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Historiadores, franquismo e antifranquismo*

Carlos Barros

Universidad de Santiago de Compostela

En la primera década de este nuevo siglo, adentrados ya en la transición histórica  del siglo XX al siglo XXI,  la historia y la historiografía están de actualidad en España.

Hemos vivido los últimos años tres movimientos en paralelo de gran importancia tanto histórica como  historiográfica inmediata.

En primer lugar,  la recuperación de la memoria histórica que se inicia en León en 2000 con la apertura de la primera fosa de fusilados de la guerra civil por un grupo encabezado por Emilio Silva, el primer nieto de fusilados de la guerra civil que se ha organizado para recobrar los cuerpos y el recuerdo de sus familiares (hubo iniciativas "olvidadas", a finales de los años 70, que no tuvieron continuidad), y ayudarnos a todos a renovar y reanudar la construcción de la democracia 35 años después de una transición incompleta.

El segundo movimiento reciente nos afecta más directamente a los historiadores, en particular a los que nos interesamos por la historiografía: el relanzamiento y la actualización de la historiografía franquista como parte esencial del auge del pensamiento ultraconservador en España iniciado durante la segunda legislatura de José María Aznar, 2000-2004. Se dice que esta nueva derecha española, radical en determinados temas, tiene -y es cierto- parecido con el Tea Party de gran influencia en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Pero yo creo que la nuestra no es una ultraderecha tan nueva: su principal componente intelectual, religioso e histórico es, sin lugar a dudas, el neofranquismo. Hemos vivido en esta última década un inquietante retorno a las raíces franquistas de buena parte de lo que fue la UCD,  absorbida desde los años 80 por Alianza Popular, heredera directa del franquismo político, sobre todo después de la constitución del actual Partido Popular en 1989. En 2012, en el "partido único" de la derecha española se siguen conservando vivas la memoria –cuando no reivindicación- de sus raíces históricas dictatoriales. Pasadas más de tres décadas de la transición, siguen los dirigentes y diputados del PP negándose,  en plena democracia,  fuera y dentro de sede parlamentaria, a condenar el franquismo, oponiéndose por activa y por pasiva a la recuperación de nuestra memoria histórica (incluyendo el boicot a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero). Pasó recientemente en la Diputación Provincial de Lugo donde el Partido Popular trató de impedir que se le retiraran los honores concedidos a Franco durante su  dictadura (1936-1977) y lo mismo en el ayuntamiento de A Coruña respecto a Millán Astray.

La tercera novedad histórica, con sus implicaciones historiográficas, es el movimiento de los indignados,  nacido el 15 de mayo de 2011, que ha sensibilizado a la sociedad española de tal modo,  y en un plazo tan breve, que podemos celebrar en este momento que el Rey Juan Carlos I pida disculpas al pueblo español ante la avalancha de críticas recibidas, dentro y fuera de la red,  por haber  ido a cazar elefantes a Botswana,  estando sus súbditos en el foco victimario de esta tormenta continua de recortes de derechos sociales, salarios, gasto público y agresiones a la educación y a la sanidad: otra gran victoria indirecta, pues, de los indignados españoles en el sentido más amplio del término (viejos y nuevos).

Paralelamente al auge de la indignación generalizada en España con la grave crisis económica,  política y social, provocada por los poderes financieros e institucionales, internacionales y nacionales, crece la conciencia ciudadana acerca de la insuficiencia de la democracia surgida, en 1977, de una transición que hicimos como pudimos… [1]

Vivimos en la segunda década del siglo XXI una indignación social con una fuerte dimensión política que afecta a la monarquía, al bipartidismo,  a la ley electoral, a una Constitución que ya no es exactamente la misma que promovimos en 1978, toda vez que la reforma constitucional del año pasado situó el interés de los bancos por encima del interés de la mayoría de los españoles, de la soberanía del pueblo español, al fijar el tope máximo del déficit público en el 0,4 % del PIB,  haciendo "obligatorios" constitucionalmente los actuales recortes y el desempleo desmesurado: algo que no estaba ni en el espíritu ni en la letra de la Constitución consensuada (bajo la bota militar, ciertamente) durante la transición. Golpe de mano "constitucional" por parte de un sistema  bipartidista en crisis que agrava,  si cabe todavía más, el desapego de los demócratas,  y del conjunto de la población española, con la institucionalidad democráticamente limitada surgida del cambio "tutelado" de la dictadura a la democracia a finales de los 70. Por no hablar de la indignación económica que está, como es sabido, en el origen de este nuevo movimiento social español en curso de protesta y proyección global. Entendemos el 15-M por tanto como  síntoma, causa y consecuencia  de una insatisfacción ascendente, con consecuencias políticas y electorales, que pone sobre la mesa la necesidad de un nuevo impulso democrático en España para salir de esta crisis económica, social e institucional que no para. Lo que obliga a que toda la izquierda, en su sentido más amplio y diverso, asuma sus responsabilidades…

