Historiadores, franquismo e antifranquismo*
Carlos Barros
Universidad de Santiago de Compostela
En
la primera década de este nuevo siglo, adentrados ya en la transición
histórica del siglo XX al siglo XXI, la historia y la historiografía están de actualidad
en España.
Hemos
vivido los últimos años tres movimientos en paralelo de gran importancia tanto histórica
como historiográfica inmediata.
En
primer lugar, la recuperación de la
memoria histórica que se inicia en León en 2000 con la apertura de la primera
fosa de fusilados de la guerra civil por un grupo encabezado por Emilio Silva,
el primer nieto de fusilados de la guerra civil que se ha organizado para recobrar
los cuerpos y el recuerdo de sus familiares (hubo iniciativas "olvidadas", a
finales de los años 70, que no tuvieron continuidad), y ayudarnos a todos a renovar
y reanudar la construcción de la democracia 35 años después de una transición incompleta.
El
segundo movimiento reciente nos afecta más directamente a los historiadores, en
particular a los que nos interesamos por la historiografía: el relanzamiento y la
actualización de la historiografía franquista como parte esencial del auge del
pensamiento ultraconservador en España iniciado durante la segunda legislatura
de José María Aznar, 2000-2004. Se dice que esta nueva derecha española,
radical en determinados temas, tiene -y es cierto- parecido con el Tea Party de
gran influencia en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Pero yo creo
que la nuestra no es una ultraderecha tan nueva: su principal componente intelectual,
religioso e histórico es, sin lugar a dudas, el neofranquismo. Hemos vivido en
esta última década un inquietante retorno a las raíces franquistas de buena
parte de lo que fue la UCD, absorbida desde
los años 80 por Alianza Popular, heredera directa del franquismo político, sobre
todo después de la constitución del actual Partido Popular en 1989. En 2012, en
el "partido único" de la derecha española se siguen conservando vivas la
memoria cuando no reivindicación- de sus raíces históricas dictatoriales. Pasadas
más de tres décadas de la transición, siguen los dirigentes y diputados del PP negándose,
en plena democracia, fuera y dentro de sede parlamentaria, a condenar
el franquismo, oponiéndose por activa y por pasiva a la recuperación de nuestra
memoria histórica (incluyendo el boicot a la Ley de Memoria Histórica de
Zapatero). Pasó recientemente en la Diputación Provincial de Lugo donde el
Partido Popular trató de impedir que se le retiraran los honores concedidos a Franco
durante su dictadura (1936-1977) y lo
mismo en el ayuntamiento de A Coruña respecto a Millán Astray.
La
tercera novedad histórica, con sus implicaciones historiográficas, es el
movimiento de los indignados, nacido el
15 de mayo de 2011, que ha sensibilizado a la sociedad española de tal modo, y en un plazo tan breve, que podemos celebrar en
este momento que el Rey Juan Carlos I pida disculpas al pueblo español ante la
avalancha de críticas recibidas, dentro y fuera de la red, por haber ido a cazar elefantes a Botswana, estando sus súbditos en el foco victimario de
esta tormenta continua de recortes de derechos sociales, salarios, gasto público
y agresiones a la educación y a la sanidad: otra gran victoria indirecta, pues,
de los indignados españoles en el sentido más amplio del término (viejos y
nuevos).
