Galicia: muertos que quieren vida*
Carlos Barros
Universidad de Santiago de Compostela
En la tradición gallega de
Amador y Daniel (36 años, padres de familia) murieron el 10 de marzo de 1972 en el Ponte das Pías, cuando se manifestaban pacíficamente con sus compañeros de los astilleros Bazán (Xulio Aneiros, Rafael Pillado, Manuel Amor, José María Riobóo, Ignacio Fernández Toxo...), ahora Navantia, en pro de sus demandas laborales. Desde entonces, cada 10 de marzo sus compañeros se manifiestan en su recuerdo. En 1997, el Parlamento de Galicia, a petición del Sindicato Nacional de Comisiones Obreras (CC.OO.), reconoció el 10 de marzo como "Día de la clase obrera gallega". Los trabajadores de los diferentes sindicatos continúan recordando ese día año a año a sus compañeros caídos en la masacre de 1972, que no descansan desde hace cuatro décadas por culpa de otros... Dicen los colegas de derecho internacional que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, aunque haya ley de amnistía-impunidad, si bien creo que en España no se promulgó tal impunidad en la amnistía de 1977. Después de 40 años, sigue pendiente una investigación judicial democrática sobre el ametrallamiento de los trabajadores de Ferrol, que tenga por finalidad identificar y procesar a sus autores materiales e intelectuales.
Moncho
Reboiras (25 años), perito industrial y militante nacionalista, murió el 12 de
agosto de 1975 en la calle da Terra también
en Ferrol, como resultado de las balas que le dispararon policías franquistas por
la espalda, como demuestra la camisa que llevaba y conserva su familia. Cada 12
de agosto su partido,
Humberto
Baena (25 años), murió el 27 de septiembre 1975 con los últimos fusilados del
franquismo, García Sanz y Sánchez Bravo, sus compañeros del Frente Revolucionario Antifascista y
Patriótico de (FRAP), y los miembros de ETA, Txiki y Otaegui. Penas de muerte
contra las que hubo manifestaciones en España y una gran solidaridad internacional que no hizo dudar a Franco: las firmó dos meses
antes de morir. Luis Eduardo Aute inmortalizó en la canción "Al Alba" el sufrimiento
colectivo que causó en muchos españoles del momento esos crímenes de Estado. Humberto,
estudiante de Filosofía en
Los
avances en España y en otros países de la recuperación de la memoria histórica,
y del derecho internacional y las instituciones internacionales relativos a la
persecución universal de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, están
creando nuevas condiciones para que se haga justicia en Galicia y España con
las víctimas del franquismo (sin restricciones temporales). También ayuda el
escándalo nacional e internacional causado por el procesamiento del juez Garzón
justamente por "tratar de enjuiciar" los actos criminales del
franquismo. Escándalo y movilización subsiguiente que evitaron su condena por
"prevaricación" de parte del Tribunal Supremo que logró, a cambio, su
expulsión de la carrera judicial por la investigación de la corrupta trama
Gürtel del PP. El llamado Tribunal Supremo se vio, con todo, en la obligación de reconocer la
legitimidad de la posición de Garzón y otros juristas españoles y
organizaciones internacionales, contra el poder judicial español que sigue defendiendo
contra derecho, arropado por los partidos mayoritarios, que
La "caza judicial" contra Garzón dejó claro ante el mundo entero -en los ámbitos jurídico, social y político- que en España no se va a poner en práctica hoy por hoy el derecho internacional, en cuánto a persecución de los crímenes del franquismo, y menos con un del Gobierno del Partido Popular. Lo que abre la posibilidad legal de que se aplique el principio de jurisdicción universal, en lo que fue pionero Garzón, buscando en otro país lo que en España no es posible. Enjuiciamiento exterior que permite, en coherencia con ordenamiento jurídico internacional, el alargamiento de la protección judicial a las víctimas hasta el final de la dictadura. Mientras que el rechazado Auto de Garzón de 2008 sólo abarcaba hasta 1952 los delitos de asesinato, tortura y otros crímenes de motivación política cometidos por las franquistas, sus instituciones, sus órganos represivos.
Se consolida así, en este año de 2012, una vía internacional para juzgar los crímenes del franquismo entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio 1977, incluidos los asesinatos de los gallegos Amador, Daniel, Moncho y Humberto. La justicia universal sobre los crímenes del franquismo está abierta en este momento en dos instancias internacionales: la justicia argentina y el Tribunal de Estrasburgo.
La jueza federal María Servini abrió en 2010 una causa
contra el franquismo, apoyada por
La
segunda opción es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en febrero de
2012, admitió
a trámite una demanda del Fòrum per
Paralelamente,
Aunque los avances institucionales de la justicia y la verdad histórica sobre el franquismo son ahora más internacionales que nacionales, también se dan en España, dónde enfrentamos una paradoja: los partidos que más defienden (con razón) memoria y reparación para las víctimas del terrorismo, cuyos autores están ya en su gran mayoría presos y condenados por la justicia democrática, son los que más se oponen a la concesión de los mismos derechos humanos y democráticos, incluido el derecho a la justicia, a las víctimas del franquismo. Doble rasero de algunos políticos españoles que obstaculiza el proceso de paz en el País Vasco. De ahí que valoremos que el Gobierno Vasco, presidido por el PSOE, esté preparando un decreto para reparar a las víctimas vascas de la policía española entre 1968 y 1978, como los etarras Txiki y Oteagui, fusilados el mismo día que Baena y Sánchez Bravo; los obreros de Vitoria ametrallados en 1976 y otros represaliados violentamente (también los torturados). Un paso adelante, pues, para la paz y la regeneración de la democracia en España, por mucho que se quiera desvincular esa violencia policial y militar del régimen franquista (lo llaman "excesos de la policía"), o reducir la reparación de las víctimas a una compensación económica, sin investigación judicial ni verdad histórica.
Este punto de inflexión en el País Vasco, que va a tener se quiera o no influencia en el resto de España, extiende como la justicia argentina la reivindicación colectiva de la memoria hasta 1977/1978 y tuvo ya una consecuencia simbólica sin precedentes: el 3 de marzo de 2012, la portavoz del Gobierno Vasco depositó en Vitoria unas flores de homenaje en el monumento a los cinco miembros de CC. OO y UGT muertos a tiros por participar en una asamblea de trabajadores, como en Ferrol. En el mismo acto tomó la palabra una representante de la pionera Asociación de Víctimas del 3 de marzo (nacida en 1999) que, una vez más, pidió que se haga justicia con los muertos de Vitoria durante el último gobierno de la dictadura, presidido por Arias Navarro. Llegará un día en que una Xunta de Galicia hará lo mismo en Ferrol un 10 de marzo, día de la clase obrera gallega, junto con los sindicatos.
Dijo, en 1937, Castelao aquello de non enterran cadáveres, enterran semente: ha llegado la hora de que las simientes florezcas y los muertos del franquismo descansen en paz en el cielo de los justos.