost.es/2012/06/12/el-gobierno-vasco-aprueba-decreto-indemnizar-victimas-franquismo_n_1589486.html; el  decreto está en: https://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/06/1202804a.shtml.

[97] Empezará a dejar de serlo a partir del auto de detención lanzado el 18 de setiembre de 2013 por la jueza Servini desde Argentina; ver la nota 85.

[98] El actual Gobierno vasco del PNV ha identificado 56 muertos en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado entre 1960 y 1978, que la justicia no ha investigado, a diferencia de los muertos posteriores imputados a ETA; ver:  https://www.cadenaser.com/espana/articulo/informe-encargado-gobierno-vasco-cifra-94-muertes-abusos-policiales/csrcsrpor/20130614csrcsrnac_12/Tes.

[99] Ver: https://goldatu.org/es/ekitaldiak/martxoak-3ko-biktimak-argentinako-kereilan/.

[100] Acaba de ser superado por la Junta de Andalucía que acaba de ordenar (30/7/2013) al Juzgado de guardia de Granada que investigue los cuerpos encontrados en la fosa de Viznar: es la primera institución democrática que lo hace; ver:  https://www.eldiario.es/andalucia/Junta-Andalucia-evidencias-franquistas-Viznar_0_159234755.html.

[101] El 20 de mayo de 2013 el Gobierno vasco hizo público “en trámite de audiencia” la convocatoria de ayudas para la recuperación de la memoria histórica (que han desaparecido de la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, controladas ahora por el Partido Popular), ver: https://www.irekia.euskadi.net/es/proposals/865-proyecto-decreto-por-que-regulan-las-ayudas-destinadas-subvencionar-proyectos-materia-recuperacion-memoria-historica-paz-convivencia-derechos-humanos.

[102] Ver: https://www.eitb.com/es/noticias/politica/detalle/842181/victimas-3-marzo-1976–reconocimiento-gobierno-vasco/.

[103] Ver: https://www.martxoak3.org/es_ES/la-asociacion/; la Asociación de Víctimas del 3 de marzo se manifestó de nuevo el 3 de marzo de 2013, sin la presencia del Gobierno de Urkullu al que se le demandó que exija a Rajoy el reconocimiento de la masacre de Vitoria y que se forme una Comisión de la Verdad para investigar los hechos (nadie lo está haciendo, tampoco en Ferrol); ver: https://www.noticiasdenavarra.com/2013/03/03/politica/euskadi/vitoria-mantiene-vivo-el-3-de-marzo.