Paralelamente
al auge de la indignación generalizada en España con la grave crisis económica,
política y social, provocada por los
poderes financieros e institucionales, internacionales y nacionales, crece la
conciencia ciudadana acerca de la insuficiencia de la democracia surgida, en
1977, de una transición que hicimos como pudimos
[1]
Vivimos
en la segunda década del siglo XXI una indignación social con una fuerte
dimensión política que afecta a la monarquía, al bipartidismo, a la ley electoral, a una Constitución que ya
no es exactamente la misma que promovimos en 1978, toda vez que la reforma
constitucional del año pasado situó el interés de los bancos por encima del
interés de la mayoría de los españoles, de la soberanía del pueblo español, al
fijar el tope máximo del déficit público en el 0,4 % del PIB, haciendo "obligatorios" constitucionalmente los
actuales recortes y el desempleo desmesurado: algo que no estaba ni en el
espíritu ni en la letra de la Constitución consensuada (bajo la bota militar,
ciertamente) durante la transición. Golpe de mano "constitucional" por parte de
un sistema bipartidista en crisis que
agrava, si cabe todavía más, el desapego
de los demócratas, y del conjunto de la
población española, con la institucionalidad democráticamente limitada surgida
del cambio "tutelado" de la dictadura a la democracia a finales de los 70. Por
no hablar de la indignación económica que está, como es sabido, en el origen de
este nuevo movimiento social español en curso de protesta y proyección global. Entendemos
el 15-M por tanto como síntoma, causa y
consecuencia de una insatisfacción ascendente, con consecuencias
políticas y electorales, que pone sobre la mesa la necesidad de un nuevo
impulso democrático en España para salir de esta crisis económica, social e
institucional que no para. Lo que obliga a que toda la izquierda, en su sentido
más amplio y diverso, asuma sus responsabilidades
Históricamente
la izquierda ha sido, en España, motor principal de la lucha por la libertad y
el progreso desde las Cortes de Cádiz. En el siglo XIX la izquierda liberal, y en el siglo XX la izquierda socialista,
comunista, anarquista, nacionalista, republicana
. hasta la transición y los comienzos prometedores del siglo XXI en cuanto
a movilizaciones sociales. No hablo solamente de la izquierda política, cuyas
responsabilidades, retos y defectos son evidentes y nada fáciles de resolver.
Me refiero específicamente a la izquierda social, por un lado, y a la izquierda
cultural y académica, por el otro. En la propia universidad estamos siendo forzados,
queramos o no, tanto representantes y gestores como profesores y estudiantes, a
salir pública y continuamente en defensa de la universidad pública, en claro peligro
por los recortes que nos vienen impuestos al margen de la soberanía popular.
En
este contexto global crítico, y también en mayo del año 2011, la Real Academia
de la Historia española dio a conocer el Diccionario Biográfico Español, obra
faraónica pagada con un dinero público del que el actual Gobierno sigue
disponiendo según-para-qué
Yo no digo que no sea útil para los historiadores un
Diccionario con tantos datos, más o
menos rigurosos, sobre los "grandes hombres" de la historia de España: incluso
para los que no somos precisamente devotos del fundador del positivismo
historiográfico, Leopold von Ranke, cuyo
enfoque historiográfico ocultaba y oculta, interesadamente, el papel de los sujetos sociales en la
escritura de la historia.
El
tradicionalismo historiográfico, con todo, no es lo peor del Diccionario
Biográfico Español. Lo peor es el filofranquismo que anida en las entradas del
Diccionario que tienen que ver con la historia del siglo XX. Se ha dicho hasta
la saciedad, y hay que recordarlo, cómo Franco y su régimen son calificados, en el Diccionario
auspiciado por la Real Academia de la Historia (financiado generosamente en unos
presupuestos del Estado que recortan severamente la educación y la
investigación), simplemente de "autoritarios" negando (al igual que el PP en el
Congreso de Diputados), contra toda
evidencia histórica, que Franco fue un dictador y su régimen político una dictadura
especialmente represiva, emparentada con el nazismo alemán y el fascismo
italiano que propiciaron militarmente el golpe del 36, y la guerra que
desencadeno, contra el gobierno legítimamente elegido. Paradigma compartido de
forma ampliamente mayoritaria por los
historiadores contemporaneístas e hispanistas, así como por politólogos y sociólogos,
dentro y fuera de España.
La
polémica político-historiográfica provocada por el Diccionario Biográfico
Español coincide, no casualmente, con dos hechos históricos recientes bien significativos.
