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 Galicia: muertos que quieren  vida*

Carlos Barros

Universidad de Santiago de Compostela

              En la tradición gallega de la Santa Compaña se dice que las almas del purgatorio no pueden entrar en el cielo y deambulan por las noches en procesión, penando por sus pecados o los de otros todavía vivos... De este tipo son Amador Rey y Daniel Niebla de Ferrol, José Ramón Reboiras de Dodro (A Coruña) y José Humberto Baena de Vigo. Pertenecían a familias distintas y fallecieron violentamente en años y lugares distintos, pero caminan juntos porque fueron asesinados de la misma manera: a tiros por una dictadura franquista en sus estertores.

              Amador y Daniel (36 años, padres de familia) murieron el 10 de marzo de 1972 en el Ponte das Pías, cuando se manifestaban pacíficamente con sus compañeros de los astilleros Bazán (Xulio Aneiros, Rafael Pillado, Manuel Amor, José María Riobóo, Ignacio Fernández Toxo...), ahora Navantia, en pro de sus demandas laborales. Desde entonces, cada 10 de marzo sus compañeros se manifiestan en su recuerdo. En 1997, el Parlamento de Galicia, a petición del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (CC.OO.), reconoció el 10 de marzo como "Día de la clase obrera gallega". Los trabajadores de los diferentes sindicatos continúan recordando ese día año a año a sus compañeros caídos en la masacre de 1972, que no descansan desde hace cuatro décadas por culpa de otros... Dicen los colegas de derecho internacional que los crímenes de lesa  humanidad nunca prescriben, aunque haya ley de amnistía-impunidad, si bien creo que en España no se promulgó tal impunidad en la amnistía de 1977. Después de 40 años, sigue pendiente una investigación judicial democrática sobre el ametrallamiento de los trabajadores de Ferrol,  que tenga por  finalidad identificar y procesar a sus autores materiales e intelectuales.

             Moncho Reboiras (25 años), perito industrial y militante nacionalista, murió el 12 de agosto de 1975 en la calle da Terra también en Ferrol, como resultado de las balas que le dispararon policías franquistas por la espalda, como demuestra la camisa que llevaba y conserva su familia. Cada 12 de agosto su partido, la Unión do Pobo Gallego (UPG), fundadora del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), le rinde un homenaje. En 2009, el  hermano de Moncho recibió una carta de reconocimiento del Gobierno español, de acuerdo con la Ley Memoria Histórica de 2007, por haber "padecido de manera ilegítima, persecución y violencia, hasta darle muerte, por su militancia política nacionalista". 37 años después de este crimen político, Reboiras sigue esperando por un juez que imparta justicia  ordenando a la policía democrática investigar este fallecimiento encarnizado, tres meses antes de la muerte natural de Franco, que ese fatídico día estaba justamente en A Coruña.

            Humberto Baena (25 años), murió el 27 de septiembre 1975 con los últimos fusilados del franquismo, García Sanz y Sánchez Bravo, sus compañeros del  Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico de (FRAP), y los miembros de ETA, Txiki y Otaegui. Penas de muerte contra las que hubo manifestaciones en España y una gran  solidaridad internacional que no  hizo dudar a Franco: las firmó dos meses antes de morir. Luis Eduardo Aute inmortalizó en la canción "Al Alba" el sufrimiento colectivo que causó en muchos españoles del momento esos crímenes de Estado. Humberto, estudiante de Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela, primero, y  peón de fundición, después, nos dejó un documento de valor histórico: una carta de despedida dirigida a su familia y compañeros, donde demuestra la lucidez, serenidad y valor con que se enfrentó, a los 24 años, a una muerte injusta por sus ideas de transformación social. En democracia,  sus padres y ahora su hermana Flor peregrinaron de tribunal en tribunal pidiendo que se revisase y anulase el ilegal proceso militar (lo acusaron, sin pruebas, de matar a un policía) hasta llegar al Tribunal Constitucional que, bajo la presidencia de Manuel Jiménez de Parga, no admitió en 2004 la denuncia porque "La Constitución no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar actos de poder producidos antes de su entrada en vigor". Lo mismo que les dijeron a las familias de Julián Grimau, Salvador Puig Antich y... al propio Garzón, siendo juez de la Audiencia Nacional. Tampoco admitió el Tribunal Europeo de DD. HH. en 2005 (hoy sería diferente) la reclamación de la familia Baena. La Ley de Memoria Histórica de 2007, en vigor, no dice nada de la anulación de las sentencias de los irregulares tribunales franquistas. La asociación de Jueces para la democracia acaba de solicitar, después de los terribles juicios contra Garzón, la urgente anulación de las condenas del franquismo, sin lo cual no habrá justicia, reparación y verdad para las víctimas de los años más negros de la historia de España, 1936 -1977, ni verdadera reconciliación nacional.

          Los avances en España y en otros países de la recuperación de la memoria histórica, y del derecho internacional y las instituciones internacionales relativos a la persecución universal de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, están creando nuevas condiciones para que se haga justicia en Galicia y España con las víctimas del franquismo (sin restricciones temporales). También ayuda el escándalo nacional e internacional causado por el procesamiento del juez Garzón justamente por "tratar de enjuiciar" los actos criminales del franquismo. Escándalo y movilización subsiguiente que evitaron su condena por "prevaricación" de parte del Tribunal Supremo que logró, a cambio, su expulsión de la carrera judicial por la investigación de la corrupta trama Gürtel del PP. El llamado Tribunal Supremo se vio,  con todo, en la obligación de reconocer la legitimidad de la posición de Garzón y otros juristas españoles y organizaciones internacionales, contra el poder judicial español que sigue defendiendo contra derecho, arropado por los partidos mayoritarios, que la Ley de Amnistía de 1977 conlleva garantía de impunidad para los represores  franquistas.