Históricamente la izquierda ha sido, en España, motor principal de la lucha por la libertad y el progreso desde las Cortes de Cádiz. En el siglo XIX la izquierda liberal,  y en el siglo XX la izquierda socialista, comunista, anarquista, nacionalista, republicana…. hasta la transición y los  comienzos prometedores del siglo XXI en cuanto a movilizaciones sociales. No hablo solamente de la izquierda política, cuyas responsabilidades, retos y defectos son evidentes y nada fáciles de resolver. Me refiero específicamente a la izquierda social, por un lado, y a la izquierda cultural y académica, por el otro. En la propia universidad estamos siendo forzados, queramos o no, tanto representantes y gestores como profesores y estudiantes, a salir pública y continuamente en defensa de la universidad pública, en claro peligro por los recortes que nos vienen impuestos al margen de la soberanía popular.  

En este contexto global crítico, y también en mayo del año 2011, la Real Academia de la Historia española dio a conocer el Diccionario Biográfico Español, obra faraónica pagada con un dinero público del que el actual Gobierno sigue disponiendo según-para-qué… Yo no digo que no sea útil para los historiadores un Diccionario con tantos datos,  más o menos rigurosos, sobre los "grandes hombres" de la historia de España: incluso para los que no somos precisamente devotos del fundador del positivismo historiográfico,  Leopold von Ranke, cuyo enfoque historiográfico ocultaba y oculta,  interesadamente,  el papel de los sujetos sociales en la escritura de la historia.  

El tradicionalismo historiográfico, con todo, no es lo peor del Diccionario Biográfico Español. Lo peor es el filofranquismo que anida en las entradas del Diccionario que tienen que ver con la historia del siglo XX. Se ha dicho hasta la saciedad,  y hay que recordarlo, cómo  Franco y su régimen son calificados, en el Diccionario auspiciado por la Real Academia de la Historia (financiado generosamente en unos presupuestos del Estado que recortan severamente la educación y la investigación), simplemente de "autoritarios" negando (al igual que el PP en el Congreso de Diputados),  contra toda evidencia histórica, que Franco fue un dictador y su régimen político una dictadura especialmente represiva, emparentada con el nazismo alemán y el fascismo italiano que propiciaron militarmente el golpe del 36, y la guerra que desencadeno, contra el gobierno legítimamente elegido. Paradigma compartido de forma ampliamente  mayoritaria por los historiadores contemporaneístas e hispanistas, así como por politólogos y sociólogos, dentro y fuera de España.

La polémica político-historiográfica provocada por el Diccionario Biográfico Español coincide, no casualmente, con dos hechos históricos recientes bien significativos. En primer lugar, las elecciones del 20 de noviembre de 2011 cuyos resultados suponen un desplazamiento a la derecha más conservadora  de la mayor parte de las instituciones públicas en todos los ámbitos de elegibilidad (municipal, autonómico y nacional español), en un grado de absolutismo que no se había dado desde la transición a la democracia. Monopolio unipartidista del poder político que afecta a todo tipo de instituciones  no elegibles,  que dependen de la administración del Estado como el Tribunal Supremo o la Real Academia de la Historia.  Entre las primeras medidas que toma el Gobierno del PP que sale de la mayoría absoluta del 20N es, justamente, confirmar su generoso apoyo económico para que la RAH  termine el trabajo del Diccionario Biográfico Español sin cambiar nada (contradiciendo la orientación del Ministro de Educación del PSOE y una resolución del Congreso de Diputados exigiendo una rectificación), aceptando por tanto el filofranquismo que destilan las partes más contemporáneas del Diccionario de la RAH: premiada así por el Gobierno de Rajoy, próximo a sus inquietudes ideológicas e historiográficas, a la vez que se le niega la ayuda económica al Diccionario Histórico de la lengua castellana de la RAE.

El otro hecho que coincide, no casualmente, con la salida a la luz del neofranquista Diccionario Biográfico Español es la expulsión de Baltasar Garzón de la judicatura, a poco de iniciarse el reinado de Don Mariano, por querer precisamente investigar los crímenes de la dictadura, que se alaba directamente, o se disculpa y justifica, en este Diccionario Biográfico Español donde el vinagre político-historiográfico corrompe académica y políticamente el conjunto de la obra.

El Diccionario de la RAH ha provocado, provoca y seguirá provocando en el futuro una repulsa democrática generalizada, empezando por los historiadores españoles, de convicciones genuinamente democráticas en su gran mayoría. Se han sentido todavía más agraviados aquellos colegas que llevan años trabajando con rigor, productividad y honestidad sobre los periodos históricos tergiversados por los autores más extremos del Diccionario Biográfico Español.

Veamos algunas reacciones críticas de la academia historiográfica contra el Diccionario Biográfico Español.