En primer lugar, las elecciones del 20 de noviembre de 2011 cuyos resultados suponen
un desplazamiento a la derecha más conservadora de la mayor parte de las instituciones
públicas en todos los ámbitos de elegibilidad (municipal, autonómico y nacional
español), en un grado de absolutismo que no se había dado desde la transición a
la democracia. Monopolio unipartidista del poder político que afecta a todo
tipo de instituciones no elegibles, que dependen de la administración del Estado
como el Tribunal Supremo o la Real Academia de la Historia. Entre las primeras medidas que toma el Gobierno
del PP que sale de la mayoría absoluta del 20N es, justamente, confirmar su generoso
apoyo económico para que la RAH termine
el trabajo del Diccionario Biográfico Español sin cambiar nada (contradiciendo
la orientación del Ministro de Educación del PSOE y una resolución del Congreso
de Diputados exigiendo una rectificación), aceptando por tanto el
filofranquismo que destilan las partes más contemporáneas del Diccionario de la
RAH: premiada así por el Gobierno de Rajoy, próximo a sus inquietudes
ideológicas e historiográficas, a la vez que se le niega la ayuda económica al
Diccionario Histórico de la lengua castellana de la RAE.
El
otro hecho que coincide, no casualmente, con la salida a la luz del neofranquista
Diccionario Biográfico Español es la expulsión de Baltasar Garzón de la
judicatura, a poco de iniciarse el reinado de Don Mariano, por querer
precisamente investigar los crímenes de la dictadura, que se alaba directamente,
o se disculpa y justifica, en este Diccionario Biográfico Español donde el vinagre
político-historiográfico corrompe académica y políticamente el conjunto de la
obra.
El
Diccionario de la RAH ha provocado, provoca y seguirá provocando en el futuro una
repulsa democrática generalizada, empezando por los historiadores españoles, de
convicciones genuinamente democráticas en su gran mayoría. Se han sentido
todavía más agraviados aquellos colegas que llevan años trabajando con rigor, productividad
y honestidad sobre los periodos históricos tergiversados por los autores más
extremos del Diccionario Biográfico Español.
Veamos
algunas reacciones críticas de la academia historiográfica contra el
Diccionario Biográfico Español.
En
primer lugar, no por hablar desde la Universidad de Santiago de Compostela, que también, sino por la difusión que tuvo: el
escrito crítico del Departamento de Historia Contemporánea de la USC, en 2011, muy
difundido en los Departamentos de Historia de las restantes universidades
españolas.
En
segundo lugar, la plataforma ciudadana que
se ha constituido, también el pasado año,
para denunciar a la Real Academia
de la Historia y determinados autores del Diccionario Biográfico Español por
apología del franquismo. La denuncia está en proceso, ahora mismo en la mesa
del Fiscal General de la Comunidad de Madrid, veremos hasta qué punto está o no
controlado por Esperanza Aguirre y/o el ministro Gallardón a través de su
fiscal general Torres-Dulce, hijo del magistrado del mismo apellido del Tribunal
de Orden Público de Franco
En
tercer lugar, el 9 de abril de 2012, se presentó el libro colectivo "En el combate
por la historia", feliz iniciativa del editor Gonzalo Pontón (antes en Crítica
ahora en Pasado & Presente) que encargó a Ángel Viñas la coordinación de un libro frontalmente crítico
con el contenido más infame del Diccionario Biográfico Español. Ángel Viñas es bien
conocido entre nosotros por haber participado en diciembre de 2010, con una
conferencia plenaria sobre la memoria y la verdad histórica, en nuestro IV Congreso
Internacional de Historia a Debate que celebramos en la Universidad de Santiago
de Compostela. En el libro de Viñas y otros, también conocido como Contradiccionario,
la academia universitaria en uso de su autonomía contradice a la Real Academia
de la Historia, organismo político-cultural vinculado al Gobierno de España, que fue reflotado por Aznar para promover la Idea Histórica de España: desvalorizada en
buena medida finalmente por la deriva neofranquista de los miembros más
influyentes de la RAH.