          La "caza judicial" contra Garzón dejó claro ante el mundo entero -en los ámbitos jurídico, social y político- que en España no se va a poner en práctica hoy por hoy el derecho internacional, en cuánto a persecución de los crímenes del franquismo, y menos con un del Gobierno del Partido Popular. Lo que abre la posibilidad legal de que se aplique  el principio de jurisdicción universal, en lo que fue pionero Garzón, buscando en otro país lo que en España no es posible. Enjuiciamiento exterior que permite, en coherencia con ordenamiento jurídico internacional, el alargamiento de la protección judicial a las víctimas hasta el final de la dictadura. Mientras que el rechazado Auto de Garzón de 2008 sólo abarcaba hasta 1952 los delitos de asesinato,  tortura y otros crímenes de motivación política cometidos por las franquistas, sus instituciones, sus órganos represivos.

              Se consolida así, en este año de 2012, una vía  internacional para juzgar los crímenes del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio 1977, incluidos los asesinatos de los gallegos Amador, Daniel, Moncho y Humberto. La justicia universal sobre los crímenes del franquismo está abierta en este momento en dos instancias internacionales: la justicia argentina y el Tribunal de Estrasburgo.

La jueza federal María Servini abrió en 2010 una causa contra el franquismo, apoyada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a demanda de Darío Rivas (hijo del alcalde de Castro de Rei, asesinado por la Falange en 1936), Silvia Carretero (viuda de José Luis Sánchez Bravo, fusilado con Baena en 1975) y  otras víctimas. Justicia argentina efectiva en consecuencia para las víctimas españolas de la dictadura, que quiso y no puedo conseguir Garzón. Implementación de la jurisdiccional desde la República Argentina reforzada por el apoyo público, de amplia resonancia internacional, que el pasado 1 de marzo de 2012, el Gobierno y el Parlamento argentinos dieron al juez Garzón después de su maltrato por parte la justicia española...

           La segunda opción es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en febrero de 2012, admitió a trámite una demanda del Fòrum per la Mèmoria del País Valencià de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos fundamentales en nombre de 23.661 personas asesinadas y sepultadas en seis grandes fosas comunes,  entre 1939 y 1945. Demanda colectiva que ya fue rechazada - al igual que la de Baena - por el Tribunal Constitucional español, trámite preceptivo en cualquier caso que también ha de seguir el recurso de Garzón por su inhabilitación  ordenada por el Tribunal Supremo. Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo han de ser ejecutadas por el Gobierno correspondiente a la orden del  Comité de Ministros del Consejo de Europa.

         Paralelamente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU viene exigiendo del Estado español la derogación la Ley de Amnistía de 1977, a causa de su utilización político-legal durante 35 años para encubrir los crímenes del franquismo. La última vez que la Organización de las Naciones Unidas se dirigió al Gobierno de España con dicha demanda fue tres días después de la expulsión de Garzón de la Audiencia Nacional: "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las   graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas   durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", recordó desde Ginebra este Alto Comisariado de la ONU el pasado 11 de febrero de 2012.

            Aunque los avances institucionales de la justicia y la verdad histórica sobre el franquismo son ahora más internacionales que nacionales, también se dan en España, dónde enfrentamos una paradoja: los partidos que más defienden (con razón) memoria y reparación para las víctimas del terrorismo, cuyos autores están ya en su gran mayoría presos y condenados por la justicia democrática, son los que más se oponen a la concesión de los mismos derechos humanos y democráticos, incluido el derecho a la justicia, a las víctimas del franquismo. Doble rasero de algunos  políticos  españoles que obstaculiza el proceso de paz en el País Vasco. De ahí que valoremos que el Gobierno Vasco, presidido por el PSOE, esté preparando un decreto para reparar a las víctimas vascas de la policía española entre 1968 y 1978, como los etarras Txiki y Oteagui, fusilados el mismo día que Baena y Sánchez Bravo; los obreros de Vitoria ametrallados en 1976 y otros represaliados violentamente (también los torturados). Un paso adelante, pues, para la paz y la regeneración de la democracia en España, por mucho que se quiera desvincular esa violencia policial y militar del régimen franquista (lo llaman "excesos de la policía"), o reducir la reparación de las víctimas a una compensación económica, sin investigación judicial ni verdad histórica.

         Este punto de inflexión en el País Vasco, que va a tener se quiera o no influencia en el resto de España, extiende como la justicia argentina la reivindicación colectiva de la memoria hasta 1977/1978 y tuvo ya una consecuencia simbólica sin precedentes: el 3 de marzo de 2012, la portavoz del Gobierno Vasco depositó en Vitoria unas flores de homenaje en el monumento a los cinco miembros de CC. OO y UGT muertos a tiros por participar en una asamblea de trabajadores, como en Ferrol. En el mismo acto tomó la palabra una  representante de la pionera Asociación de Víctimas del 3 de marzo (nacida en 1999) que, una vez más, pidió que se haga justicia con los muertos de Vitoria durante el último gobierno de la dictadura, presidido por Arias Navarro. Llegará un día en que una Xunta de Galicia hará lo mismo en Ferrol un 10 de marzo, día de la clase obrera gallega, junto con los sindicatos.

          Dijo, en 1937, Castelao aquello de “non enterran cadáveres, enterran  semente”: ha llegado la hora de que las simientes florezcas y los muertos del franquismo descansen en paz en el cielo de los justos.