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El futuro de la memoria histórica en España*

 

Carlos Barros

Red Académica Internacional Historia a Debate

 

La memoria histórica es un joven movimiento social, político y académico: no llega a 20 años de vida, si bien se refiere a hechos represivos que tuvieron lugar hace 80-40 años[1]. Iniciado en León en el año 2000 por familiares de inocentes fusilados por sus ideas y creencias democráticas, durante la guerra civil y el franquismo, no ha dejado de desarrollarse hasta hoy, buscando y encontrando siempre vías de actuación de ámbito local, regional, nacional e internacional, cuando los cambios electorales en las correspondientes instituciones públicas ponen en sordina las políticas de la memoria.

En el siglo XXI, la memoria histórica ha pasado en España por momentos de avance y de retroceso (y así será probablemente en el futuro), como una espiral que gira a izquierda y a derecha sin dejar de subir… En 2007, se promulga por parte del Gobierno Zapatero una Ley de Memoria Histórica que, pese a sus limitaciones, permitió llevar a cabo excavaciones de fosas y eliminaciones de símbolos del franquismo, cuatro años después fue paralizada por el Gobierno Rajoy. En 2008, desde la Audiencia Nacional surge el histórico Auto de Garzón para la persecución de los delitos de asesinato, tortura y demás crímenes de motivación política cometidos por las franquistas, sus instituciones y sus órganos represivos, entre 1936 y 1952; posteriormente neutralizado por una mafia político-judicial que logró, en 2012, expulsar por nueve años a Baltasar Garzón de la judicatura. Entre 2011 y 2018, los Gobiernos del PP enterraron bajo llave la primera Ley de Memoria Histórica, so pretexto de la crisis económica (!). Así y todo, hubo en esta segunda década del nuevo siglo importantes progresos, al margen del Gobierno de Rajoy y su partido: A) Toma fuerza la causa contra en el franquismo iniciada en 2010 por la jueza argentina María Servini, en razón del principio de jurisdicción universal; incluye el delito de tortura y amplia la pesquisa prevista por Garzón hasta la implantación de la democracia. B) Las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP, han continuado apoyando la excavación de fosas, señaladamente Andalucía, y otras políticas de memoria amparadas por la Ley de Zapatero. C) El Gobierno vasco decreta en 2012 una Ley de Abusos Policiales[2] durante el franquismo, centrada en dar a conocer las desapariciones, los asesinatos y las torturas entre 1960 y 1978; también complementa cronológicamente el -por el momento- desautorizado pero justo Auto del juez Garzón.

El éxito de la moción de censura del 1 de junio de 2018 que desplazó el Gobierno de Rajoy dando paso al Gobierno de Sánchez, con el apoyo de Podemos y los grupos nacionalistas, ha trazado un nuevo horizonte para el movimiento de la memoria. Se está demostrando que en España es posible una nueva mayoría parlamentaria que implemente políticas avanzadas de memoria histórica. Lo que no quiere decir que el día de mañana no sucedan nuevos pasos atrás, políticamente hablando, que impulsen a su vez otros pasos adelante. Sobra añadir que las medidas que se han tomado o se puedan ir tomando, como la excavación de tumbas o el traslado de la tumba del dictador, tendrán después difícil marcha atrás, gobierne quien gobierne.

El nuevo Gobierno socialista acaba de decidir la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, anunció asimismo otras medidas todavía más importantes, reformando y ampliando la sobrepasada Ley de Memoria Histórica de 2007, todas ellas han sido cogidas del movimiento memorialista. Por ejemplo: incluir la exaltación del franquismo en el Código Penal; anular las sentencias de los tribunales franquistas; que el Estado, y no las familias, asuma de oficio las exhumaciones de las víctimas de franquismo; retirada de medallas y prebendas al torturador Billy el Niño; creación de una Comisión de Verdad[3] (propuesta por Garzón en 2016[4]) sobre el franquismo (1936-1978) para investigar la represión y obtener los testimonios de miles de víctimas, siguiendo el ejemplo de otros países (Sudáfrica, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, Brasil…) que también sufrieron dictaduras o conflictos armados y van por delante de España en sus respectivas transiciones a la democracia.

Como historiadores nos resulta incongruente que hayan surgido voces de colegas que consideramos progresistas[5], opuestos -por contrarios a la memoria histórica- o simplemente reticentes -fruto del desconocimiento, pensamos- a la formación por parte del Gobierno socialista de una Comisión de la Verdad para España. Obvian lamentablemente el salto de gigante que supondrá para la verdad histórica sobre la guerra y el franquismo, en especial para las nuevas generaciones y la no-repetición, saberlo todo de la criminalidad política entre 1936 y 1977.  Implicaría además un avance trascendental en el cumplimiento de la vigente norma del derecho internacional que exige “verdad, justicia y reparación” para las víctimas de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad. Historia y memoria no son antitéticos, como objeta el academicismo positivista[6], tienen el deber de colaborar en su objetivo común: conocer la verdad histórica, que ha de publicitarse sin censuras ni temores fantasmales.