La
importancia historiográfica y política de la obra colectiva coordinada por
Ángel Viñas es doble. Pone en evidencia la falta de verdad en ciertos temas y biografías
del Diccionario de la Real Academia referentes a la dictadura y los hechos antecedentes.
Cuenta para ello el Contradiccionario con colaboraciones de los investigadores
más avezados sobre la II República, la guerra civil y el franquismo, en cuyas contribuciones
se desmienten de manera concluyente las
entradas más sobresalientes del Diccionario Biográfico Español, plagado de errores e interpretaciones de
tenor neofranquistas.
Ahora
bien, el libro de Pontón y Viñas no solo
aclara datos, responde también, se quiera o no, a una intencionalidad ética y democrática: no se puede justificar el
golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra un Gobierno elegido
democráticamente, como hace la RAH, sin mentir descaradamente. En base a una "historiografía
de valores" no reivindicada claramente por los autores de "En el combate
por la historia" pero practicada eficazmente: sobre esto hemos hablado en el
citado nuestro IV Congreso (https://www.goear.com/listen/0e6fdab/historiografia-de-valores-carlos-barros).
Compromiso ético-social que para una parte significativa de los historiadores
académicos del franquismo pasa por apoyar con su trabajo profesional, en la
docencia y en la investigación, al movimiento familiar y social de la
recuperación de la memoria histórica nacido en 2000 en España. Se puede resumir
diciendo que para muchos historiadores que creemos en la utilidad social y
científica de nuestra disciplina, la historia
y la memoria tienen un mismo objetivo: la verdad completa y aplicada (Public History) sobre la
historia de la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco.
Se
dice ahora desde sectores partidarios de "salvar" como sea el sistema bipartidista
en crisis que hay que recuperar espíritu de consenso de la transición para
llevar a cabo en España la política de recortes que imponen los mercados, Ángela
Merkel y la Comisión Europea
Lo que hoy necesitamos en España es, más bien, recobrar el espíritu democrático del
movimiento social antifranquista que tuvo unas características originales, especiales:
el protagonismo de la sociedad civil en
la regeneración democrática y política, hoy representada ante todo por el 15-M;
la lucha social y cultural "desde abajo" por una democracia plena y radical, en
el sentido de volver a la raíz de la soberanía popular, garantizando que cada hombre
o mujer valga un voto, por medio de medidas que ya ha planteado el movimiento
15-M como la proporcionalidad de la ley electoral, las consultas populares, el control
de los representantes elegidos, etc.; de modo que los ideales y valores de justicia,
democracia y progreso estén de nuevo políticamente por encima del simple
usufructo o gestión de un poder institucional, por lo demás hoy por hoy muy cuestionado por la mayoría
social.
Aunque
no en la misma medida, los historiadores estudian y divulgan el antifranquismo
junto con el franquismo. El historiador avanzado, que ve más allá del positivismo, investiga o debe investigar tanto lo peor como
lo mejor del pasado, lo primero para que no se repita, lo segundo para que
sirva de ejemplo, para en ambos casos contribuir deontológicamente a un
presente y a un futuro mejores, mostrando así la utilidad pública de la
historia.
*
Transcripción revisada de la intervención de
Carlos Barros sobre "Historiadores, franquismo y antifranquismo" en la mesa
"Loitando pola memoria" en el pub Modus Vivendi, Santiago de Compostela, 19 de
marzo de 2012.
[1] Hablo en primera persona por haber sido cocinero
antes que fraile: durante el tardofranquismo y la transición fui, como sabéis
algunos, dirigente del Partido Comunista, las Comisiones Campesinas, las
Comisiones Obreras, la Junta Democrática
y, antes de eso, del Sindicato
Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid en la E.T.S. de
Ingenieros Industriales, 1967-1968.