En primer lugar, no por hablar desde la Universidad de Santiago de Compostela,  que también, sino por la difusión que tuvo: el escrito crítico del Departamento de Historia Contemporánea de la USC, en 2011, muy difundido en los Departamentos de Historia de las restantes universidades españolas.

En segundo lugar,  la plataforma ciudadana que se ha constituido,  también el pasado año,  para denunciar  a la Real Academia de la Historia y determinados autores del Diccionario Biográfico Español por apología del franquismo. La denuncia está en proceso, ahora mismo en la mesa del Fiscal General de la Comunidad de Madrid, veremos hasta qué punto está o no controlado por Esperanza Aguirre y/o el ministro Gallardón a través de su fiscal general Torres-Dulce, hijo del magistrado del mismo apellido del Tribunal de Orden Público de Franco…

En tercer lugar, el 9 de abril de 2012, se presentó el libro colectivo "En el combate por la historia", feliz iniciativa del editor Gonzalo Pontón (antes en Crítica ahora en  Pasado & Presente) que  encargó a Ángel Viñas la  coordinación de un libro frontalmente crítico con el contenido más infame del Diccionario Biográfico Español. Ángel Viñas es bien conocido entre nosotros por haber participado en diciembre de 2010, con una conferencia plenaria sobre la memoria y la verdad histórica, en nuestro IV Congreso Internacional de Historia a Debate que celebramos en la Universidad de Santiago de Compostela. En el libro de Viñas y otros, también conocido como Contradiccionario, la academia universitaria en uso de su autonomía contradice a la Real Academia de la Historia, organismo político-cultural vinculado al Gobierno de España,  que fue reflotado por Aznar para promover  la Idea Histórica de España: desvalorizada en buena medida finalmente por la deriva neofranquista de los miembros más influyentes de la RAH.

La importancia historiográfica y política de la obra colectiva coordinada por Ángel Viñas es doble. Pone en evidencia la falta de verdad en ciertos temas y biografías del Diccionario de la Real Academia referentes a la dictadura y los hechos antecedentes. Cuenta para ello el Contradiccionario con colaboraciones de los investigadores más avezados sobre la II República, la guerra civil y el franquismo, en cuyas contribuciones se  desmienten de manera concluyente las entradas más sobresalientes del Diccionario Biográfico Español,  plagado de errores e interpretaciones de tenor neofranquistas.

Ahora bien,  el libro de Pontón y Viñas no solo aclara datos, responde también, se quiera o no, a una intencionalidad ética  y democrática: no se puede justificar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra un Gobierno elegido democráticamente, como hace la RAH, sin mentir descaradamente. En base a una "historiografía de valores" no reivindicada claramente por los autores de "En el combate por la historia" pero practicada eficazmente: sobre esto hemos hablado en el citado nuestro IV Congreso (https://www.goear.com/listen/0e6fdab/historiografia-de-valores-carlos-barros). Compromiso ético-social que para una parte significativa de los historiadores académicos del franquismo pasa por apoyar con su trabajo profesional, en la docencia y en la investigación, al movimiento familiar y social de la recuperación de la memoria histórica nacido en 2000 en España. Se puede resumir diciendo que para muchos historiadores que creemos en la utilidad social y científica de nuestra disciplina,  la historia y la memoria tienen un mismo objetivo: la verdad  completa y aplicada (Public History) sobre la historia de la II República, la guerra civil y la dictadura de Franco.

Se dice ahora desde sectores partidarios de "salvar" como sea el sistema bipartidista en crisis que hay que recuperar espíritu de consenso de la transición para llevar a cabo en España la política de recortes que imponen los mercados, Ángela Merkel y la Comisión Europea… Lo que hoy necesitamos en España es, más bien,  recobrar el espíritu democrático del movimiento social antifranquista que tuvo unas características originales, especiales:  el protagonismo de la sociedad civil en la regeneración democrática y política, hoy representada ante todo por el 15-M; la lucha social y cultural "desde abajo" por una democracia plena y radical, en el sentido de volver a la raíz de la soberanía popular, garantizando que cada hombre o mujer valga un voto, por medio de medidas que ya ha planteado el movimiento 15-M como la proporcionalidad de la ley electoral, las consultas populares, el control de los representantes elegidos, etc.; de modo que los ideales y valores de justicia, democracia y progreso estén de nuevo políticamente por encima del simple usufructo o gestión de un poder institucional, por lo demás  hoy por hoy muy cuestionado por la mayoría social.

Aunque no en la misma medida, los historiadores estudian y divulgan el antifranquismo junto con el franquismo. El historiador avanzado,  que ve más allá del positivismo,  investiga o debe investigar tanto lo peor como lo mejor del pasado, lo primero para que no se repita, lo segundo para que sirva de ejemplo, para en ambos casos contribuir deontológicamente a un presente y a un futuro mejores, mostrando así la utilidad pública de la historia.