La decisión gubernamental de retirar a Franco del Valle de los Caídos ha hecho emerger, 80 años después de guerra civil, el franquismo sociológico oculto[7], lo que nos permite cuantificar -aproximativamente- su nefasta influencia en la situación política actual. Solo un 29,9 % de los españoles encuestados estaba de acuerdo, en agosto de 2018[8], en dejar como está el Valle de los Caídos. Un fenómeno minoritario, por tanto, que explica y posibilita el éxito de las presentes políticas públicas de la memoria del PSOE y Podemos.

El problema reside en que el 60 % de los electores del PP y el 35 % de los electores de Ciudadanos forman parte de esa minoría filo-franquista. Lo cual conduce a la derecha española, vieja y nueva, a enfrentarse a la memoria histórica y a mantener posiciones notoriamente conservadoras en todo lo relativo al desarrollo y actualización de la democracia en España. Posición inmovilista que no cederá hasta que esta nueva mayoría parlamentaria de progreso se estabilice y complete el Estado de derecho heredado de una transición limitada por las circunstancias.

El 30 % o más -el auge global de la ultraderecha retroalimenta ahora la tradición franquista- del electorado español seguirá siendo franquista mientras eso esté permitido por un Estado democrático -y alentado por una derecha que ha abandonado el centro- que conserva todo tipo de secuelas del régimen totalitario en las cunetas, las calles, los edificios, las leyes, las instituciones y las mentalidades. La democracia dejará de estar bloqueada en su progreso cuando rebase plenamente el defecto originario, devenido estructural, causado por la ausencia de ruptura democrática en una transición tutelada por unas Fuerzas Armadas salidas del bando ganador de la guerra civil, sostenido por Hitler y Mussolini, de lo que quedan restos de fidelidad al “Generalísimo” -solamente entre militares retirados, al parecer- como acaba de demostrarse a partir de la decisión gubernamental de exhumar a Franco[9].

Como se dice coloquialmente: despacio que tengo prisa. Urge poner en práctica las medidas pro-memoria histórica más arriba enumeradas, sin perder de vista estratégicamente lo ineludible: Garzón tenía razón hace 10 años cuando quiso dar justicia a las víctimas del franquismo, “verdad, justicia y reparación”, por este orden. Aprendamos de las experiencias ajenas. En Brasil funcionó entre 2011 y 2014, una Comisión de la Verdad[10] y, en 2018, gana las elecciones Bolsonaro, derechista extremo y admirador de la dictadura 1964-1985. En Argentina, sin embargo, donde se creó la primera Comisión de la Verdad en 1983, se juzgaron a los represores, impidiendo de este modo que surgiera después un seguidor de Videla que pretendiera destruir la democracia desde dentro, como Hitler en 1933. Una democracia sin memoria es una democracia débil.

 

 

 

 

 

 

* Contribución al dossier en preparación sobre memoria democrática de la revista Patrimonio Histórico (PH) del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía, 2019, nº 96.

[1] El genocidio armenio perpetrado por el Estado turco sucedió hace más de un siglo, solamente 29 países lo han reconocido hasta ahora -España no, por supuesto-, el movimiento memorialista del pueblo armenio sigue vivo como se ve en la jornada mundial de cada 24 de abril…

[2] http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d107-2012.html.

[3] Documento de la ONU para la formación de Comisiones de la Verdad, 2006: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionssp.pdf.

[4] https://www.eldiario.es/andalucia/Baltasar-Garzon-Comision-Verdad-franquismo_0_494501027.html.

[5] https://elpais.com/politica/2018/09/01/actualidad/1535807558_045822.html.

[6] Carlos BARROS, “Historia, memoria y franquismo”, 2013 (http://www.h-debate.com/wp-content/old-debates/cbarros/spanish/articulos/memoria/Historia__memoria_y_franquismo.htm); “El historiador y la memoria”, II Jornadas internacionales sobre memoria y comunicación “Las políticas de memoria histórica en Europa, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, 28 de noviembre de 2016 (https://youtu.be/QaMQSdWdKJo).

 

[7] Franquismo residual de tradición familiar que ha sido alimentado, desde 1977, por Alianza Popular que ha dado lugar, una vez desaparecida la UCD, al Partido Popular en 1989.

[8] http://electomania.es/electopanel-agosto-i-los-espanoles-exhumarian-a-franco-y-convertirian-el-valle-de-los-caidos-en-un-museo/

 

[9] https://www.eldiario.es/politica/militares-retirados-manifiesto-Franco-vilipendiada_0_798621021.html.

[10] Informe final de la Comisión de la Verdad brasileña: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/